Artículo de Luisa Lores publicado en Nueva Tribuna
Decenas de miles de españoles no han podido hacer frente a sus hipotecas firmadas con las cajas de ahorros, cuya gestión fraudulenta supuso el desahucio de muchas familias.
Estas cajas de ahorros, tras ser rescatadas con miles de millones de
euros de dinero público, han sido regaladas a la gran banca, junto con
las viviendas hipotecadas, cuya venta negocian con fondos de inversión
que no cotizan en España.
La contribución de las grandes empresas a la sostenibilidad de
nuestros servicios públicos es por lo demás mínima, gracias a su
negociación secreta con el actual presidente de la comisión europea Jean
Claude Juncker, cuyo objetivo declarado era evitar el pago de impuestos en
España y cotizar, con enormes reducciones, en el paraíso fiscal de
Luxemburgo.
Este desfalco a las arcas públicas está en el origen de los recortes y
del incremento del paro, y de los copagos y el desmantelamiento y
privatización de nuestro sistema sanitario, nuestros servicios sociales y
nuestro sistema educativo.
Las familias desahuciadas se ven forzadas a alimentase en comedores
sociales, atendidos por miles de voluntarios españoles, que sirven los
productos conseguidos gracias a la solidaridad de las personas que aún
mantienen su trabajo, cada vez más precarizado.
Esta colecta está gestionada por el Banco de Alimentos, vinculado al gran capital y controlado por La Fundación Lealtad,
en manos de la misma gran banca y de las grandes empresas que han
arruinado las arcas públicas. Su colaboración con estas ONG les permite
incrementar, aún más, su desgravación fiscal.
El patronato de la fundación Lealtad lo forman la constructora OHL, el presidente de Bankinter, el Banco Santander, Mutua Madrileña, Inditex, Telefónica y PWC y buena parte de los presidentes de los bancos de alimentos de España están vinculados al Opus Dei, según la organización “Redes Cristianas”.
En un solo año el Banco mueve varios cientos de millones de euros en
alimentos comprados por los ciudadanos, sobre todo en hipermercados y
grandes superficies, que de esta forma no necesitan costear la
destrucción de sus excedentes. Actualmente el Banco solicita
preferentemente comida precocinada, demasiado rica en grasa saturadas,
hipercalórica y escasamente nutritiva, para dar salida a estos productos
poco saludables, especialmente para los niños, y cada vez más
denostados.
La oligarquía española ya nos ha quitado casi todo.
Ahora ha descubierto el negocio de las ONG, que además de gestionar
nuestra solidaridad a base de voluntariado sin sueldo, permite desgravar
impuestos y sembrar su ideología.
Solo la población podrá recuperar los derechos de la ciudadanía, donde los de siempre promueven caridad rentable y casposa.
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