En la discusión actual sobre la supuesta inviabilidad del sistema de
pensiones públicas se está haciendo toda una serie de aseveraciones,
reproducidas algunas de ellas por la llamada Comisión de Expertos sobre
las Pensiones, que requieren una reconsideración a la luz de la
evidencia existente. En tal discusión se asumen erróneamente varias
suposiciones, presentándolas como hechos y realidades, cuando en
realidad la evidencia científica existente las cuestiona. Entre ellas
están las siguientes declaraciones:
1. El hecho de que la esperanza de vida de los españoles haya
crecido seis años en los últimos treinta años quiere decir que las
personas ancianas viven seis años más. Esto no es así. Hay que saber
cómo se calcula la esperanza de vida. Si España, por ejemplo, tuviera
solo dos ciudadanos, uno la Sra. García, que vive hasta que tiene 80
años, y otro, el pequeño Juanito, que muere al poco de nacer, entonces
la esperanza de vida promedio de España sería (80+0)/2=40 años. Suponga
el lector que treinta años más tarde España continuara teniendo solo dos
ciudadanos. Uno la Sra. Pérez que, como la Sra. García, muere a los 80
años, y el otro ciudadano, Manuel, que vive hasta los 20 años. La
esperanza de vida de esta España reciente sería de (80+20)/2=50 años, es
decir, diez años más que la España de ayer. Pero esto no quiere decir,
como constantemente se malinterpreta, que la Sra. Pérez viva diez años
más. En realidad, continúa muriendo a los 80 años. Lo que ocurre es que
el bebé que moría antes, ahora ya no muere y vive 20 años más.
Y esto es lo que ha ocurrido en España, la mortalidad infantil ha
estado bajando mucho (lo cual ha estado ocurriendo también en la mayoría
de países de la Unión Europea) y con ello la esperanza de vida (que es
el promedio de años de vida que el ciudadano medio vivirá) ha subido.
Pero el aumento de la esperanza de vida no repercute automáticamente en
el mismo aumento de años de vida de los ancianos.
2. Como consecuencia de que las personas vivan más años, existe la
necesidad de que también trabajen más años. Si viven seis años más,
deberían trabajar seis años más. Este
supuesto ignora la enorme variabilidad en las tasas de mortalidad que
existe en España entre las personas pertenecientes a distintas clases
sociales. Un catedrático de Universidad, por ejemplo, es probable que
viva siete años más que la mujer de la limpieza
de la Universidad en la que él trabaja. Es una medida profundamente
injusta exigir a la segunda persona –la mujer de la limpieza- que
trabaje dos años más (y algunos están incluso hablando de cinco años
más) para pagarle la pensión al primero –al catedrático-. El retraso
indiscriminado de la edad de jubilación es profundamente injusto. Y es,
sin embargo, el criterio que se está utilizando y promoviendo. Hoy, en
España, la persona del decil superior de renta vive diez años más que la
persona del decil inferior. Hacer una propuesta “igual para todos” sin
tener en cuenta la enorme desigualdad de condiciones de vida y muerte
debería ser rechazado por inmoral y antidemocrático.
3. A mayores años de vida adicionales de la población, mayor es su capacidad y obligación de trabajar. Esta
observación, derivada de la anterior, continúa ignorando que no solo la
esperanza de vida varía mucho según la clase social, sino también su
calidad de vida. La calidad de vida de los años añadidos a la longevidad
de una persona jubilada varía también de una manera muy evidente y
clara según el tipo de trabajo y empleo (y, por lo tanto, de clase
social del individuo) que ha tenido durante su vida laboral. A menor
nivel de renta de la persona, y a menor autonomía, creatividad y
condiciones satisfactorias del trabajo y empleo que la persona haya
desarrollado, mayor es la discapacidad y limitaciones “propias de la
edad”, con menor deseo de continuar su trabajo. De esta realidad se
deriva el principio aplicado en muchos países –pero no en España- de que
la jubilación es un derecho más que una obligación. Para la mujer de la
limpieza es una bendición el poder dejar de trabajar. Pero no así para
un catedrático, o para un médico, o para un profesional que goza en su
trabajo. La aplicación del principio de considerar la jubilación como un
derecho (como ocurre ya en muchos países a los dos lados del Atlántico)
implica el derecho a que no haya obligación de jubilarse. Como profesor
de Hopkins yo no tengo el deber de jubilarme. Siempre y cuando el
trabajo esté al nivel que se exige de un profesor de universidad, la
institución no puede jubilarme, como resultado de la ley que prohíbe la
discriminación a los ancianos (una ley, por cierto, que sería muy
necesaria en España, donde la discriminación en contra de los ancianos
es muy acentuada).
4. El mayor problema que determina la necesidad de reformar
el sistema de pensiones es el demográfico. A más gente anciana que vive
más años y menos gente joven, mayor será el problema de la financiación.
Esto no es así, pues se ignoran muchas realidades. En los sistemas de
financiación a base de contribuciones sobre el trabajo (las cotizaciones
sociales), el escenario no consiste en jóvenes versus ancianos, sino en
trabajadores versus pensionistas. E incluso más importante es la
cantidad de la aportación, que depende del salario y de la
productividad. De la misma manera que ahora el 2% de la población que
trabaja en agricultura produce más alimentos de los que producía el 18%
que trabaja en el campo hace cuarenta años, un trabajador dentro de
cuarenta años producirá y contribuirá muchas veces lo que produce y
contribuye un trabajador ahora. En realidad, el mayor problema que tiene
el sistema de financiación actual de las pensiones no es el
demográfico, sino el laboral, es decir, el escaso porcentaje de puestos
de trabajo, consecuencia, en parte (no de la siempre supuesta rigidez
del mercado laboral) de la escasísima producción de puestos de trabajo
(e incluso más escasa producción de buenos puestos de trabajo) resultado
de un escaso desarrollo de la infraestructura social y humana del país.
Si España tuviera el mismo porcentaje de la población adulta trabajando
en los servicios del Estado del Bienestar que tiene Suecia, España
tendría cinco millones más de puestos de trabajo. Es esta escasez de
puestos de trabajo el problema de las pensiones contributivas, tema que
ni está ni se espera en la citada Comisión. Es lamentable que la
solución que predeciblemente aparece como más factible sea la reducción
de las prestaciones en lugar de aumentar los recursos para mantenerlas e
incluso expandirlas.
Para profundizar leer Lo que debes saber para que no te roben la pensión (Espasa, 2013) de Vicenç Navarro y Juan Torres.
Article de Vicenç Navarro publicat a PÚBLICO.ES
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