La chispa que prendió al pueblo turco
El 30 de mayo, la violencia con que la policía desalojó una acampada contra la construcción de un centro comercial en el simbólico Parque Gezi sacó inesperadamente a la calle a miles de personas en Estambul. Las protestas fueron extendiéndose hasta a una cincuentena de ciudades, mientras los manifestantes y ONG denunciaron una escalada represiva: detenciones ilegales, uso desproporcionado de fuerza e incluso tortura. En los enfrentamientos, cuatro personas han muerto hasta hoy, una de ellas a causa del uso de fuego real en circunstancias aún por aclarar. El número de heridos se sitúa entre los 4.000 y los 5.000.
En Estambul sigue creciendo el número de tiendas de campaña que cubren el Parque Gezi, mientras que la adyacente plaza Taksim fue desalojada a primera hora del 11 de junio por un dispositivo policial que usó gases lacrimógenos y agua a presión.
La acampada comienza a organizarse lentamente y de manera espontánea, sin la celebración de asambleas y en un ambiente festivo. “También en Esmirna y en Ankara está ocurriendo lo mismo”, cuenta la activista Elif. “La gente trae comida, y todo es gratis. Casi no usamos el dinero. Hay bibliotecas, talleres y estudiantes preparándose para los exámenes”.
A pesar de que los más veteranos empiezan a acusar el cansancio de más de una semana de movilización continua, la afluencia de “çapulcu” (indigentes), término despectivo con el que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan bautizó a los manifestantes, no ha disminuido.
Al contrario, el sábado 8 fue, según los medios de comunicación internacionales, la jornada de protestas más concurrida en todo el país. Por la tarde volvió a recrudecerse la violencia en la capital, Ankara, donde la policía trató de dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos y cañones de agua. Tres días después en Taksim se repitieron las mismas escenas. Entretanto, por el lado del Ejecutivo continuaban alternándose los mensajes apaciguadores y de desafío. Mientras que el portavoz del Gobierno turco compareció el domingo 9 para desmentir el rumor de elecciones anticipadas y reiterar la disposición del Ejecutivo a “escuchar demandas razonables”, el primer ministro se mantenía inflexible. Tras descalificar a los manifestantes y relacionarlos incluso con el grupo terrorista que atentó recientemente contra la embajada de EE UU, Erdogan optó por movilizar a la amplia base electoral del Partido de la Justicia y el Progeso (AKP), que ha respondido arropándole masivamente en los primeros encuentros públicos tras la ocupación del parque. Sin embargo, unos días más tarde, el vicepresidente del partido señalaba que el primer ministro estaría dispuesto a reunirse con una comisión de los detractores de la transformación del parque.
El rechazo a la figura de Erdogan es el denominador común que ha hecho posible el gran impacto de las protestas, aglutinando a un amplio abanico ideológico. Aunque el 70% de los manifestantes, según una encuesta de una universidad, no se consideran vinculados a ningún partido, y el estereotipo de çapulcu es el de un joven urbano, laico y de clase media, un vasto espectro político encuentra representación en las protestas.
Desde progresistas socialdemócratas o kemalistas (seguidores de la idea nacional de Kemal Atatürk, considerado padre de la “patria turca”) o militantes del Partido Republicano, la principal oposición parlamentaria, hasta agrupaciones comunistas, antiautoritarias, LGTB o de musulmanes anticapitalistas. También los grupos étnicos (kurdos) o religiosos (alevíes) aprovecharon para expresar su rechazo a las políticas Gobierno. Por otro lado, no sólo el rechazo al autoritarismo y las políticas conservadoras en lo social y neoliberales en lo económico amenazan con resquebrajar la hegemonía de Erdogan; también lo hacen el rechazo a la intervención en la guerra de Siria, y las consecuencias derivadas, sobre todo entre la población fronteriza. El primer ministro, no obstante, opta por confiar en el gran apoyo con que cuenta entre la población de más edad y rural, ante la necesidad de mostrar un perfil fuerte de cara a las próximas elecciones de 2014, en las que aspira a la Presidencia del país.
Sin embargo, a pesar del amplio 50% de votos con que cuenta el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), el viceprimer ministro Bulent Arinç y el presidente Abdulah Gül han preferido mostrarse conciliadores, reuniéndose con una comisión de manifestantes y disculpándose por la violencia policial.
También la presión internacional está afectando a Turquía, incluso de manera indirecta. EE UU y Reino Unido desaconsejan a sus ciudadanos viajar a las principales ciudades turcas, en las que empiezan a repercutir ya las cancelaciones hoteleras. A las protestas de los primeros días se sumaron sindicatos como el KESK –la confederación del sector público–, o colegios profesionales como el de médicos o el de abogados, que convocaron huelga. Plantearon como exigencias mínimas el fin de la violencia policial y el castigo a sus responsables, así como la liberación de los detenidos y la preservación del Parque Gezi.
Los manifestantes denunciaron también la acción de censura, en el país que más periodistas tiene encarcelados a nivel mundial. Unos 30 jóvenes fueron detenidos en Esmirna por incitar a la revuelta por las redes sociales. Se informó del uso de inhibidores de ondas para restringir el acceso a internet en los epicentros de las protestas, y las principales cadenas del país apenas si están cubriendo las manifestaciones, obligando a la gente a seguirlas por la televisión extranjera. Esto ha llevado al boicot contra empresas de estos grupos mediáticos. En protesta por la cobertura de la cadena NTV, la gente comenzó a retirar sus ahorros del Banco Garanti, ambos pertenecientes a Dogus Holding.
Article publicat a DIAGONAL
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