Ha habido muchos cambios desde el siglo XIII, pero las necesidades de las viudas, las mujeres y la gente común son muy semejantes.

Magnífica entrevista de DIAGONAL al historiador estadounidense, especialista en historia británica, Peter Linebaugh, aprovechando su estancia en España en la pasada primavera con motivo de la celebración de diversas conferencias en las que presentó su libro El Manifiesto de La Carta Magna. 

Esta obra de investigación histórica relata el origen de la redacción de los derechos comunales, que se llevó a cabo tras el ataque frustrado del rey Juan sin Tierra -perpetrado en el siglo XIII- a los derechos consuetudinarios sobre el uso del agua, el bosque y las tierras, con el que se desposeía a las clases populares de sus medios de producción y reproducción, de sus medios de subsistencia. Proceso que, por cierto, se iniciaría exitosamente dos siglos más tarde con el acaparamiento de las tierras comunales mediante su cercamiento, privatizando su uso y propiedad, iniciando así el capitalismo su andadura.

Las resistencias a estas medidas dieron origen a La Carta del Bosque, mediante la cual el rey Juan sin Tierra claudicaba ante la contundente oposición de los legítimos "propietarios" de estos bienes comunes. Posteriormente, la Carta Magna recogería los derechos civiles, en el mismo sentido que la Carta del Bosque garantizaba el acceso y explotación de estos  recursos naturales.  

 

Podemos observar en este relato histórico una clara similitud con la situación actual, especialmente con la de los denominados países del Sur, donde se han reproducido muchas de aquéllas prácticas seculares: expropiación y venta forzada de tierras, explotación y uso privativo de los recursos naturales, empobrecimiento de l@s campesin@s, antes pequeñ@s propietari@s autosuficientes y convertid@s ahora en asalariad@s dependientes y precari@s, extensión de las situaciones de hambre y necesidad, desempoderamiento y división de las clases populares... Pero los cercamientos también se están llevando a cabo en los países del Norte, mediante el desmantelamiento y privatización del Estado del Bienestar -nuestros bienes comunes-  y también con la privatización del conocimiento, proceso calificado por algunas voces de barbarización de la sociedad.

Puedes leer El Manifiesto de la Carta Magna, de Peter Linebaugh, en la biblioteca de este blog, y Calibán y la Bruja. Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, de la historiadora Silvia Federicci, a la que hace referencia Linebauhg durante la entrevista registrada en el vídeo que reproducimos a continuación, en la biblioteca del blog PENSAR ES ALTAMENTE FEMENINO. Ambas obras son imprescindibles para entender el mundo de hoy.

La administradora del blog

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LA PRECARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES ES UNA CUESTIÓN DE CLASE SOCIAL: LAS MINISTRAS Y POLÍTICAS QUE LA PROMUEVEN Y DEFIENDEN Y LAS MIEMBRAS DE LAS ÉLITES FINANCIERA Y EMPRESARIAL NO LA SUFREN

Primero fue el proyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que condena a las mujeres a abortar bajo las condiciones éticas de los gobernantes; después la eliminación de la seguridad social de los anticonceptivos más efectivos con menor daño para la salud por contener menores cantidades de hormonas, y por último (de momento), modificar las estadísticas de víctimas de violencia de género excluyendo los partes de lesiones y sólo contabilizando los ingresos hospitalarios de más de 24 horas.

Esta última medida, que se está estudiando y que hay que combatir desde este mismo momento, es especialmente llamativa. Por su frivolidad, por su hipocresía, y sobre todo, por la legitimación de la violencia patriarcal.

Por un lado, niega de forma implícita la violencia simbólica o psicológica, quizá la más dañina para las mujeres, puesto que no requiere de golpes, pero es necesaria para que éstos se den, y porque es un mecanismo fundamental de opresión ya que aumenta la sumisión inhibiendo la capacidad de respuesta de quien la sufre, en el caso del patriarcado, las mujeres.

Por otro lado, la medida legitima la violencia física. Un puñetazo, un brazo roto, una brecha en la cabeza, y un largo etc. es violencia, y ninguna de ellas requiere ingreso hospitalario, y menos, de 24 horas. Las mismas 24 horas que muchas enfermas, tras ser operadas no pasan en el hospital, gracias a la privatización encubierta de nuestra sanidad pública que premia las altas hospitalarias y la disminución de los ingresos para aumento de los beneficios de la empresa “gestora”.

La invisibilización de estas víctimas, que por otro lado, son la mayoría, no sólo no logrará “acabar con esta lacra social” como presupone la señora ministra, sino que además las dejará sin recursos para poder afrontarla. Un menor número de víctimas en las estadísticas es sinónimo de eliminación progresiva de recursos mediante el cierre de instalaciones y la eliminación de servicios: puntos de encuentro, concejalías, casas de acogida, etc. Lo que no se usa, se elimina. Aunque la estadística esté falseada. Peor, pese a que lo esté.

De nuevo, el gobierno ataca. ¿El gobierno, o el sistema? La importancia de aclarar, identificar y definir al enemigo es fundamental para luchar, resistir y combatirlo; por lo que no puede quedar duda alguna sobre su caracterización.

Si bien es cierto que el patriarcado es un sistema de opresión sui generis, no es menos cierto que es fundamental para el capitalismo, debido a que no es una consecuencia de éste, sino que le proporciona la base del bienestar del individuo y la familia, función vital para la explotación de las trabajadoras por el sistema económico.

Esa transversalidad propia del patriarcado, así como su interesada reproducción por el sistema capitalista, hace que no podamos obviar que nuestro enemigo no es el capitalismo, sino el capitalismo patriarcal; de la misma forma que nuestro feminismo no puede ser otro que de clase.

Un feminismo de clase porque es la clase trabajadora quien sufre necesariamente el patriarcado. La mujer del presidente de la CEOE no necesita que la seguridad social cubra el aborto si el feto sufre discapacidad, porque gracias a la explotación del pueblo puede costearse un aborto “a todo trapo” en Londres. Tampoco le supondrá un problema a Ana Botella la eliminación de los anticonceptivos de tercera generación en las prestaciones públicas, porque puede pagarlos íntegros e incluso mejores tratamientos.

Un capitalismo patriarcal porque son las mujeres a quienes más afecta la reforma de las pensiones, por su incorporación más tardía al mercado laboral y su paso intermitente debido a su capacidad reproductiva; porque la discriminación salarial por sexo hace que las mujeres cobren al menos un 21% menos que los hombres en iguales condiciones. 

Por esto, ninguna organización política, asociación, movimiento político-social contra el sistema, etc. será revolucionario si no defiende y trabaja por un feminismo de clase, aunque lo ponga en letras mayúsculas en su definición.

La lucha contra el patriarcado, como contra la explotación requiere que cada día, cada una de nosotras, llevemos el mensaje a todos y cada uno de los espacios donde trabajamos de forma constante. Requiere que la importancia de una manifestación contra la futura ley del aborto sea la misma que otra contra la reforma de las pensiones. Pero no sólo. También es necesaria la denuncia de la opresión cotidiana, como por ejemplo, con el cambio del lenguaje. Y no sólo por hacerlo inclusivo. El lenguaje categoriza nuestra realidad y nuestra estructura mental, y por ejemplo, con la utilización de términos como “esto es la polla” para lo bueno o sorprendente y “esto es un coñazo” para lo aburrido o pesado no hacemos sino perpetuar la desigualdad estructural.

A las buenas revolucionarias que nos importa el sufrimiento de los seres oprimidos, debe importarnos aún más si cabe por ser hoy día una carencia, el sufrimiento de los seres doblemente oprimidos, independientemente de su género. Y es que, hasta que no se asuma esta cuestión, todos los pasos que demos hacia la revolución serán siempre insuficientes.

Article de Beatriz Torres publicat a BOLTXE

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EL NEGOCIO DE LA XENOFOBIA

Entrevista a Claire Rodier, jurista i membre de la Xarxa per la Llibertat de Moviment MIGREUROP, arran de la publicació del seu llibre El Negoci de la Xenofòbia. 

 Publicada a la revista digital DIAGONAL

'El negocio de la xenofobia' (Clave Intelectual, 2013) parte de un hecho: en los presupuestos europeos de 2014 a 2020, marcados por las políticas llamadas de austeridad, las partidas para vigilancia de fronteras crece. La autora, la jurista francesa Claire Rodier, ha investigado en este libro los principales contratos que la Unión Europea o EE UU firman con compañías de alta tecnología para el control de los flujos migratorios. Rodier, fundadora de la red Migreurop, explica en esta entrevista cómo se relacionan estos desarrollos tecnológicos con las políticas de externalización de fronteras organizadas por los distintos gobiernos europeos.

¿Qué papel juega en esta gestión público/privada la agencia Frontex? ¿Por qué el Frontex es lucrativo en el plano económico?

La agencia europea Frontex, que se encarga de coordinar la cooperación operativa entre los Estados miembros para la vigilancia de las fronteras exteriores de la UE, es el núcleo de un sistema que asocia a los industriales del sector de la seguridad con la administración europea. Financiada con fondos públicos, la agencia necesita materiales sofisticados para llevar a cabo sus operaciones fronterizas (aviones, helicópteros, barcos, equipamientos diversos), y desde 2011 tiene la capacidad de comprar sus propios equipamientos. Su presupuesto ha experimentado un crecimiento exponencial, pasando de seis millones de euros en 2005 a 130 millones de euros seis años después. En 2008, la Comisión informó de que gracias a Frontex se había evitado la entrada de 53.000 personas con un coste de 24 millones de euros. Ese mismo año, al menos dos millones de inmigrantes entraron en la UE, según la OCDE.

Frontex ocupa un lugar estratégico en los recintos donde se tejen los lazos entre los proveedores de fondos y las empresas privadas que fabrican el material que necesita (especialmente, la industria armamentística y la de tecnología punta). A dichas industrias les interesa sobremanera su desarrollo y autonomía, y por tanto la intensificación de los controles fronterizos. Se trata de poderosos lobbies con influencia en la definición de las políticas migratorias de Europa, cada vez más represivas y que representan para esas empresas una fuente de ingresos.

¿Cuáles son las principales empresas en este negocio? ¿Cómo combinan el afán de lucro y la ideología?

En Europa, se puede citar por ejemplo a la francesa Thalès, la italiana Finmeccanica, la española Indra, la alemana Siemens, la francoalemana EADS y la sueca Eriksson. Dichas empresas sufren una dura competencia de la industria estadounidense (especialmente Boeing) e israelí, ambas punteras en tecnologías de la vigilancia. Por ese motivo los europeos se han organizado para plantar cara a la situación: a finales de 2010 se lanzó el proyecto OPARUS, que reúne a Sagem, BAE Systems, Thalès, EADS, Dassault Aviation y algunos otros en la elaboración de una estrategia común de explotación de los drones (aviones teledirigidos) para vigilancia de fronteras terrestres y marítimas.

"La industria europea quiere hacer frente a la competencia de EE UU o israelí con el uso de drones en las fronteras" Al invertir en el mercado de la seguridad migratoria, esas empresas gozan de un clima ideológico que desde principios de los años 2000 se ha infiltrado en los discursos de la mayoría de los gobiernos de la UE y de las instituciones europeas, y que consiste en convertir al inmigrante en una amenaza frente a la que es importante protegerse.

En el Estado español se han conocido recientemente las estadísticas sobre tortura y hay un capítulo aparte para los Centros de Interna­miento de Extranjeros (CIE). A nivel general, ¿cómo funcionan estos centros en Europa?

No hay homogeneidad en el funcionamiento ni en la gestión de los centros de detención administrativa de migrantes en Europa, que dependen de las legislaciones nacionales. La duración legal de la detención varía mucho de un país a otro, y no existen unas normas mínimas relativas a las condiciones de la detención. El único marco que fija la directiva europea de retorno de 2008 se refiere a la duración máxima de la detención –18 meses– y a la posibilidad de los extranjeros detenidos de apelar a asociaciones competentes, cosa que de hecho no se respeta en todos los Estados miembros.

En un informe de 2008, el grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria destacaba que ciertos países permiten la detención de solicitantes de asilo y de inmigrantes al margen de un contexto penal o de seguridad nacional con el fin de establecer la identidad de los inmigrantes clandestinos y de los solicitantes de asilo cuya demanda haya sido denegada para permitir su expulsión hacia sus países de origen. En otros Estados, la detención es obligatoria y en ocasiones incluso es empleada para desanimar a futuros refugiados o migrantes. Algunos exigen que la detención sea ordenada por un juez, pero la mayoría de ellos recurren a la detención administrativa.

La frontera de Europa ya no está en territorio europeo sino que son otros países los que ejercen esta labor. ¿Qué consecuencia tiene este cambio?

La externalización de los controles migratorios que caracteriza a la política europea de inmigración y asilo consiste en hacer que terceros Estados se hagan cargo de la gestión de los migrantes que supuestamente quieren llegar a Europa de manera irregular. Esto aumenta los riesgos de violación de los derechos fundamentales de los migrantes: por una parte porque aleja de la mirada de la opinión pública europea actos como el sabotaje de barcos llenos de balseros realizados por los guardacostas en alta mar, o las expulsiones masivas llevadas a cabo en la frontera argelino-marroquí. Y por otra parte, esta subcontratación de los controles migratorios a funcionarios de Estados que no se ciñen a las mismas obligaciones evita a la UE tener que responder por el incumplimiento de esos derechos protegidos por convenciones internacionales. Por ejemplo, la violencia que ejercieron los guardias fronterizos marroquíes durante los asaltos de migrantes contra las fronteras de Ceuta y Melilla en 2005, que provocaron varios fallecidos, no dieron lugar jamás a investigación judicial.

¿Cómo influyen los acuerdos de readmisión en las relaciones entre la UE y los países de origen o de tránsito?

En 1999, los Estados miembros de la UE integraron la lucha contra la inmigración ilegal en sus relaciones con los países de la cuenca mediterránea, pero también con los nuevos Estados independientes de Europa central, de los Balcanes y de Asia central. Esos acuerdos obligan a los países asociados a Europa a “readmitir” no sólo a sus ciudadanos en situación irregular, sino también a todos los migrantes sin papeles que hayan transitado por su suelo. Por tanto les incitan a reforzar la vigilancia de sus propias fronteras.

Para obtener tal colaboración, la UE emplea como moneda, según los casos, la simplificación de los trámites de pasaportes, las ayudas económicas al desarrollo u otras contrapartidas diplomáticas o económicas. Al hacerlo, está perpetuando una relación de dominación cuyos costes pagan los migrantes y los solicitantes de asilo. Hasta la fecha, Marruecos se ha negado a firmar un acuerdo de readmisión con la UE: tal resistencia es un poderoso resorte en las relaciones entre ambos, convirtiendo a los migrantes casi en un recurso nacional, al igual que ocurría en Libia en los tiempos de Gaddafi, que se servía de ellos como moneda de cambio. "El discurso de que el inmigrante es una amenaza ha creado un clima ideológico que interesa a las empresas de seguridad"

Habla de una retórica del miedo en torno al negocio de la xenofobia. ¿Cómo funciona esta retórica? ¿Quiénes favorecen el crecimiento de estos discursos?

Después del 11S, la legislación relativa a los migrantes cobraría un cariz cada vez más restrictivo, alimentando el fantasma del enemigo venido de fuera para amenazar la integridad europea, sin que por ello se registrase una disminución notable del número de entradas de migrantes irregulares en Europa.

En el libro trato de enseñar las funciones ideológicas de los controles migratorios, es decir la manera en que se presentan como una respuesta a las supuestas preocupaciones de la opinión pública. Aquí volvemos a encontrar la lógica, que conocemos bien, del chivo expiatorio: en el contexto de la crisis económica y social que está marcando el principio de este siglo, la “manipulación de la incertidumbre” (la expresión es de Zygmunt Bauman) permite al poder, incapaz de aportar soluciones a los problemas de la población, asentar su autoridad. 

Font fotografia: http://socialismointernacional.org/category/europa/

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UNA CLASE MAGISTRAL DE DEMOGRAFIA QUE LA CLASE POLÍTICA QUE SUFRIMOS NO QUIERE ESCUCHAR. POR JULIO PÉREZ DÍAZ

¿También es natalista el PSOE?

El natalismo es una receta muy popular en la que cayó siempre la derecha, pero también tienta al resto. Buen ejemplo es una reciente tribuna de Josefina Cruz Villalón en el País. Desconozco si es consciente de estarse alineando con el discurso Vaticano, el del PP o el de Putin en Rusia, pero repite todos sus tópicos, los mismos que hace más de un siglo sostienen que Occidente tiene que hacer un esfuerzo por elevar la natalidad:

Política de Estado para rejuvenecer la población. España está en una situación demográfica crítica que exige estimular la natalidad. Josefina Cruz Villalón El País, 24/7/2013)

El sonsonete natalista y antienvejecimiento se basa en falacias, y es importante que los demógrafos las desvelemos, vengan del partido que vengan (aunque eso suponga perder el aprecio de todos ellos).  La mencionada tribuna incurre en tópicos demostradamente erróneos, por muy comunes que resulten en la calle, y me da la ocasión de insistir en algunas puntualizaciones que son ya habituales en este blog (junto a críticas similares a otras ideologías demográficas, como las antinatalistas o las eugenistas, que amplían aún más el espectro político de las enemistades).

La transición demográfica (el único fundamento teórico al que la autora se remite), es una artefacto obsoleto desde hace más de medio siglo, simplemente incapaz de servir como marco explicativo de las dinámicas demográficas contemporáneas. Lo que ha ocurrido con la demografía española y mundial es una auténtica revolución en la manera que tienen las poblaciones de reproducirse, que ha elevado radicalmente su eficiencia cambiando cantidad de nacimientos por duración de las vidas,  y liberado a la mujer de la ancestral sujeción al poder político, familiar o conyugal en su calidad de “fabricante de nuevas personas”  (ver publicaciones sobre la Revolución Reproductiva).

El envejecimiento demográfico “sistémico” no es identificable con el envejecimiento demográfico “por emigración” de jóvenes (el único realmente asociado a la decadencia y al abandono). El “sistémico”, que experimenta el mundo en general y España en particular, no tiene precedentes en toda nuestra historia y es por el contrario una bendición, un progreso sin paliativos. Sólo puede calificarse como “situación demográfica crítica” si se sigue pensando en la demografía en los mismos términos que cuando las élites burguesas europeas crearon los sistemas estadísticos nacionales del siglo XIX. Esos sistemas eran una manera de mantener la “contabilidad de los haberes” del Estado para unas élites políticas y económicas que veían a la población como una herramienta más de poder.

En efecto, que España pudiera ser algún día una sociedad “con mayor calidad de vida, pero que languidece en términos biológicos y puede incluso poner en peligro su propia existencia” podría haberlo escrito la élite del biologismo social del siglo XIX. Es el mismo lenguaje de Spengler en La decadencia de Occidente o el de Corrado Gini (director de los servicios estadísticos de Mussolini) en Nascita, evoluzione e morte delle nazioni.

La afirmación de que la fecundidad por debajo de 2,1 hijos por mujer no se ha traducido en una reducción directa de la población “porque las generaciones de mujeres que se han ido incorporando a la edad fecunda eran más numerosas que sus inmediatas antecesoras”, o es un error de análisis, o denota que no se ha hecho tal análisis. En este tema casi todo el mundo toca de oído, sin hacer los números y sin distinguir fecundidad y reproducción.

Esta conjunción de arcaísmos, tópicos y errores de análisis es corriente en la calle, pero es que aquí sirve para fundamentar no una simple opinión, sino una recomendación de Estado:

“…de lo que no cabe ninguna duda es de que en España se debería acometer ya de forma decidida, como una política de Estado, la del rejuvenecimiento de su estructura demográfica, que sería abordar el problema del envejecimiento de la población en su raíz y no únicamente en sus síntomas.”

Este es el gran peligro de la demografía desde sus orígenes. Con cuatro números y otros tantos tópicos las élites creyeron siempre estar facultadas para iniciar políticas de población que recondujesen las dinámicas y estructuras poblacionales “para el bien colectivo” y contra las malas prácticas de los individuos.

¡Casi nada! ¡Tener una u otra estructura demográfica resulta ser un posible objetivo del Estado! Pero ¿cómo se rejuvenece la estructura demográfica? La autora tiene una respuesta fácil: con más inmigrantes o con más nacimientos (por suerte se ha descartado la otra vía, la del genocidio selectivo en función de la edad).

Quien encuentra aceptable la solución inmigratoria se distancia de otros sectores ideológicos que ven en la inmigración una “amenaza” para las esencias culturales y religiosas de la patria o, simplemente, para los que buscan un trabajo y no quieren más competencia. Pero ese progresismo es gratuito y vacío ahora, porque España no está en condiciones de proporcionar trabajo ni siquiera a los habitantes que ya tiene.

Queda por tanto el fomento de la natalidad, que es donde se quería llegar, “la raíz” que permite cambiar la pirámide de edades. Pero aquí es donde las sugerencias se acaban, como si no hubiese que hablar de los procedimientos y su aceptabilidad por parte del ciudadanía. Y son importates. También Franco quiso una mayor natalidad en cuanto se convirtió en Caudillo, y su empeño contó con una capacidad de imponer y ordenar mucho mayor que la de cualquier Estado democrático actual. Pese a ello no la consiguió, aunque sus fórmulas sirvieron, eso sí, para retroceder en la igualdad social y de género varias décadas. Supongo que al socialismo español no le parecerá bien volver al plus familiar, poner impuestos a los solteros o a los casados sin hijos, o supeditar ciertos derechos como la pensión de vejez al número de hijos habido. Tampoco una mayor limitación del aborto o del acceso a los anticonceptivos parecen la vía socialista (por mucho que la utilizasen los comunismos como el de Ceaucescu o el  propio stalinismo en la URSS).

Así que la política, en vez de pedir más o menos habitantes, o pirámides más o menos piramidales, debería asumir que la demografía hace mucho que dejó de ser sólo cosa de “cuántos somos” en la contabilidad nacional. Sus desarrollos técnicos y teóricos, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, la han llevado a centrarse en “cómo somos” y en qué condiciones nacemos, nos hacemos, vivimos y nos relacionamos, envejecemos y morimos. Así que, si los políticos de cualquier signo están interesados en utilizarla e integrarla en sus proyectos y discursos, harían bien en atender a algunas de las cosas que en su actual configuración nuestra disciplina puede aportar:

• Hay que abandonar los tópicos demográficos del XIX, centrados en las proyecciones, las estructuras y volúmenes más o menos convenientes para el Estado y la nación. Ese plano teórico ha sido la coartada para algunas de las mayores barbaridades políticas del siglo XX. En los estados democráticos lo que debe hacer la política es preocuparse de los ciudadanos.
• Es un error asustar con la modernización demográfica y con la pirámide poblacional resultante; la demografía nunca nos fue más favorable (literalmente nunca, y reto a cualquiera a argumentar lo contrario con datos históricos y sin recurrir a valoraciones apriorísticas sobre lo bueno o lo malo que es el envejecimiento demográfico o el tener más o menos natalidad).
• Lo que conviene a cualquier población es que el tener o no tener hijos esté menos condicionado por la desigualdad social, económica y laboral, de modo que los hijos que se tienen sean resultado de una decisión consciente, cuanto más libre mejor (por cierto, aunque no sea ese su objetivo, en nuestro entorno y características, los países mas avanzados en esto resultan tener una mayor fecundidad que España).
• A quien decide tener hijos, conviene facilitarle condiciones para alimentarlos, alojarlos, vestirlos, educarlos y darles atención y cariño, al margen de cuál sea estatus social, laboral, económico o cultural. Esa es la inversión de futuro de verdad para un país, la calidad de sus ciudadanos, no su número (nunca seremos tantos como los chinos… ¿y qué?).

En medio de lo que está cayendo, el natalismo es una distracción, además de un objetivo falso, fuera del alcance del Estado (siempre lo estuvo), cuya hipotética consecución sólo redundaría en problemas aún mayores a los actuales y cuya persecución resucita la dialéctica más rancia de nuestro pasado imperial europeo. Estas no pueden ser las soluciones políticas a la situación que tenemos. Hay que trabajarlas un poco más, especialmente cuando se tienen intenciones progresistas.

Artícle publicat al seu bloc APUNTES DE DEMOGRAFÍA

Font fotografia: https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_P%C3%A9rez_D%C3%ADaz

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NOS QUIEREN POBRES, CALLADAS Y HETEROSEXUALES

La cruzada del Partido Popular (PP) no sólo arremete contra derechos fundamentales como sanidad, educación, vivienda, trabajo, sino, también, contra libertades sexuales y reproductivas. El PP busca imponer un determinado modelo de sociedad al servicio del capital a la vez que machista y homófobo. Nos quieren pobres, calladas y heterosexuales.

La semana pasada el Gobierno proponía a las comunidades autónomas vetar, en la sanidad pública, los tratamientos de reproducción asistida (inseminación artificial y fecundación in vitro) a lesbianas y mujeres solas. Una medida que atenta contra la igualdad de acceso a los servicios públicos y discrimina a quienes se salen de la estricta “norma” heteropatriarcal. Si eres mujer, pobre, lesbiana o no tienes pareja, prohibido quedarte embarazada. Para el PP, sin hombres no hay hijos. Y la derecha impone, así, su arquetipo de familia: una, hetero y unida.

Nos encontramos frente a un Gobierno que se escandaliza porque dos mujeres puedan ser madres, dos hombres padres, de que una mujer sola pueda tener hijas e hijos, pero que no siente la más mínima vergüenza en aplicar unas políticas generadoras de hambre, paro y desahucios. La doble moral de quienes no tiene principios. Obedientes sólo a la doctrina del capitalismo y el patriarcado.

Ayer en el escrache feminista frente al Ministerio de Sanidad en Madrid, para, justamente, condenar esta medida, la represión fue la respuesta. Un Gobierno que persigue y criminaliza aquellos que no callan. La “política de la porra” es la otra cara de la “política de las tijeras”.

Otro ejemplo. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad planea ahora dejar fuera de las estadísticas de malos tratos a las mujeres que, pese a ser agredidas, no pasen por el hospital o estén en él menos de 24 horas. Lo que significa invisibilizar la mayoría de los casos. No sea que las cifras se disparen, digo yo. Según, el Observatorio para la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre del 2013, unas mil cien mujeres por mes presentaron parte de lesiones al denunciar ataques machistas. Aunque éstas son sólo una minoría. En 2012, por ejemplo, únicamente el 11% de las 128.000 denuncias aportaron dicho parte. Para algunos, parece, es mejor esconder, o maquillar, la realidad en vez de combatirla.

Y a todo esto hay que sumar la ofensiva del ministro Alberto Ruiz-Gallardón para reformar la, ya limitada, Ley del aborto y devolvernos a la época de “las cavernas”. Una modificación que, en palabras del ministro, tendrá lugar en los próximos tres meses. La futura Ley, todo parece apuntar, será más restrictiva que la de 1985 y sólo se permitirá interrumpir el embarazo en ciertos supuestos muy limitados. Entre los supuestos que se está discutiendo eliminar, se encuentra el de malformación del feto. Según Gallardón, la reforma tiene como objetivo “aumentar la protección del derecho por excelencia de la mujer: el de la maternidad”. Y me pregunto: ¿La maternidad en manos de quién? ¿De la mujer o del Estado? En definitiva, un intento más por parte del PP de decidir y legislar sobre nuestro cuerpo.

Estas medidas, en definitiva, se suman a unas políticas de salida a la crisis que devuelven la mujer al hogar. Cuando se recortan servicios públicos como sanidad, prestaciones sociales diversas, la Ley de dependencia…, hay todo un trabajo de cuidados, invisible, infravalorado, pero imprescindible, que acaba siendo asumido, una vez más, por las mujeres. En nuestras espaldas recaen, mayoritariamente, los recortes al Estado del bienestar.

Nos enfrentamos a un Gobierno de derechas, machista y homófobo. Y la respuesta sólo puede ser de izquierdas (y no de boquilla sino de acción en la calle), feminista y a favor de las libertades sexuales.

Article d'Esther Vivas publicat al seu bloc

Font fotografia: http://artecontraviolenciadegenero.org/?tag=recortes

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EL GOBIERNO DEL PP PRIVATIZA EL SOL PARA FAVORECER A SUS AMIGOS DE LAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS

Todas las medidas que toma este gobierno están encaminadas a avanzar en el camino de destrucción del estado social de medio bienestar que teníamos, en el camino de expolio de lo público para entregárselo a sus amigos, que al cabo son ellos mismos cuando dejan la política: la sanidad, la educación, los transportes y, desde luego la industria, especialmente la energética. El decreto de autoconsumo que hemos conocido la semana pasada ha pasado semi desapercibido excepto para los expertos en energía, pero es un robo de un calibre tal que debe ser conocido y protestado por todo el mundo. 

Hablando en plata lo que hace el decreto es privatizar el sol, entregarle a las compañías eléctricas el monopolio de su uso para producir energía. No es extraño, los neoliberales llevan años intentando privatizar el agua y sólo la presión ciudadana ha parado de momento en Bruselas ese empeño. En España, mientras, el gobierno nos privatiza el sol. Ya pagamos una de las facturas de electricidad más caras de Europa. La factura no para de subir y la luz va camino de convertirse en un artículo de lujo y hay gente que ya no puede pagar la calefacción en invierno, es lo que se llama pobreza energética. Las eléctricas andan escasas de dinero debido a sus inversiones ruinosas y han decidido, como los bancos y también con el apoyo del gobierno, que su crisis la paguemos los consumidores. ¿Además del incremento de la factura en más de un 100% en los últimos años, no habéis recibido la carta para la instalación de nuevos contadores “remotos” que no sirven para nada pero que os van a instalar sí o sí y a cobrar? Pues es un ejemplo.

Frente a esta sangría, en los últimos años se ha ido consolidando la posibilidad de la energía fotovoltaica para el autoconsumo. Esta energía ofrece la posibilidad de que los usuarios produzcan su propia electricidad por medio de paneles solares. Esto lo pueden hacer particulares y también empresas, industrias, comercios. Si no se produce bastante para el consumo, por ejemplo en una industria, se puede tomar el resto de la red, pero en todo caso se ahorra mucho y además es una energía limpia. Últimamente debido a que la tecnología necesaria para producir esta energía limpia se ha abaratado considerablemente estaba surgiendo un pequeño mercado de autoconsumo que ya estaba generando puestos de trabajo de los que necesitamos, basados en el ahorro y la sostenibilidad; por último se disminuía también la dependencia energética que es muy grande en España.

Pues el nuevo decreto apunta de lleno contra esta posibilidad. El decreto, a groso modo, establece que si generas tu propia energía y por tanto consumes menos de la energía convencional, de la que venden las eléctricas, hay que pagar lo que llaman un peaje “de respaldo”, un impuesto único en el mundo y que es directamente un robo. Lo que le decreto viene a decir es que como el autoconsumo perjudica a las grandes compañías, hay que compensarlas de alguna manera porque no es bueno que pierdan tanto dinero, pobres. Así que para las personas que han instalado placas solares se instaura un impuesto que hace que no sólo no se ahorre sino que puede llegar a ocurrir que producir tu propia energía salga incluso más caro que comprarla a una compañía eléctrica.

Además, la energía que se genera y no se consume, la que sobra y que en otros países se vende a las compañías eléctricas o se vierte en la red pero siempre puede recuperarse, aquí se obliga al particular que la ha generado a regalarla a las compañías, que no por eso te abaratan la factura de la electricidad sino que por medio del “peaje” te la aumentan en un 27%. Es obligatorio, además, darse de alta a la red bajo la amenaza de sanciones de hasta 30 millones. En resumen, el gobierno decide por decreto que se prohíbe que los pequeños productores de electricidad puedan hacer competencia a las eléctricas. Lo que las compañías quieren hacer es detener el posible cambio de modelo energético. Un modelo que es barato y limpio y que no requiere de subvenciones ni subsidios, que es de verdad sostenible y que tiene que ser el futuro. Lo que hace este gobierno con este decreto es demostrar que está al servicio de los intereses de unas empresas que ofrecen un modelo productivo sucio, obsoleto e ineficiente, además de muy caro, pero que naturalmente genera pingües beneficios a unos pocos. 

El gobierno se retrata y demuestra que no es más que la correa de transmisión de los intereses de las grandes compañías eléctricas que no están dispuestas a permitir que se pueda disponer libremente de un recurso abundante y gratuito como el sol. Las compañías no están dispuestas a que la existencia de nueva tecnología venga a suponer ninguna mengua en su negocio. Y tendríamos que decir también del negocio de muchos políticos porque la realidad es que este gobierno y muchos también de los anteriores han estado llenos de empleados de las eléctricas. Lo más probable es que en el futuro veamos cobrando (que no trabajando) en una eléctrica a Cospedal, o a Rajoy. De la misma manera que ya podemos ver que están en la nómina de estas eléctricas entre otros Aznar, Felipe González, Elena Salgado, Solbes, Roca, Boyer, Ángeles Amador (ex ministra), Luis María Atienza (ex ministro), Narcis Serra… Y estos nombres sólo entre los ministros, que si bajamos al nivel de Secretarios de Estado no daremos abasto. Mientras sigamos con un modelo de puertas giratorias entre la política y la empresa nos quedará la duda de al servicio de quién están en realidad los políticos. En el caso del PP no nos queda ni siquiera la duda: trabajan para las empresas y contra nosotros y nosotras. Hay una denuncia ante la fiscalía anticorrupción contra estos políticos/consejeros que normalmente pasan desapercibidos entre todo este batiburrillo de corrupción insoportable, pero bueno es que empecemos a fijarnos en sus nombres; en lo que hicieron o en lo que dejaron de hacer y en beneficio de quién. 

Article de Beatriz Gimeno publicat a EL PLURAL.COM

Font fotografia: http://teatrevesadespertar.wordpress.com/2013/07/20/el-gobierno-espanol-privatiza-la-energia-del-sol-con-multas-de-hasta-30-millones-de-euros/ 

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L'augment de la població reclosa no respon a un augment de la criminalitat. Albert Sales t'ho explica

Em comentava un intern d’una presó catalana fa uns dies:

“Aquí tenim tele, saps? Hi ha gent que veu el que està passant fora i la colla de lladres que manen… I sap com de malament ho passen la seva família i els seus amics. Alguns tenen a la seva companya i als seus fills desnonats vivint amb els sogres en un piset de merda. És molt difícil creure en la justícia i en tot el rotllo de la reinserció i de no tornar a delinquir quan veus que aquí dins gairebé tots som pobres y venim de famílies pobres… y els que roben els euros a milions se’n foten de la gent a la seva cara”

A les presons catalanes hi havia recloses a mitjans dels 90 al voltant de 6.000 persones, mentre que a finals de 2011 el nombre d’interns i internes penitenciàries era de 10.513. Aquest increment no ha estat proporcional a l’augment de població provocat per les onades migratòries dels darrers 15 anys. Si atenem a l’evolució de la taxa de població reclusa, si al 1998 el sistema penitenciari català custodiava a 98 de cada 100.000 habitants del Principat, l’any 2011 en mantenia privats de llibertat 140 de cada 100.000 residents. Una xifra gens despreciable si la comparem amb paísos veins: la taxa de població reclusa a Alemanya és de 88 per 100.000, a França de 103, a Itàlia de 108 y a Portugal de 104. Catalunya doncs es situa una mica per sota de l’Estat español que, amb una taxa de 166 persones recloses per cada 100.000 habitants és el país de l’Europa dels 15 que recorre més freqüentment a l’empresonament de la seva població seguit pel Regne Unit que registra una taxa de 138, molt propera a la catalana.

Hom podria pensar que la causa d’aquesta diversitat es troba en la diferent criminalitat existent en els paísos europeus i que si el sistema penitenciari català s’enfronta a una major clientela és perquè a Catalunya y a la resta de l’Estat, la delinqüència ha augmentat. No obstant, res més lluny de la realitat. Tot i que és complex trobar xifres fiables sobre l’evolució dels fets delictius hi ha un elevat consens en la sociologia i la criminologia a considerar les enquestes de victimització, amb tots els seus defectes, les millors eines per valorar l’evolució de la comissió de delictes i del seu impacte entre la ciutadania. Tanmateix, no hi ha a l’Estat cap administració que hagi assumit el repte de realitzar periòdicament una enquesta de victimització i les úniques dades amb què es compta procedeixen de les dues participacions d’Espanya a la International Crime and Victimisation Survey (ICVS), al 1989 i al 2005, i de l’enquesta realitzada el 2009 per l’Observatori de la Delinqüència (ODA) de l’Institut andalús Interuniversitari de Criminologia. A partir de les escasses dades disponibles no només no es pot inferir un increment de la delinqüència, sinó que s’observa un retrocés en la victimització en gairebé totes les formes de delicte. Mentre que el 1989, el 47,2% de la ciutadania (amb un marge d’error del 2,5% per a un nivell de confiança del 95,5% i p=q) havia estat víctima d’algun delicte en els 5 anys anteriors a la realització de l’enquesta, el 2005 la proporció s’havia reduït el 42,7% i el 2009 al 38,7% (amb un marge d’error del 2,62% per a un nivell de confiança del 95,5% i p = q ). Tant els robatoris de cotxes, com els d’objectes a l’interior dels vehicles, els robatoris en habitatges, les agressions sexuals, o les agressions físiques, han reduït les seves taxes de victimització. També s’han reduït els robatoris amb violència i intimidació que tenen un gran impacte en la sensació de seguretat de la ciutadania. D’una taxa del 9,2% al 1989 s’ha passat a un 5,6% el 2009.

La realitat trenca amb el suposat binomi delicte-càstig. L’increment de la població reclusa no respon a un canvi en la delinqüència sinó en una transformació de la resposta de l’estat envers els diferents tipus de transgressió de la llei. Malgrat la falta d’evidències empíriques que indiquin un increment de la criminalitat, la recurrent entrada del tema de la inseguretat ciutadana en el discurs polític denota una utilització de la por al delicte com a eina per aconseguir rèdits electorals. Davant la impossibilitat de donar solució a les inseguretats derivades de la precarització del mercat laboral i el creixent individualisme social, es problematitzen fenòmens socials que, d’entrada, no haurien de generar inseguratat alguna per tal de centrar el debat públic en assumptes que ofereixin la possibilitat d’ésser resolts amb més “mà dura” contra les capes de la ciutadania més pròximes a la marginalitat.

Els mateixos que avui es refereixen al codi penal com un text del passat no adaptat a la realitat delictiva del segle XXI i que han anunciat el seu enduriment, ja van liderar una reforma del mateix durant el govern d’Aznar i amb Mariano Rajoy com a Ministre de Justícia. L’any 2003, Partit Popular va aprovar una reforma del codi penal amb el suport del PSOE. Les forces polítiques majoritàries van desplegar una retòrica plena de clitxés del populisme punitiu importat de l’altra banda de l’Atlàntic, recordant a la ciutadania la necessitat de mà dura amb les creixents mostres de violència urbana i amb els delinqüents multireincidents, i de fer front als nous perills derivats la immigració i de l’amenaça terrorista. Els socialistes van afirmar que es veien obligats a donar suport a la reforma per responsabilitat i per la imperiosa necessitat de lluitar contra la inseguretat ciutadana. La reforma suposava, entre altres canvis, l’ampliació de la capacitat dels jutges per decretar presó preventiva; la incorporació de mesures per promoure la “justícia ràpida”, introduïnt incentius per a que les persones inculpades firmessin declaracions de culpabilitat per evitar tràmits judicials i aconseguir beneficis penitenciaris; l’augment de la quantia penal màxima, que passava dels 30 als 40 anys; i condicionava la concessió del 3r grau al pagament efectiu de responsabilitats civils, la qual cosa introduïa un clar element de discriminació econòmica. Tot plegat sense oblidar que el Codi Penal “de la Democràcia” aprobat en la darrera legislatura del PSOE i que va entrar en vigor el 1996 ja posava al servei de l’Estat les eines necessàries per endurir el sistema “provisional” en fucionament durant els 80 i la primera meitat dels 90.

El discurs de la dreta europea (no contestat des de l’esquerra socialdemócrata) s’inspira en la criminologia conservadora nord-americana i les seves propostes de reducció de la delinqüència a partir de la “tolerància cero” davant el suposat increment de la violència als carrers. Aquest terme, “tolerància zero”, es popularitza a partir de la publicitat internacional que es dona a l’estratègia que va posar en marxa l’alcalde Giuliani a Nova York entre 1995 i 2000. El focus de la política “anti-criminal” de Giuliani va ser l’assetjament permanent de les persones més vulnerables de la societat presents en espais públics. A través de la intensificació de la presència de polícia uniformada als carrers de la ciutat, William Bratton, el cap del Departament de Policia de Nova York (NYPD) es va proposar lluitar contra realitats tan diverses com la compra i venda de drogues a petita escala, la prostitució, el sensellarisme, els graffitis… referint-se a les persones involucrades com a “paràsits” socials (“squeegee pest”). En cinc anys, el nombre d’efectius del New York Police Department va augmentar en 12.000 agents (un 26% del total), mentre disminuia en 8.000 el nombre de treballadors i treballadores dels serveis socials. El descens de la criminalitat a la ciutat es va atribuir a aquesta agressiva política de persecució, i think tanks com la Heritage Foundation o el Manhatan Institute van convertir al cap de polícia William Bratton en una celebritat de la criminologia conservadora a nivell internacional. Però en la seva ofensiva publicitària van oblidar intencionadament que altres ciutats com Boston o San Diego van viure una reducció de la criminalitat similar a la de Nova York amb estratègies basades en la mediació i sense augmentar el nombre d’agents al carrer, o que el descens de la criminalitat va començar tres anys abans del nomenament de Giuliani i de l’arrencada de les seves polítiques.

A l’Estat espanyol, think tanks conservadors com la Fundación FAES han incorporat les tesis de del Manhattan Institute generant documentació tècnica que avala un discurs polític basat en missatges simplistes vestits de veritat científica: la sensació d’inseguretat creixent es deu a un increment real de la delinqüència, l’increment de la delinqüència es deu a l’erosió dels valors tradicionals i la permissivitat de les institucions amb les petites transgressions de les normes, la immigració està íntimament vinculada a l’increment de la delinqüència, les solucions passen per l’enduriment del codi penal… Utilitzant la caixa de ressonància de mitjans de comunicació a la caça de notícies breus, morboses i simples per competir en un mercat de la desinformació cada dia més carregat de successos, la dreta ha imposat el ritme del debat polític en matèria de seguretat ciutadana. La incapacitat de l’esquerra institucional per articular un discurs antagònic genera una espiral de populisme punitiu en la que les formacions polítiques intentent presentar-se davant l’electorat amb propostes serioses que no es contraposin al sentit comú que accepta com a veritat científica l’increment de la delinqüència i de la inseguretat ciutadana.

En pocs anys, el sistema penal ha incrementant sensiblement el seu pes relatiu entre les eines de l’Estat per a la gestió de la conflictivitat social. Per als grups “conflictius”, des de les persones o col·lectius en situació d’exclusió fins als acusats de terrorisme passant per qui forma part dels moviments de protesta social, el dret penal està abandonant pogressivament els principis d’intervenció mínima, de legalitat o de proporcionalitat. Hi ha persones que esdevenen “perilloses” i el sistema penal actua sobre elles partint de les seves característiques i no dels fets concrets ni de la gravetat dels danys que puguin haver produït, faltant així als principis de proporcionalitat i de mínima intervenció que haurien de regir la seva actuació en un Estat de Dret.

Quan encara tenim estómac per engegar la televisió, en canvi, veiem una autèntica desfilada de paràsits socials. De vampirs de recursos que poc tenen a veure amb la marginalitat i que gairebé sempre escapen a un sistema penal i penitenciari que es dedica a contenir i castigar la marginalitat.

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LA OTRA ORGANIZACIÓN CRIMINAL DE LA QUE SE HABLA MENOS: CATALUNYA SE DEVORA ASÍ MISMA, NO NECESITA AYUDA DE MADRID

 

Malos tiempos para soberanismos. Dentro de unos meses, se sentarán en el banquillo 17 acusados, conspicuos representantes de la burguesía catalana y altos cargos de su principal representación política, Convergència. Pero, previamente, debe describirse el marco histórico en el que situar este acontecimiento.

En los días pasados, han saltado a los medios dos noticias. Ester Quintana, que perdió un ojo por una pelota de goma disparada por un mosso d’esquadra, ha dicho: “Las balas de goma son antidemocráticas”. Y, tan grave como lo anterior, nadie ha respondido de esa agresión gravísima y Ester no ha percibido ninguna indemnización. En otro orden de cosas, los partidos mayoritarios de Cataluña, incluido el PSC, han impedido que Agustí Colom, economista de prestigio, vuelva a la Sindicatura de Comptes porque, en su día, destapó la corrupción en la sanidad catalana. Una vez más, los partidos amparan a sus corruptos y rechazan a quienes pueden denunciarla. Aquí no ha habido “España contra Cataluña”, simplemente Cataluña se devora a si misma.

No hace mucho, el presidente Artur Mas arremetió contra la Fiscalía Anticorrupción por haber impulsado el proceso penal sobre el saqueo del Palau de la Música Catalana y describir cómo se financió ilegalmente Convergència. Pero su intemperante intervención ha tenido una doble y contundente respuesta.

Este panorama de desprecio a las leyes y enriquecimiento injusto, de evidente origen delictivo, no pudo llevarse a cabo sin el conocimiento y conformidad de CDC.

El pasado 27 de Junio, el Tribunal de Cuentas (TCU) presentó, con su ya habitual demora, el Informe de Fiscalización de los partidos correspondiente al ejercicio de 2008. En el mismo, y respecto a las cuentas de CDC, el TCU hace una especial referencia a dicho proceso judicial ante el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona en cuanto “dirigido”, dice, “a dilucidar una supuesta financiación ilegal de CDC”, que, añade, permitirá comprobar si los “ingresos” declarados por el partido “corresponden a servicios realmente prestados”. Respecto de las donaciones, afirma que “la memoria \[de CDC\] no contiene relación de las donaciones privadas recibidas”. Ciertamente, la investigación penal ha esclarecido los datos económicos, muy relevantes, que CDC ocultó dolosamente al TCU y, sobre todo, a la ciudadanía, a la que tiene permanentemente engañada. Entre los ingresos, cabe destacar el epígrafe “ingresos por servicios a terceros” que, según el TCU, está formado “por los importes cargados por diversos servicios prestados por el partido” a CiU y “sus grupos institucionales” (¿) y a las fundaciones CatDem (la antigua Trías Fargas), por importe de 754.152 euros y Fòrum Barcelona, por importe de 426.924 euros. Y se añade que la justificación aportada por CDC de dichos ingresos “se considera insuficiente”. No, no era solo insuficiente, era espuria. Además, los dirigentes del partido tendrán que aclarar cómo se amortizó la deuda con entidades de crédito que, en 2008, se elevaba a 3.158.306 euros, la mayor parte con garantía hipotecaria. ¿Con qué entidades? ¿Con qué intereses? ¿Sobre qué inmuebles?

En cuanto al control de la Fundación CatDem, el TCU se limita constatar que percibió donativos por valor de 1.379.695,50 euros, remitiéndose también a los resultados del proceso penal.

El auto judicial ya citado, por el que se abre paso a las acusaciones y al juicio oral, ya afirma que, en esta fase, es una “imputación formal” que representa “un juicio de probabilidad de naturaleza incriminatoria” basado en “indicios sólidos y plurales”. Y su primera consecuencia es que desvela la completa mendacidad de la información que CDC envió al TCU. Más fundamental es la constatación de que CDC es responsable civil —como lo fue Unió Democrática en el caso Pallerols — por haberse beneficiado ilícitamente de las conductas delictivas descritas en la resolución. Concretamente, percibió cinco millones de euros a partir, principalmente, de esta conducta: “el flujo de fondos durante los años 2000 a 2009, de la empresa privada Ferrovial a CDC a través del Palau de la Música Catalana, que obedecían al pago de comisiones por adjudicación de obra pública por parte del Gobierno de la Generalitat”. Pagos que revistieron diversas formas, como en efectivo, mediante facturas falsas y a través de “aparentes convenios de colaboración cultural” entre la Fundación del Orfeó Catalá- Palau de la Música y las referidas fundaciones, operaciones en las que destacaron las intervenciones del tesorero del partido Daniel Osácar y el exdiputado Jaume Camps.

Pero, finalmente, no puede desconocerse la colaboración objetiva con el “expolio” del Palau de la Música de entidades como, en su día, Bancaja, Caixa Manresa y Catalunya Caixa, al hacer desaparecer u ocultar información relevante sobre operaciones de retiradas masivas de efectivo o pagos sistemáticos de cheques al portador, lo que ha llevado al juez instructor a denunciar a estas entidades por incumplimiento flagrante de la Ley de Blanqueo de Capitales. Lo que ha impedido “averiguar el destino de una gran parte de los fondos expoliados…”.

Este panorama, ejecutado durante diez años con un permanente abuso de poder, desprecio a las leyes y enriquecimiento injusto, de evidente origen delictivo, no pudo llevarse a cabo sin el conocimiento y conformidad de la dirección de CDC. Y expresa la total ausencia de legitimidad ética y democrática de este partido para regir el futuro de Cataluña. Los ciudadanos tienen la palabra y, sobre todo, el voto.

Article escrit per Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupció, llegit a la web de Àngels Martínez i Castells PUNTS DE VISTA

Font fotografia: http://eurocaos.blogspot.com/2013/05/nacionalismo-catalan-corrupcion-politica.html 

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EL MINISTRO DE ECONOMÍA ALEMÁN, Wolfgang Schäuble, MIENTE CUANDO CULPA DEL PARO JUVENIL A LA FALSA RIGIDEZ DEL MERCADO LABORAL. JUAN TORRES LÓPEZ TE LO EXPLICA

Parece increíble que un país tan importante para Europa y el mundo como Alemania se pueda permitir el lujo de tener un Ministro de Economía tan ignorante e irresponsable como el señor Wolfgang Schäuble. Las declaraciones de una persona con tanta influencia y responsabilidad deberían ser muy medidas, pero el ministro alemán se destaca por las falsedades con que habitualmente adereza sus discursos sobre los graves problemas económicos no solo de su país sino de toda Europa.

Ahora acaba de afirmar que la causa del alto paro juvenil existente en países del sur europeo es que los mercados laborales están “rígidamente regulados”, y más concretamente, que la dificultad para despedir a los trabajadores con experiencia es lo que dificulta la contratación de jóvenes.

Es una idea sencillamente falsa, una mentira más a la que recurre cegado por sus convicciones ideológicas.

Los datos del empleo total y del juvenil en particular en España y en el resto de Europa demuestran claramente otras cosas.

La primera, en relación con el paro en general, que la mayor o menor flexibilidad no es explicativa de la existencia de tasas de paro más o menos elevadas. Organismos tan poco sospechosos como la OCDE lo han reconocido en diversas ocasiones.

Basta con observar los datos de empleo y paro en diferentes países europeos para poder comprobar fácilmente que no hay correlación clara entre desempleo y flexibilidad y que, por el contrario, sí que la hay, y muy estrecha, entre el volumen de la actividad económica y el empleo. Es decir, que no es cierta la tesis neoliberal que defiende el ministro alemán -que el nivel de paro depende de lo que ocurra en el mercado de trabajo-, porque más bien sucede otra cosa, que depende de la actividad que haya en el mercado de bienes y servicios.

Las afirmaciones del ministro de la señora Merkel también son falsas en relación con el paro juvenil.

Los estudios empíricos, es decir, los dato reales y no las fantasías neoliberales del señor Schäuble, demuestran hechos muy diferentes a los que él da como ciertos.

Si se compara la evolución del paro juvenil (tanto en la franja de 16-24 años como entre 25-29) en el conjunto de los diferentes países europeos en la última década con la registrada en España se puede comprobar fácilmente que la pauta seguida en ambos casos es muy parecida, a pesar de que la regulación laboral es muy diferente, hasta que se inicia la crisis económica. Es solo a partir de ese momento cuando se observa una incidencia del paro juvenil en nuestro país distinta a la que se da en otros europeos.

Pero si se analiza la gran pérdida de empleo juvenil registrada en España desde 2008 se puede comprobar también sin dificultad que las causas que la explican son muy distintas a las que asegura el alemán que impiden que se contrate a más jóvenes. Así lo demuestran algunas circunstancias como las siguientes:

- Las dos terceras partes del empleo juvenil se ha perdido en la construcción, la industria manufacturera y el comercio, es decir, en sectores muy afectados por la crisis. Por tanto, ha sido la caída de la actividad y no la existencia de una regulación rígida o poco flexible lo que ha hecho aumentar el paro.

- La mayor parte del empleo juvenil antes de que estallara la crisis era muy precario. No solo por estar estrechamente vinculado a contratos temporales (el 59% del empleo de jóvenes de 16 a 24 y el 42% de los de 25 a 29 años era temporal en 2008) sino también por otras razones: la abundancia de “falsos autónomos”, de becarios de todo tipo, de empleos sumergidos, la falta de cualquier forma de protección social, entre otras.

- La composición, la cuantía y la evolución del empleo juvenil ha sido muy diferente en las distintas Comunidades Autónomas españolas.

Todas esas circunstancias muestran que no es un problema de rigidez lo que frena la contratación de jóvenes o lo que ha explicado el aumento de sus niveles de paro. Todo lo contrario: en comunidades con la misma regulación, el empleo y el paro son distintos; cuando se ha querido despedir no ha habido problema alguno, a diferencia de lo que afirma el ministro alemán; y los contratos de los jóvenes son tan precarios, flexibles y mal pagados que la mayoría de ellos son incluso peores y más flexibles que los ‘mini job’ de su país que tanto alaba.

El señor Schäuble miente descaradamente cuando reclama menor protección al trabajo y salarios más bajos, diciendo que lo hace para crear empleo, y particularmente empleo juvenil. Nunca podrá probar con hechos y datos que el paro de los jóvenes aumenta porque haya exceso de protección o salarios muy elevados o que actuando como él propone se haya conseguido crearlo con un mínimo de decencia en algún sitio.

Lo que sucede es que este ministro, como su Gobierno y los demás europeos al servicio de la Banca y de las grandes empresas, tratan de aprovechar la crisis y el desempleo tan elevado que ésta ha provocado para imponer en su país y en el resto de Europa un modelo social diferente, con un reparto de las rentas aún más favorable al capital, eliminando mecanismos de protección social, los sistemas fiscales progresivos e imponiendo aún mayores recortes salariales. Y la manera de convencer a la población de la bondad de esas medidas tan contrarias a sus intereses es hacerle creer que son las convenientes para crear empleo y bienestar. Algo que seguirán haciendo mientras que la ciudadanía, sus partidos y sindicatos y todo tipo de organizaciones y movimientos sociales no conozcan bien las falsedades de ese discurso, mientras no tengan otro alternativo que eche por tierra sus mentiras y mientras no lo difundan por todas las esquinas.

Article llegit al seu bloc GANAS DE ESCRIBIR

Font fotografia: http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/espana/paro-juvenil-alemania-8-1-espana-53-2-_725646.html

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