Artículo publicado en el blog envejecimientoenred del departamento de población del CSIC.
Dar un “cheque-dependencia” a todas las personas mayores que tengan
similares problemas de discapacidad, podría tener un efecto perverso;
parece una medida igualitaria pero podría aumentar las diferencias entre
colectivos de mayores ante problemas de salud.
¿Por qué?
En un reciente estudio
se pone de manifiesto que un nivel más alto de educación amplifica
significativamente la asociación inversa existente entre renta y
discapacidad en los mayores. Esta asociación, ya conocida ampliamente,
señala que las personas con más ingresos tienen menos discapacidad (por
eso la llamamos inversa), pero si además tienen un nivel educativo alto
esa asociación inversa se amplifica.
En la figura 1 se observa que las personas de alto nivel educativo y
bajos ingresos tienen una probabilidad de discapacidad del 9,1%; con
altos ingresos la probabilidad sería sólo del 5,5% (casi la mitad). En
las de bajo nivel educativo se observa también una disminución de esta
probabilidad, pero en este caso no sería tan acusada (de un 10,7% se
pasaría a un 8,7%). Las personas con buen nivel educativo e ingresos
demuestran tener una especial habilidad para evitar la discapacidad.
Figura 1.- Probabilidad de discapacidad
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia, EDAD 2008 (INE). Nota: Probabilidad de discapacidad predicha por el modelo ajustado en el artículo citado.
Si trasladamos este hallazgo (a título de hipótesis) a las personas
mayores que tienen problemas de discapacidad, la conclusión sería clara:
organizando políticas sociales con beneficios económicos (dinero) de
forma universal, podría resultar que las personas con más estudios
obtuviesen más beneficio que los que cuentan con menos estudios, y se
acentuarían las diferencias con el paso del tiempo.
La solución también parecería clara: como a los mayores no se les
puede dar cursos acelerados para aumentar su nivel educativo, que
atenuaría las desventajas entre colectivos, ni se les puede dar un
“cheque-dependencia” por igual (se beneficiarían más unos que otros),
sería preferible establecer políticas que se centrasen en una cartera de
servicios ad hoc para similares situaciones de dependencia, más que en
políticas de distribución universal de beneficios económicos. A fin de
cuentas es lo que establece la Ley de Dependencia, que deja las
prestaciones económicas como algo excepcional (artículos 14, 18) y pone
el acento en los servicios. Por supuesto, aumentar el nivel educativo de
las personas desde las etapas iniciales de la vida sería socialmente
mucho más rentable.
Los resultados que aquí se presentan provienen de un estudio
transversal y, por lo tanto, expresan las relaciones que se perciben en
el momento de observación; no puede asegurarse que intervenciones
relacionadas con estos aspectos fueran a tener los efectos sugeridos.
Para ello, para asegurarlo, habría que confirmar los resultados con
nuevos estudios, a ser posible longitudinales, que permitiesen hacer un
seguimiento de las mismas personas en el tiempo, para comprobar el
efecto de los servicios ad hoc o de los ingresos extra en la
ralentización del deterioro funcional.
-A higher level of education amplifies the inverse association between income and disability in the Spanish elderly. (No es open access).
Antonio Abellán García (1), Ángel Rodríguez-Laso (2), Rogelio Pujol Rodríguez (1), Laura Barrios (3).
(1) Departamento de Población, CSIC; (2) Matía Instituto Gerontológico; (3) SGAI, CSIC.
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