Excelente artículo de Albert Sales, sociólogo, politólogo y activista e investigador en el ámbito de la lucha contra la pobreza y las desigualdades, publicado en su blog + arguments? Un análisis sobre la criminalización de la pobreza mediante la implantación de medidas represivas a través de la aprobación y aplicación de ordenanzas municipales, con las que se pretende culpabilizar a lxs pobres de su situación y, al mismo tiempo, dejar claro que sólo hay un camino por el que se nos permite transitar.
Hace unas semanas, el Parlamento Húngaro aprobaba una ley que habilita a los cuerpos policiales y a las administraciones locales para castigar a las personas que duerman en la calle con multas, trabajos para la comunidad e, incluso, con penas de cárcel. Hungría ha dado un paso adelante en la criminalización de las personas en situación de exclusión severa pero es importante recordar que este país no es ninguna isla en un mar de comprensión social hacia el fenómeno del sinhogarismo. Son multitud, los municipios europeos y españoles llevan años impulsando ordenanzas municipales y prácticas policiales orientadas a dificultar la vida en sus calles .
El acoso y la persecución a las actividades callejeras relacionadas con la marginalidad no han llegado con el estallido de la crisis. Forma parte de un modelo de gobernabilidad de la miseria que se impone paralelamente a las políticas neoliberales. Un modelo que requiere un férreo control de la creciente pobreza que se genera a partir de la reducción de las políticas de protección social, de la precarización del empleo y de la mercantilización de todos los aspectos de la vida cotidiana. No se trata solamente de mantener el espacio público de las grandes ciudades, nodos imprescindibles de la economía globalizada, limpio y atractivo para las inversiones turísticas o los encuentros de negocios, también se hace imprescindible transmitir a la ciudadanía que la ética liberal del trabajo es más vigente que nunca. Y para someter a quienes todavía se consideran de clase media a la precariedad postindustrial hay que criminalizar y estigmatizar a los que se quedan fuera de ella, ya sea por opción o por obligación, perpetuando varios mensajes: “en nuestro sistema, quién duerme en la calle es porque quiere”, “solo se llega a esta situación cuando se ha llevado una mala vida” y “trabajando duro se puede salir”.
Fue este programa de gobernabilidad neoliberal de la pobreza el que llevo, en 2005 , al Ayuntamiento de Barcelona a aprobar una una ordenanza municipal que permitía multar a los indigentes que obstaculizaran el tráfico , la realización de malabares en la calle, la oferta de servicios no requeridos , la prostitución , o el propio hecho de dormir en calle. El rechazo que provocó esta ordenanza ha hecho que se aplicara con diferentes intensidades durante los últimos años pero lo cierto es que la normativa está en vigor. Justo después de la adopción de esta norma por parte del consistorio, el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Madrid de ese momento, Pedro Calvo, solicitó que se tomaran medidas coercitivas para retirar los indigentes y las prostitutas de las calles de la capital del Estado sin necesidad de esperar una orden judicial. Según el concejal “había llegado el momento de dejar a un lado el lenguaje políticamente incorrecto”.
En realidad, el lenguaje políticamente correcto hace tiempo que se ha dejado de lado cuando se habla de personas en situaciones de exclusión severa. En junio de 2010, el portavoz del Ayuntamiento de Sevilla exigía que se aplicaran las ordenanzas municipales a las personas sin hogar para evitar “el deterioro de la convivencia en la ciudad”. Para el concejal Juan Ignacio Zoido, la presencia de los “sin hogar ” en las calles y su manera de utilizar la vía pública constituía un problema para el resto de la ciudadanía. En marzo de 2012, el Pleno Municipal de Valladolid aprobó una modificación de su “ordenanza antivandalismo” para prohibir la mendicidad bajo la amenaza de sanciones de hasta 3.000 euros. En Albacete, Ciudad Real o Alcalá de Henares se han adoptado medidas similares con el objetivo de “limpiar las calles de prostitutas y mendigos”. A principios de 2013, el Ayuntamiento de Alicante también aprobó una ordenanza que permitía multar a prostitutas e indigentes en caso de no seguir las instrucciones de la policía municipal. El resultado ha sido el colapso de los juicios rápidos en la Audiencia Provinciales en septiembre del mismo año.
Normas por ahora restringidas al ámbito municipal podrían dar el salto a la legislación estatal española sin demasiadas dificultades. En abril de 2011, el entonces alcalde de Madrid, Aberto Ruiz Gallardón, pidió públicamente una ley que habilitara a la policía municipal para sacar a las personas sin hogar de la vía pública por la fuerza. Gallardón argumentaba que en su ciudad había recursos de pernocta suficientes para que nadie durmiera en la calle pero que no disponía de la autoridad legal para obligar a nadie a utilizarlos. Se trata del mismo argumento utilizado hace unos días por el Secretario de Estado húngaro cuando defendía su nueva ley y de una simplificación de la realidad con la que se intenta alimentar el mito de que todo el que duerme en la calle lo hace porque quiere.
Con la imposición ideológica del neoliberalismo, se ha roto el consenso en torno al término cohesión social. Las bolsas de pobreza en medio de la opulencia de las sociedades de consumo han dejado de ser un fenómeno que se combatía de manera más o menos acertada desde los poderes públicos para ser una realidad inevitable que debe gestionarse. En las explicaciones sobre la persistencia de la pobreza en un entorno de abundancia han ganado peso los factores individuales, e incluso en un momento de profunda depresión económica y extensión del riesgo de pobreza, el conocimiento convencional distingue entre la “nueva pobreza” víctima de la coyuntura y la “pobreza de siempre” víctima de sus propios vicios y estilos de vida desviados. La exaltación de la diferencia entre los “nuevos pobres” y los “marginados” recupera la preocupación por el desperdicio de los recursos públicos en tiempos de escasez, culpando a las personas de barrios estigmatizados, las minorías étnicas e inmigrantes, los pequeños delincuentes, las personas que ejercen la prostitución en la calle, las personas sin hogar y las drogodependientes… de ser un pozo sin fondo para los menguados presupuestos sociales de las administraciones. Incluyendo tal diversidad de situaciones en el concepto exclusión social, la sociedad mayoritaria se desmarca de las realidades incómodas atribuyéndolas a la falta de ética y la falta de ganas de trabajar.
Pero la realidad es testaruda, y la extensión del riesgo de pobreza se ha extendido en España hasta un escandaloso 27% (para 2011 según Eurostat). El descenso de la renta de los hogares es imparable. De los 26.500 euros de renta familiar disponible de media en 2008 se ha pasado a los 24.609 en 2011. Y las desigualdades cada vez más exageradas, con un aumento de los millonarios del 13% en 2013. La estigmatización de las capas más vulnerables de la población no es más que un lamentable triunfo de la ideología que justifica el expolio y la explotación para enriquecer al 1%.
Fuente fotografía: http://plataformaantiaborregamiento.blogspot.com.es/2012/05/vinetas-pobreza.html
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