Artículo publicado en el imprescindible blog del demógrafo Julio Pérez Díaz Apuntes de Demografía
Teresa Castro forma parte del Grupo de Dinámicas Demográficas del CSIC y es una de las mayores expertas en fecundidad en nuestro país. Es doctora en Sociología, con especialidad en Demografía, por la Universidad de Wisconsin-Madison. De 1990 a 1996, trabajó como funcionaria internacional en la División de Población de Naciones Unidas (New York) y en 1996 se incorporó al CSIC, donde actualmente es Profesora de Investigación (el equivalente a catedrático de Universidad).
El nuevo proyecto de ley del aborto en España: un flashback que la sociedad no desea
Traducción de
Il nuovo progetto di legge sull’aborto volontario in Spagna: un flashback che nessuno desidera, Pubblicato il 02/04/2014 in Neodemos.it
Teresa Castro Martín
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid
La interrupción voluntaria del embarazo
fue considerada delito en España hasta 1985 (excepto durante un corto
período en 1937 durante la Segunda República). En 1985 se modificó el
Código Penal y se despenalizó el aborto en tres supuestos: riesgo grave
para la salud física o psíquica de la mujer embarazada, violación y
malformaciones graves en el feto (Ruiz Salguero et al. 2008). Desde
entonces, la cifra de interrupciones voluntarias del embarazo ha
experimentado un importante aumento, aunque se observa cierta
estabilización desde 2007 (Figura 1).En 2012, último año con datos
oficiales, se registraron 112.390 interrupciones del embarazo, lo que
equivale a 12 abortos por 1000 mujeres de 15 a 44 años –una tasa similar
a la media de los países de Europa Occidental y por debajo de la media
de otras regiones del mundo (Sedgh et al. 2012)– y que representa
aproximadamente el 20% del total de embarazos. La tasa más elevada
corresponde al grupo de edad de 20 a 24 años, seguido por el grupo de
edad de 25 a 29 años (Figura 2).
La Ley de 2010 y el perfil sociodemográfico de las mujeres
En 2010, se aprobó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo,
una ley de plazos que todavía está vigente. Esta normativa permite el
aborto en las 14 primeras semanas sin tener que alegar motivos, en las
primeras 22 semanas si existe grave riesgo para la vida o salud de la
embarazada o riesgo de graves anomalías en el feto, y en cualquier
momento si un Comité de médicos designado por las comunidades autónomas
certifica que el feto sufre una enfermedad extremadamente grave o
incompatible con la vida. Al contrario de lo que pronosticaban los
sectores contrarios a la ley de plazos, no solo no se ha producido un
aumento de abortos, sino que en 2012 han disminuido un 5%. En ese año,
un 94% de las interrupciones voluntarias del embarazo se han producido
en las primeras 14 semanas (y un 68% antes de la semana 9), por lo que
la mujer no ha tenido que hacer públicos sus motivos. Aunque el 68% de
las intervenciones han sido financiadas por la sanidad pública, la
mayoría (94%) se han llevado a cabo en una clínica privada, dado que en
los hospitales públicos los equipos sanitarios suelen acogerse a la
objeción de conciencia.
Si comparamos el perfil sociodemográfico
de las mujeres que han interrumpido un embarazo en 2012 con el perfil
general de las mujeres en edad reproductiva, podemos concluir que las
interrupciones del embarazo se dan en todos los grupos de la sociedad,
aunque se observa una incidencia relativamente más elevada entre las
mujeres menos educadas e inmigrantes, lo que revela carencias en la
prevención de embarazos no deseados en estos sectores de la población
(Figura 3). El perfil de las mujeres que interrumpieron un embarazo en
2012 es también heterogéneo con respecto a su situación conyugal (el 49%
convivía en pareja) y biografía reproductiva (el 55% tenía al menos 1
hijo), pero llama la atención la elevada proporción de mujeres que
declaró no utilizar anticonceptivos (un tercio del total).
La nueva ley propuesta: grandes limitaciones, restricciones y obstáculos
La polémica propuesta de reforma de la
ley del aborto impulsada por el Ministro de Justicia pretende eliminar
la ley de plazos –en la que mujer decide si sigue adelante con un
embarazo y no tiene que justificar su decisión hasta la semana 14 de
gestación– y volver a una ley de supuestos, aunque más restrictiva que
la del año 1985. El proyecto de ley, cuyo nombre es bastante revelador –Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada–
permite el aborto durante las primeras 12 semanas en caso de violación
(si se ha presentado denuncia previa) y durante las primeras 22 semanas
si el embarazo genera grave peligro para la vida o la salud física o
psíquica de la mujer embarazada. Se elimina el supuesto de malformación,
enfermedad incurable o anomalía fetal incompatible con la vida. Los
abortos por este motivo suponen un porcentaje pequeño (alrededor del 3%)
del total, pero la nueva normativa dejará sin amparo legal a las
aproximadamente 3000 mujeres (o parejas) que cada año deciden
interrumpir un embarazo –normalmente deseado– por graves malformaciones
congénitas.
El anteproyecto de ley recupera el
supuesto de daño psicológico para la embarazada de la ley de 1985, al
que se acogía entonces la inmensa mayoría de las mujeres (97% en 2009)
(Figura 4), pero instaura un procedimiento con más trámites, más
complicado y más largo. Dos psiquiatras –que no podrán trabajar en el
mismo centro en el que se realice la intervención– deberán acreditar que
el embarazo produce un daño “persistente” y “duradero en el tiempo” en
la salud psíquica de la mujer. En la actualidad, la mujer que decide no
continuar un embarazo recibe de los médicos un sobre con información
sobre alternativas al aborto, ayudas a la maternidad y riesgos de la
intervención, y tiene que reflexionar sobre ello durante tres días antes
de abortar. Con la nueva ley, ese plazo se amplía a siete días, y la
mujer deberá recibir asesoramiento verbal de los servicios sociales, así como obtener de ellos un certificado.
Las chicas menores de 18 años volverán a
requerir el permiso de sus padres para abortar (como sucedía antes de
2010). En caso de conflicto familiar grave, un juez decidirá a quién da
la razón. En la actualidad las interrupciones del embarazo de
adolescentes menores de 18 años suponen el 5% del total (5672 casos en
2012). La nueva ley también prohíbe la publicidad de clínicas donde se
practiquen abortos, amplia el derecho a la objeción de conciencia en la
sanidad pública e impone penas de hasta 3 años de cárcel y 6 años de
inhabilitación a los médicos que practiquen abortos fuera de los
supuestos legales. No impone penas a la mujer que aborte, porque según
el Ministro de Justicia, la mujer es siempre una “víctima” del aborto.
En definitiva, serán de nuevo los médicos
y psiquiatras –con requisitos más estrictos que en 1985 y un
procedimiento más largo– los que decidirán si una mujer puede
interrumpir un embarazo no deseado. Además, el asesoramiento obligatorio
por parte de los servicios sociales y la imposición de 7 días de
reflexión están orientados a hacer desistir a la mujer de abortar. Con
esta “contrarreforma”, España pasa al grupo minoritario de países de la
UE con leyes que restringen el acceso al aborto (Irlanda, Polonia,
Malta).
Consecuencias negativas de las nuevas propuestas y restricciones de doble filo
Además de la merma que implica la nueva
ley para la autonomía y capacidad de decisión de la mujer sobre su
maternidad, se han ignorado las consecuencias que tendrá para la salud
de la mujer (el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no
ha participado en la redacción del proyecto de ley). Los estudios
existentes advierten que las leyes más restrictivas no reducen el número
de abortos, sino que sólo fomentan los abortos al margen de la ley,
aumentando los riesgos para la salud de la mujer (Sedgh et al. 2012). La
nueva ley supone un flashback a principios de los años 80,
donde las españolas con más recursos viajaban a Londres y las de menos
recursos recurrían al aborto clandestino. La diferencia es que en el
siglo XXI los posibles destinos en el extranjero son más numerosos que
en los años 80 –la mayoría de los países europeos tienen ahora leyes
permisivas– y que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo sin
salir del país se las arreglarán para conseguir Mifepristona (RU-486)y
Misoprostol a través de Internet para provocarse un aborto, sin
supervisión médica. Actualmente España se sitúa en la cola europea en
aborto farmacológico (13% de las intervenciones, frente al 50% en
Francia o 70% en Portugal). Tanto las mujeres que viajen al extranjero
como las que recurran al aborto farmacológico sin supervisión médica
desaparecerán de las estadísticas. Para las mujeres que consigan
acogerse a los supuestos restrictivos que prevé la nueva ley y demostrar
que el embarazo no deseado supone un daño permanente para su salud
mental, las múltiples barreras burocráticas impuestas incrementarán los
abortos tardíos, y por tanto los riesgos de las intervenciones.
La sociedad española está bastante
perpleja y no entiende el por qué de esta nueva ley. En los distintos
sondeos que ha hecho la prensa, alrededor del 80% de los ciudadanos se
manifiestan en contra del proyecto de ley. Numerosas sociedades
científicas y médicas, como la Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia, la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal, la
Organización Médica Colegial o la Sociedad Española de Psiquiatría, han
pedido la retirada del proyecto de ley. A pesar de no contar con el
apoyo de la sociedad, el proyecto de ley ha sido aprobado en Consejo de
Ministros el pasado Diciembre.Ahora
deberá someterse a dictámenes de varios organismos y al debate
parlamentario,por lo que en caso de aprobarse, no entraría en vigor
hasta dentro de aproximadamente un año.
Es bien sabido que la única manera
efectiva de disminuir el número de abortos es evitar embarazos
indeseados, y esto sólo se consigue con una buena educación sexual y
mejorando el acceso a la anticoncepción. Sin embargo, toda la estrategia
de salud sexual y reproductiva actualmente en vigor quedará en suspenso
si la nueva ley sale adelante.
- Ruiz Salguero, M.T., A. Cabré, T. Castro Martín, M. Solsona (2008). Anticoncepción y salud reproductiva en España: Crónica de una (r)evolución. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Sedgh, G. et al. (2012). Induced abortion: incidence and trends worldwide from 1995 to 2008. Lancet 379 (9816): 625-632.
- Loghi et al (2013) Trent’anni di declino dell’aborto volontario in Italia, Neodemos
