En los días pasados, han saltado a los medios dos noticias. Ester
Quintana, que perdió un ojo por una pelota de goma disparada por un mosso d’esquadra,
ha dicho: “Las balas de goma son antidemocráticas”. Y, tan grave como
lo anterior, nadie ha respondido de esa agresión gravísima y Ester no ha
percibido ninguna indemnización. En otro orden de cosas, los partidos
mayoritarios de Cataluña, incluido el PSC, han impedido que Agustí
Colom, economista de prestigio, vuelva a la Sindicatura de Comptes
porque, en su día, destapó la corrupción en la sanidad catalana. Una vez
más, los partidos amparan a sus corruptos y rechazan a quienes pueden
denunciarla. Aquí no ha habido “España contra Cataluña”, simplemente
Cataluña se devora a si misma.
No hace mucho, el presidente Artur Mas arremetió contra la Fiscalía
Anticorrupción por haber impulsado el proceso penal sobre el saqueo del
Palau de la Música Catalana y describir cómo se financió ilegalmente
Convergència. Pero su intemperante intervención ha tenido una doble y
contundente respuesta.
Este panorama de desprecio a las leyes y enriquecimiento injusto, de
evidente origen delictivo, no pudo llevarse a cabo sin el conocimiento y
conformidad de CDC.
El pasado 27 de Junio, el Tribunal de Cuentas (TCU) presentó, con su
ya habitual demora, el Informe de Fiscalización de los partidos
correspondiente al ejercicio de 2008. En el mismo, y respecto a las
cuentas de CDC, el TCU hace una especial referencia a dicho proceso
judicial ante el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona en cuanto
“dirigido”, dice, “a dilucidar una supuesta financiación ilegal de
CDC”, que, añade, permitirá comprobar si los “ingresos” declarados por
el partido “corresponden a servicios realmente prestados”. Respecto de
las donaciones, afirma que “la memoria \[de CDC\] no contiene relación
de las donaciones privadas recibidas”. Ciertamente, la investigación
penal ha esclarecido los datos económicos, muy relevantes, que CDC
ocultó dolosamente al TCU y, sobre todo, a la ciudadanía, a la que tiene
permanentemente engañada. Entre los ingresos, cabe destacar el epígrafe
“ingresos por servicios a terceros” que, según el TCU, está formado
“por los importes cargados por diversos servicios prestados por el
partido” a CiU y “sus grupos institucionales” (¿) y a las fundaciones
CatDem (la antigua Trías Fargas), por importe de 754.152 euros y Fòrum
Barcelona, por importe de 426.924 euros. Y se añade que la justificación
aportada por CDC de dichos ingresos “se considera insuficiente”. No, no
era solo insuficiente, era espuria. Además, los dirigentes del partido
tendrán que aclarar cómo se amortizó la deuda con entidades de crédito
que, en 2008, se elevaba a 3.158.306 euros, la mayor parte con garantía
hipotecaria. ¿Con qué entidades? ¿Con qué intereses? ¿Sobre qué
inmuebles?
En cuanto al control de la Fundación CatDem, el TCU se limita
constatar que percibió donativos por valor de 1.379.695,50 euros,
remitiéndose también a los resultados del proceso penal.
El auto judicial ya citado, por el que se abre paso a las acusaciones
y al juicio oral, ya afirma que, en esta fase, es una “imputación
formal” que representa “un juicio de probabilidad de naturaleza
incriminatoria” basado en “indicios sólidos y plurales”. Y su primera
consecuencia es que desvela la completa mendacidad de la información que
CDC envió al TCU. Más fundamental es la constatación de que CDC es
responsable civil —como lo fue Unió Democrática en el caso Pallerols —
por haberse beneficiado ilícitamente de las conductas delictivas
descritas en la resolución. Concretamente, percibió cinco millones de
euros a partir, principalmente, de esta conducta: “el flujo de fondos
durante los años 2000 a 2009, de la empresa privada Ferrovial a CDC a
través del Palau de la Música Catalana, que obedecían al pago de
comisiones por adjudicación de obra pública por parte del Gobierno de la
Generalitat”. Pagos que revistieron diversas formas, como en efectivo,
mediante facturas falsas y a través de “aparentes convenios de
colaboración cultural” entre la Fundación del Orfeó Catalá- Palau de la
Música y las referidas fundaciones, operaciones en las que destacaron
las intervenciones del tesorero del partido Daniel Osácar y el
exdiputado Jaume Camps.
Pero, finalmente, no puede desconocerse la colaboración objetiva con
el “expolio” del Palau de la Música de entidades como, en su día,
Bancaja, Caixa Manresa y Catalunya Caixa, al hacer desaparecer u ocultar
información relevante sobre operaciones de retiradas masivas de
efectivo o pagos sistemáticos de cheques al portador, lo que ha llevado
al juez instructor a denunciar a estas entidades por incumplimiento
flagrante de la Ley de Blanqueo de Capitales. Lo que ha impedido
“averiguar el destino de una gran parte de los fondos expoliados…”.
Este panorama, ejecutado durante diez años con un permanente abuso de
poder, desprecio a las leyes y enriquecimiento injusto, de evidente
origen delictivo, no pudo llevarse a cabo sin el conocimiento y
conformidad de la dirección de CDC. Y expresa la total ausencia de
legitimidad ética y democrática de este partido para regir el futuro de
Cataluña. Los ciudadanos tienen la palabra y, sobre todo, el voto.
Article escrit per Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupció, llegit a la web de Àngels Martínez i Castells PUNTS DE VISTA
Font fotografia: http://eurocaos.blogspot.com/2013/05/nacionalismo-catalan-corrupcion-politica.html
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