Publicado el 12 de junio de 2014 en la web del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTHA
Si por la mañana los inspectores de Hacienda proponían abrir un debate para legalizar la prostitución y el tráfico de drogas blandas,
por la tarde los técnicos de la Agencia Tributaria han salido al paso
de la idea y han defendido que "no se deben buscar ingresos a cualquier
precio".
En un comunicado, Gestha señala que con el pago de impuestos se
estarían blanqueando actividades ilícitas y agregó que éstas "deben
perseguirse penalmente como hasta ahora, sobre todo cuando la
prostitución implica la inmigración ilegal, el tráfico de personas y su
explotación sexual por redes criminales algo que, según los expertos en
la materia, es la práctica mayoritaria".
En cambio, los técnicos proponen como alternativa perseguir
el que es, según ellos, el primer foco de la evasión fiscal: las
grandes empresas y patrimonios, y que a día de hoy solo concentran el 20% de los esfuerzos de la Agencia Tributaria.
El secretario general de la organización, José María Mollinedo,
aseguró que "no se deben buscar ingresos a cualquier precio, como parece
que proponen los inspectores, sino que se debe intensificar la lucha
contra el fraude fiscal".
Delito a partir de los 50.000 euros
Por otra parte, rechazaron la propuesta de los inspectores de elevar
el umbral para considerar delito fiscal a 600.000 euros, desde los
120.000 euros actuales, para la suma de cuotas defraudadas.
Al contrario, reclaman que la barrera baje hasta los 50.000 euros
defraudados por impuesto y año, el mismo nivel fijado para considerar
delitos los fraudes a la Seguridad Social y a la Hacienda Europea.
De este modo, Gestha considera que la propuesta de los inspectores
supondría un "aliciente" para cometer fraude fiscal, ya que, de llevarse
adelante, la suma de tres fraudes de 150.000 euros anuales no llegaría
al umbral de 600.000 euros, por lo que no existiría delito donde
actualmente hay tres.
Aseguraron además que la modificación anunciada por los inspectores
implicaría cambios en investigaciones polémicas que se están tramitando
actualmente, como el caso Noós y las supuestas donaciones en B que
afectan a partidos políticos. "Ninguno de estos supuestos fraudes sería
delito con la reforma de los inspectores", sentenciaron.
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