La represión selectiva de "nuestro" gobierno a propósito de los comentarios en las redes sociales sobre el asesinato de la presidenta de la Diputaciòn de león

Fernando Flores, profesor titular de Derecho Constitucional y miembro del Institut de Drets Humans de la Universitat de València, analiza la finalidad de las medidas represivas que ha puesto en marcha el gobierno de España a raíz de los comentarios vertidos en las redes sociales sobre el asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León y miembra y presidenta del PP de León, entre otros muchos cargos. 

A continuación reproducimos el artículo publicado en el blog colectivo sobre Derechos Humanos ALREVÉSYALDERECHO. No te lo pierdas

La administradora del blog

EJEMPLARIZANTE

Me pregunto si, en un Estado de Derecho, la finalidad de un ataque a (de una intromisión en) las libertades públicas de los ciudadanos por parte de los poderes públicos puede ser “la búsqueda de la ejemplaridad”.

En relación con la reacción ofensiva y violenta de algunas personas en las redes sociales tras el asesinato de la Presidenta de la Diputación de León, desde el Ministerio del Interior se afirma:

“Este tipo de comportamientos no pueden quedar impunes porque si no se da la sensación de que las redes sociales son una isla en la que atacar, insultar, calumniar, defender la violencia o desear la muerte a alguien desde el anonimato sale gratis”.

Imaginemos ahora que el Ministerio del Interior, a la vista de que el grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas ha llegado a tener imputado a un 20% de sus miembros, ordena a la policía a investigar la vida privada de todos –todos– los diputados y diputadas de ese Grupo. Justificándolo así:

“Este tipo de comportamientos no pueden quedar impunes porque si no se da la sensación de que los parlamentos son una isla en la que robar, falsear documentos, traficar influencias, prevaricar, desviar fondos, enriquecerse a costa del erario público, sale gratis”.

Ejemplarizante, ¿no?

Al parecer, para el Gobierno del Partido Popular cualquier cosa es ejemplarizante menos aplicar la Constitución. Sin embargo, lo exigible en sociedades democráticas es que para justificar acciones como las que propone el Ministro del Interior contra los tuiteros se apliquen muy rigurosamente criterios como la previsión legal, el fin legítimo, y la proporcionalidad respecto de las libertades afectadas… Pero lo de la ejemplaridad es nuevo, y de paso inconstitucional.

La ejemplaridad no es un fin legítimo. El fin legítimo puede ser salvaguardar el derecho del injuriado, pero “dar ejemplo”, mostrar que hacer las cosas mal “no sale gratis”, no es un fin legítimo en Derecho. Por lo demás, la ejemplaridad no está prevista por la ley, y es obvio que su aplicación, además de arbitraria (¿es que puedo desear públicamente que muera un etarra, pero no que muera un político, o que pase a mejor vida Justin Bieber?) choca frontalmente con el principio de proporcionalidad que exige la intromisión del Estado en mi privacidad y en mi libertad de expresión.

Resulta obvio que este Gobierno defiende la represión selectiva. Ésta recae sobre las personas que ponen en cuestión sus políticas, y sobre los ámbitos en que ese cuestionamiento circula de forma más libre. Así, para el Gobierno son ejemplarizantes las cargas policiales contra los ciudadanos que se manifiestan, para dar ejemplo y que vean lo que les pasaría si emularan las acciones violentas de unos pocos. Y lo son las monitorizaciones masivas de nuestros correos electrónicos y comunicaciones, para que, encontrado el terrorista, sepamos que si nos aficionamos a enaltecerlo tenemos los días contados.

Cuando era pequeño, en el colegio tuve un profesor que al entrar en clase dejaba sobre la mesa una vara de madera de medio metro. Una vara reluciente con los bordes afilados. Con ella pegaba en los nudillos de las manos a quienes hablaban con los compañeros, aunque fuera para pedir el sacapuntas. Teníamos seis años y la clase era un cementerio. Ejemplarizante. Creo que el Ministro del Interior –el Gobierno del Partido Popular- considera a los ciudadanos, o niños o delincuentes; o niños delincuentes. En suma, enemigos en potencia. Desde esta perspectiva la represión no consiste solo en reaccionar contra una acción presuntamente ilegal o delictiva, sino atemorizar al conjunto de individuos para que la autocensura obre por sí sola. No cabe duda de que resulta mucho más fácil gobernar los cementerios.

En estos días se han escrito varios artículos que explican muy bien, y desde distintas perspectivas, el porqué la iniciativa ejemplarizante del Ministerio no tiene cobertura legal, vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos y es un despropósito político. Por ejemplo, Jesús Maraña en infoLibre, Isabel Elbal en Contrapoder, o José Antonio Marina en El Mundo, argumentan muy razonablemente sobre la hipocresía del Gobierno, sobre los límites rigurosos que le impone el ordenamiento jurídico, así como sobre la conveniencia de no echar mano de la policía y el Código Penal cuando la respuesta a los excesos debe venir desde la educación y la presión social.

Sin embargo, ningún argumento, por ejemplar que sea, va a torcer la posición reaccionaria de un partido y un Gobierno que, en materia de derechos, tiene las cosas claras. Cada vez es más fuerte en mí la convicción de que la que debería ser ejemplarizante, nuestra Constitución (y “esta Constitución” no es sólo una norma, es un pacto político de la Comunidad que se cumple o no se cumple), ya no nos protege, ni siquiera mínimamente, contra los actos autoritarios y violadores de derechos de quienes nos gobiernan. Lo demás, viene por añadidura.

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Agents dels Mossos d'Esquadra reben instrucció a Israel sobre tècniques de "seguretat ciutadana".

Article publicat al Setmanari de Comunicació Directa

La comissió audiovisual 15Mbcn ha publicat un vídeo acompanyat d'una campanya a les xarxes socials amb l'etiqueta #TestedInCombat “provat en combat” per demostrar, una vegada més, la complicitat i cooperació entre l'Estat espanyol i Israel, les seves institucions públiques i empreses privades, en matèria de seguretat ciutadana. Aquest concepte, popularitzat recentment pel nou projecte de Llei de Seguretat Ciutadana del Partit Popular, és la traducció al català del que utilitza l'empresa Guardian Spain, especialitzada en cursos de formació en “homeland security”. L'objectiu d'aquesta indústria militar i policial és la recerca i perfeccionament de tècniques i estratègies per combatre els “enemics interns” de l'Estat i preservar l'ordre del país. Amb aquests propòsits, Guardian Spain duu a terme cursos a Israel on instrueixen els seus alumnes en tècniques provades en combat contra la població civil. Aquest extrem està ratificat al vídeo per un alumne que afirma: “pel conflicte que tenen, tenen molt avançades i depurades el que són les tècniques de tir”, en una clara al·lusió als 60 anys de conflicte amb el poble palestí, que han permès a l'exèrcit i les forces i cossos de seguretat d'Israel convertir els territoris ocupats en un laboratori de tècniques de repressió contra la població civil i de violació dels drets humans.

Els clients de Guardian Spain

Fins a 4000 euros es poden arribar a pagar per un curset de dues setmanes a territori israelià amb l'empresa Guardian Spain. Entre els seus principals clients trobem la Casa Reial, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional espanyola, l'Ertzaintza, la Policia Foral de Navarra i el cos dels Mossos d'Esquadra. En el vídeo fet públic per la comissió audiovisual de l'acampada barcelonina del 15M, hi apareix una delegació dels Mossos d'Esquadra fent proves de tir a les instal·lacions de Guardian Spain a Israel. Les imatges pertanyen a un vídeo recordatori d'un curs celebrat l'agost de 2011 i es pot veure com els participants llueixen una samarreta identificativa del cos policial català. Durant aquests períodes d'instrucció, els clients poden arribar a disparar fins a 2500 bales en 15 dies, mentre que a l'Estat espanyol la legislació limita aquest xifra a 75 projectils en tot un any. El vídeo explica que agents dels Mossos d'Esquadra s'entrenen a Israel en tècniques de seguretat ciutadana provades en combat i que algunes d'aquestes tècniques poden arribar a ser letals. Tanmateix, s'afirma que, segons la Conselleria d'Interior, “són legals i respecten tots els protocols vigents”.

El vídeo s'acaba amb l'interrogant encara no resol de qui és realment qui paga aquests cursos. Les imatges dels camps d'instrucció i entrenament de Guardian Spain precedeixen el testimoni d'un alumne que recomana el curs afirmant “hem après molt dels millors” i “cobreix altament les expectatives de qualsevol professional”. Aquest vídeo s'ha fet públic deu dies abans que es presenti l'informe Negocis Ocults sobre les relacions de l'Estat espanyol amb Israel.

Font fotografia: http://www.guardianspain.com/fotos-cursos/

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SÍ, HACE FALTA UNA LEY DE HUELGA. ISAAC ROSA TE EXPLICA PORQUÉ

Isaac Rosa

¿Una ley de huelga? Por supuesto: hace falta una, y con urgencia. Cada año que pasa es más necesaria, pues tienen razón el presidente del gobierno, la alcaldesa de Madrid o el presidente de la patronal: cada vez más ciudadanos ven afectados sus derechos esenciales por no tener una ley que los ampare, y la falta de legislación permite los abusos y las prácticas salvajes. Hace falta una ley de huelga que garantice derechos, acabe con los abusos y ponga a cada uno en su sitio.

Sí, no me miren así, hablo en serio. En la última huelga general, por ejemplo, hubo millones de ciudadanos que no pudieron ejercer el derecho reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución: el derecho a la huelga. Ya les habría gustado tener una ley que los amparase, que garantizase su derecho, que les permitiese hacer huelga sin miedo a ser despedidos al día siguiente, sin coacción empresarial.

En cuanto a los abusos, están a la vista de todos: el piquete más activo en toda huelga siempre es el piquete patronal. Los reventadores no son los que ponen silicona en las cerraduras o bloquean la salida de autobuses en las cocheras, sino los jefes que pasan lista el día antes y preguntan a los trabajadores quién piensa hacer huelga, y toman nota.

Hace falta una ley de huelga, sí: una que proteja a quienes más dificultades tienen para ejercer su derecho, aquellos para quienes la precariedad es un servicio mínimo insalvable. Una ley para que las autoridades, policía incluida, persigan a los empresarios revientahuelgas con la misma contundencia que emplean contra los piquetes.

Y lo mismo podríamos decir de los servicios mínimos: el incumplimiento sistemático no es de los trabajadores, sino de los gobernantes que una y otra vez interpretan el vacío legal a su antojo y fijan mínimos abusivos, incluso en servicios que no tienen nada de esenciales. Mínimos que se repiten huelga tras huelga, aunque la justicia dé la razón a los trabajadores a toro pasado.

Lo de los “servicios mínimos” es un invento muy español, ajeno a otros países donde sí está regulado el derecho a la huelga, y que aquí se interpreta arbitrariamente. Encima suele servir para otros abusos habituales: la guerra de cifras, el habitual porcentaje pequeño y con decimales con que las autoridades minusvaloran el éxito de toda huelga; y la fabricación de una imagen de “normalidad”, que rompa la excepcionalidad que conlleva toda huelga.

En cuanto a prácticas salvajes, una ley de huelga debería poner coto a una cada vez más frecuente: el esquirolaje, al que tantas empresas recurren mediante subcontratación, externalización de tareas afectadas, o llevando la producción a otros centros. Una ley de huelga debería impedir que una alcaldesa chantajee a los trabajadores amenazando con recurrir a otra empresa; o que una concesionaria de un servicio como la lavandería hospitalaria de Madrid pueda llevarse el trabajo a otras instalaciones para anular la protesta de sus trabajadores, y así no les quede más remedio que aceptar salarios de miseria.

Claro que hace falta una ley de huelga contundente. Igual que necesitamos una ley de seguridad ciudadana, pero una que merezca ese nombre, que haga sentir más seguros a los ciudadanos: una ley que nos proteja en nuestro derecho de reunión y manifestación, para que no seamos acosados y golpeados, infiltrados por policías reventadores, identificados arbitrariamente, sancionados abusivamente. Para que alguien pueda ir a una manifestación sin arriesgarse a volver tuerto a casa.

Pero claro, si la ley de seguridad ciudadana se la encargan a un antidisturbios, imagino que la ley de huelga la pondrán en manos de algún jefe de recursos humanos experto en reventar huelgas, o incluso a algún dirigente patronal que ayer celebraba el anuncio de Rajoy.

Artículo publicado en EL DIARIO.ES

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¿LUCHAR CONTRA LA POBREZA O LUCHAR CONTRA LXS POBRES?

Excelente artículo de Albert Sales, sociólogo, politólogo y activista e investigador en el ámbito de la lucha contra la pobreza y las desigualdades, publicado en su blog + arguments? Un análisis sobre la criminalización de la pobreza mediante la implantación de medidas represivas a través de la aprobación y aplicación de ordenanzas municipales, con las que se pretende culpabilizar a lxs pobres de su situación  y, al mismo tiempo, dejar claro que sólo hay un camino  por el que se nos permite transitar.

Hace unas semanas, el Parlamento Húngaro aprobaba una ley que habilita a los cuerpos policiales y a las administraciones locales para castigar a las personas que duerman en la calle con multas, trabajos para la comunidad e, incluso, con penas de cárcel. Hungría ha dado un paso adelante en la criminalización de las personas en situación de exclusión severa pero es importante recordar que este país no es ninguna isla en un mar de comprensión social hacia el fenómeno del sinhogarismo.  Son multitud, los municipios europeos y españoles llevan años impulsando ordenanzas municipales y prácticas policiales orientadas a dificultar la vida en sus calles .

El acoso y la persecución a las actividades callejeras relacionadas con la marginalidad no han llegado con el estallido de la crisis. Forma parte de un modelo de gobernabilidad de la miseria que se impone paralelamente a las políticas neoliberales. Un modelo que requiere un férreo control de la creciente pobreza que se genera a partir de la reducción de las políticas de protección social, de la precarización del empleo y de la mercantilización de todos los aspectos de la vida cotidiana. No se trata solamente de mantener el espacio público de las grandes ciudades, nodos imprescindibles de la economía globalizada, limpio y atractivo para las inversiones turísticas o los encuentros de negocios, también se hace imprescindible transmitir a la ciudadanía que la ética liberal del trabajo es más vigente que nunca. Y para someter a quienes todavía se consideran de clase media a la precariedad postindustrial hay que criminalizar y estigmatizar a los que se quedan fuera de ella, ya sea por opción o por obligación, perpetuando varios mensajes: “en nuestro sistema, quién duerme en la calle es porque quiere”, “solo se llega a esta situación cuando se ha llevado una mala vida” y “trabajando duro se puede salir”.

Fue este programa de gobernabilidad neoliberal de la pobreza el que llevo, en 2005 , al Ayuntamiento de Barcelona a aprobar una  una ordenanza municipal que permitía multar a los indigentes que obstaculizaran el tráfico , la realización de malabares en la calle, la oferta de servicios no requeridos , la prostitución , o el propio hecho de dormir en calle. El rechazo que provocó esta ordenanza ha hecho que se aplicara con diferentes intensidades durante los últimos años pero lo cierto es que la normativa está en vigor. Justo después de la adopción de esta norma por parte del consistorio, el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Madrid de ese momento, Pedro Calvo, solicitó que se tomaran medidas coercitivas para retirar los indigentes y las prostitutas de las calles de la capital del Estado sin necesidad de esperar una orden judicial. Según el concejal “había llegado el momento de dejar a un lado el lenguaje políticamente incorrecto”.

En realidad, el lenguaje políticamente correcto hace tiempo que se ha dejado de lado cuando se habla de personas en situaciones de exclusión severa. En junio de 2010, el portavoz del Ayuntamiento de Sevilla exigía que se aplicaran las ordenanzas municipales a las personas sin hogar para evitar “el deterioro de la convivencia en la ciudad”. Para el concejal Juan Ignacio Zoido, la presencia de los “sin hogar ” en las calles y su manera de utilizar la vía pública constituía un problema para el resto de la ciudadanía. En marzo de 2012, el Pleno Municipal de Valladolid aprobó una modificación de su  “ordenanza antivandalismo” para prohibir la mendicidad bajo la amenaza de sanciones de hasta 3.000 euros. En Albacete, Ciudad Real o Alcalá de Henares se han adoptado medidas similares con el objetivo de “limpiar las calles de prostitutas y mendigos”. A principios de 2013, el Ayuntamiento de Alicante también aprobó una ordenanza que permitía multar a prostitutas e indigentes en caso de no seguir las instrucciones de la policía municipal. El resultado ha sido el colapso de los juicios rápidos en la Audiencia Provinciales en septiembre del mismo año.

Normas por ahora restringidas al ámbito municipal podrían dar el salto a la legislación estatal española sin demasiadas dificultades. En abril de 2011, el entonces alcalde de Madrid, Aberto Ruiz Gallardón, pidió públicamente una ley que habilitara a la policía municipal para sacar a las personas sin hogar de la vía pública por la fuerza. Gallardón argumentaba que en su ciudad había recursos de pernocta suficientes para que nadie durmiera en la calle pero que no disponía de la autoridad legal para obligar a nadie a utilizarlos. Se trata del mismo argumento utilizado hace unos días por el Secretario de Estado húngaro cuando defendía su nueva ley y de una simplificación de la realidad con la que se intenta alimentar el mito de que todo el que duerme en la calle lo hace porque quiere.

Con la imposición ideológica del neoliberalismo, se ha roto el consenso en torno al término cohesión social. Las bolsas de pobreza en medio de la opulencia de las sociedades de consumo han dejado de ser un fenómeno que se combatía de manera más o menos acertada desde los poderes públicos para ser una realidad inevitable que debe gestionarse. En las explicaciones sobre la persistencia de la pobreza en un entorno de abundancia han ganado peso los factores individuales, e incluso en un momento de profunda depresión económica y extensión del riesgo de pobreza, el conocimiento convencional distingue entre la “nueva pobreza” víctima de la coyuntura y la “pobreza de siempre” víctima de sus propios vicios y estilos de vida desviados. La exaltación de la diferencia entre los “nuevos pobres” y los “marginados” recupera la preocupación por el desperdicio de los recursos públicos en tiempos de escasez, culpando a las personas de barrios estigmatizados, las minorías étnicas e inmigrantes, los pequeños delincuentes, las personas que ejercen la prostitución en la calle, las personas sin hogar y las drogodependientes… de ser un pozo sin fondo para los menguados presupuestos sociales de las administraciones. Incluyendo tal diversidad de situaciones en el concepto exclusión social, la sociedad mayoritaria se desmarca de las realidades incómodas atribuyéndolas a la falta de ética y la falta de ganas de trabajar.

Pero la realidad es testaruda, y la extensión del riesgo de pobreza se ha extendido en España hasta un escandaloso 27% (para 2011 según Eurostat). El descenso de la renta de los hogares es imparable. De los 26.500 euros de renta familiar disponible de media en 2008 se ha pasado a los 24.609 en 2011. Y las desigualdades cada vez más exageradas, con un aumento de los millonarios del 13% en 2013. La estigmatización de las capas más vulnerables de la población no es más que un lamentable triunfo de la ideología que justifica el expolio y la explotación para enriquecer al 1%.

Fuente fotografía: http://plataformaantiaborregamiento.blogspot.com.es/2012/05/vinetas-pobreza.html

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¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN EGIPTO? MIGUEL L. JIMÉNEZ ATENCIA TE FACILITA ALGUNAS CLAVES PARA COMPRENDER UNA SITUACIÓN DISTORSIONADA POR LOS MASS MEDIA

Miguel Luis Jiménez Atencia es miembro de la mesa estatal del Frente Cívico Somos Mayoría. En este breve artículo -breve por la complejidad del tema tratado- el autor arroja luz sobre una situación distorsionada y manipulada por los medios de comunicación y la opinión pública internacional- que más acertadamente deberíamos denominar opinión política internacional- al tiempo que aporta algunas claves para interpretar los graves acontecimientos, insostenibles desde el punto de vista humano,  que se suceden en este país.

Te invitamos a leer..

Egipto: Un poco de análisis sobre la tragedia.

Si preguntásemos a todos los amigos que leen este modesto texto quién o quiénes son los responsables de las atrocidades que está viviendo Egipto, estoy seguro de que habría infinidad de opiniones. Para unos serían los Hermanos Musulmanes (HM de aquí en adelante), para otros sería el Ejército, otros dirían que Mubarak, Mursi, el Islam, la pobreza, etc. Esto es así porque los medios de comunicación que sirven a los que mandan de verdad en este mundo, así lo han dispuesto. La confusión en medio del caos como cortina de humo y parapeto para los verdaderos responsables de los centenares de muertos que ya acumula el pueblo egipcio.

En todo análisis político es imprescindible la memoria; ir al inicio de los acontecimientos, estudiar la reacción de los diferentes actores implicados y ver quienes son los beneficiados y perjudicados por la situación que se analiza. Sólo de esta forma nos libraremos, al menos en parte, del yugo que supone para nuestro discernimiento los medios de comunicación, que mejor sería llamarlos de adoctrinamiento.

El 24 de Junio de 2012, el candidato de los HM, Mohamed Mursi, ganaba en segunda vuelta, las primeras elecciones democráticas de la historia de Egipto con un 51,73% de los votos. Su contrincante fue el general y ex primer ministro de Mubarak, Ahmed Shafiq.

Apenas un año después, el 3 de Julio del 2013, Abdel Fatah al Sisi, jefe de las Fuerzas Armadas, anunció la suspensión de la Constitución y la destitución del presidente, Mohamed Mursi en un comunicado que es televisado, tras la ocupación de la sede de la televisión oficial por parte del Ejército. Días antes, el contrincante del Presidente Mursi en las elecciones, Ahmed Shafiq, permanecía en Arabia Saudí tomando unas vacaciones donde se reunió con el premio Nobel de la Paz, Mohamed ElBaradei.

El 14 de Julio de 2013, Mohamed ElBaradei tomaba posesión de su cargo como nuevo Vicepresidente de asuntos internacionales. Igualmente, tomaron posesión como ministro de Exteriores, Nabil Fahmi, quien fuera embajador de Egipto en Washingon entre 1999 y 2008 (obviamente con Mubarak en el poder) y Ahmed Galal, economista por la Universidad de Boston y con experiencia en el Banco Mundial. Su principal labor será negociar los prestamos por valor de 3600 millones de € que el FMI condiciona a realizar reformas de marcado carácter neoliberal.

Llegados a este punto creo que es lícito preguntarse un par de cosas:

1.- ¿Cómo un Nobel de la Paz se pone al servicio de un gobierno golpista?

2.- Con los antecedentes de connivencia/sevicio con EEUU de los miembros más destacados del Gobierno golpista ¿alguien puede creer que son independientes?

Cuando se dió el golpe militar en Egipto el 3 de Julio del 2013, el presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, John Boehner y diarios como The Wall Street Journal aplaudieron dicha acción. Boehner declaró que el Ejército egipcio es “ una de las instituciones más respetadas […] y sus militares, en nombre de los ciudadanos, hicieron lo que debían hacer al reemplazar al presidente”.

Un paso más allá fue el rotativo The Wall Street Journal publicando en su editorial del 4 de julio lo siguiente: “ los egipcios serán afortunados si sus nuevos generales gobernantes siguen el ejemplo chileno de Augusto Pinochet, quien asumió el poder en medio del caos, pero reclutó a reformistas partidarios del libre mercado y generó una transición hacia la democracia”. Sobran las palabras…

Repasando la hemeroteca de estos últimos 15 días resultan bochornosas las piruetas linguísticas que se han llevado a cabo desde EEUU, UE y la ONU para no pronunciar el término “Golpe de Estado” y para justificar el apoyo, de facto, al nuevo gobierno golpista. En esta línea, la portavoz del Departamento de estado de EEUU, Jennifer Psaki, en declaraciones para la cadena CNN indicaba: “La razón por la que continuamos ofreciendo ayuda a Egipto es porque tenemos una larga y amplia relación que tiene que ver con nuestra seguridad nacional y la estabilidad regional”.

Por otro lado, Catherine Ashton, jefa de la diplomacia europea se despachaba con un comunicado donde abogaba por un retorno rápido al proceso democrático. Dicho retorno debería incluir: “la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas y la aprobación de una Constitución” que permita a Egipto “continuar y completar su transición”. Habría que preguntarle a la señora Ashton si es que las elecciones que ganó el Presidente Mohamed Mursi no fueron “libres y justas” y si no se aprobó igualmente una constitución, aunque a ella no le gustase.

Parece pues, que hemos llegado a un punto donde empezamos a adoctrinar a la población en que hay dos tipos de golpes de estado: aquellos que ponen en riesgo la doctrina neoliberal y el estatus quo del poder, que se condena de inmediato y justifica la ocupación y destrucción de países con el consentimiento de la ONU, y aquellos que sirven precisamente para mantener o introducir las doctrinas neoliberales, los cuales son justificados de forma martilleante por toda una pléyade de medios de comunicación al servicio de los poderes fácticos, es decir, de los quede facto tienen el poder. Todo esto, se lleva a cabo con el mayor de los desprecios para todo lo que significa la democracia y los derechos humanos por aquellos supuestos y autoproclamados defensores de la libertad y la democracia. Que infamia!!

Es en esta falta de condena en unos casos y de condenas casi anticipadas en otros, donde debemos buscar a los verdaderos responsables de las miles de muertes que ya sufre Egipto y de los cientos de miles que soporta Oriente medio.

¿Quién sale fortalecido en la zona?

Pregúntenle a Israel.

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EL NEGOCIO DE LA XENOFOBIA

Entrevista a Claire Rodier, jurista i membre de la Xarxa per la Llibertat de Moviment MIGREUROP, arran de la publicació del seu llibre El Negoci de la Xenofòbia. 

 Publicada a la revista digital DIAGONAL

'El negocio de la xenofobia' (Clave Intelectual, 2013) parte de un hecho: en los presupuestos europeos de 2014 a 2020, marcados por las políticas llamadas de austeridad, las partidas para vigilancia de fronteras crece. La autora, la jurista francesa Claire Rodier, ha investigado en este libro los principales contratos que la Unión Europea o EE UU firman con compañías de alta tecnología para el control de los flujos migratorios. Rodier, fundadora de la red Migreurop, explica en esta entrevista cómo se relacionan estos desarrollos tecnológicos con las políticas de externalización de fronteras organizadas por los distintos gobiernos europeos.

¿Qué papel juega en esta gestión público/privada la agencia Frontex? ¿Por qué el Frontex es lucrativo en el plano económico?

La agencia europea Frontex, que se encarga de coordinar la cooperación operativa entre los Estados miembros para la vigilancia de las fronteras exteriores de la UE, es el núcleo de un sistema que asocia a los industriales del sector de la seguridad con la administración europea. Financiada con fondos públicos, la agencia necesita materiales sofisticados para llevar a cabo sus operaciones fronterizas (aviones, helicópteros, barcos, equipamientos diversos), y desde 2011 tiene la capacidad de comprar sus propios equipamientos. Su presupuesto ha experimentado un crecimiento exponencial, pasando de seis millones de euros en 2005 a 130 millones de euros seis años después. En 2008, la Comisión informó de que gracias a Frontex se había evitado la entrada de 53.000 personas con un coste de 24 millones de euros. Ese mismo año, al menos dos millones de inmigrantes entraron en la UE, según la OCDE.

Frontex ocupa un lugar estratégico en los recintos donde se tejen los lazos entre los proveedores de fondos y las empresas privadas que fabrican el material que necesita (especialmente, la industria armamentística y la de tecnología punta). A dichas industrias les interesa sobremanera su desarrollo y autonomía, y por tanto la intensificación de los controles fronterizos. Se trata de poderosos lobbies con influencia en la definición de las políticas migratorias de Europa, cada vez más represivas y que representan para esas empresas una fuente de ingresos.

¿Cuáles son las principales empresas en este negocio? ¿Cómo combinan el afán de lucro y la ideología?

En Europa, se puede citar por ejemplo a la francesa Thalès, la italiana Finmeccanica, la española Indra, la alemana Siemens, la francoalemana EADS y la sueca Eriksson. Dichas empresas sufren una dura competencia de la industria estadounidense (especialmente Boeing) e israelí, ambas punteras en tecnologías de la vigilancia. Por ese motivo los europeos se han organizado para plantar cara a la situación: a finales de 2010 se lanzó el proyecto OPARUS, que reúne a Sagem, BAE Systems, Thalès, EADS, Dassault Aviation y algunos otros en la elaboración de una estrategia común de explotación de los drones (aviones teledirigidos) para vigilancia de fronteras terrestres y marítimas.

"La industria europea quiere hacer frente a la competencia de EE UU o israelí con el uso de drones en las fronteras" Al invertir en el mercado de la seguridad migratoria, esas empresas gozan de un clima ideológico que desde principios de los años 2000 se ha infiltrado en los discursos de la mayoría de los gobiernos de la UE y de las instituciones europeas, y que consiste en convertir al inmigrante en una amenaza frente a la que es importante protegerse.

En el Estado español se han conocido recientemente las estadísticas sobre tortura y hay un capítulo aparte para los Centros de Interna­miento de Extranjeros (CIE). A nivel general, ¿cómo funcionan estos centros en Europa?

No hay homogeneidad en el funcionamiento ni en la gestión de los centros de detención administrativa de migrantes en Europa, que dependen de las legislaciones nacionales. La duración legal de la detención varía mucho de un país a otro, y no existen unas normas mínimas relativas a las condiciones de la detención. El único marco que fija la directiva europea de retorno de 2008 se refiere a la duración máxima de la detención –18 meses– y a la posibilidad de los extranjeros detenidos de apelar a asociaciones competentes, cosa que de hecho no se respeta en todos los Estados miembros.

En un informe de 2008, el grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria destacaba que ciertos países permiten la detención de solicitantes de asilo y de inmigrantes al margen de un contexto penal o de seguridad nacional con el fin de establecer la identidad de los inmigrantes clandestinos y de los solicitantes de asilo cuya demanda haya sido denegada para permitir su expulsión hacia sus países de origen. En otros Estados, la detención es obligatoria y en ocasiones incluso es empleada para desanimar a futuros refugiados o migrantes. Algunos exigen que la detención sea ordenada por un juez, pero la mayoría de ellos recurren a la detención administrativa.

La frontera de Europa ya no está en territorio europeo sino que son otros países los que ejercen esta labor. ¿Qué consecuencia tiene este cambio?

La externalización de los controles migratorios que caracteriza a la política europea de inmigración y asilo consiste en hacer que terceros Estados se hagan cargo de la gestión de los migrantes que supuestamente quieren llegar a Europa de manera irregular. Esto aumenta los riesgos de violación de los derechos fundamentales de los migrantes: por una parte porque aleja de la mirada de la opinión pública europea actos como el sabotaje de barcos llenos de balseros realizados por los guardacostas en alta mar, o las expulsiones masivas llevadas a cabo en la frontera argelino-marroquí. Y por otra parte, esta subcontratación de los controles migratorios a funcionarios de Estados que no se ciñen a las mismas obligaciones evita a la UE tener que responder por el incumplimiento de esos derechos protegidos por convenciones internacionales. Por ejemplo, la violencia que ejercieron los guardias fronterizos marroquíes durante los asaltos de migrantes contra las fronteras de Ceuta y Melilla en 2005, que provocaron varios fallecidos, no dieron lugar jamás a investigación judicial.

¿Cómo influyen los acuerdos de readmisión en las relaciones entre la UE y los países de origen o de tránsito?

En 1999, los Estados miembros de la UE integraron la lucha contra la inmigración ilegal en sus relaciones con los países de la cuenca mediterránea, pero también con los nuevos Estados independientes de Europa central, de los Balcanes y de Asia central. Esos acuerdos obligan a los países asociados a Europa a “readmitir” no sólo a sus ciudadanos en situación irregular, sino también a todos los migrantes sin papeles que hayan transitado por su suelo. Por tanto les incitan a reforzar la vigilancia de sus propias fronteras.

Para obtener tal colaboración, la UE emplea como moneda, según los casos, la simplificación de los trámites de pasaportes, las ayudas económicas al desarrollo u otras contrapartidas diplomáticas o económicas. Al hacerlo, está perpetuando una relación de dominación cuyos costes pagan los migrantes y los solicitantes de asilo. Hasta la fecha, Marruecos se ha negado a firmar un acuerdo de readmisión con la UE: tal resistencia es un poderoso resorte en las relaciones entre ambos, convirtiendo a los migrantes casi en un recurso nacional, al igual que ocurría en Libia en los tiempos de Gaddafi, que se servía de ellos como moneda de cambio. "El discurso de que el inmigrante es una amenaza ha creado un clima ideológico que interesa a las empresas de seguridad"

Habla de una retórica del miedo en torno al negocio de la xenofobia. ¿Cómo funciona esta retórica? ¿Quiénes favorecen el crecimiento de estos discursos?

Después del 11S, la legislación relativa a los migrantes cobraría un cariz cada vez más restrictivo, alimentando el fantasma del enemigo venido de fuera para amenazar la integridad europea, sin que por ello se registrase una disminución notable del número de entradas de migrantes irregulares en Europa.

En el libro trato de enseñar las funciones ideológicas de los controles migratorios, es decir la manera en que se presentan como una respuesta a las supuestas preocupaciones de la opinión pública. Aquí volvemos a encontrar la lógica, que conocemos bien, del chivo expiatorio: en el contexto de la crisis económica y social que está marcando el principio de este siglo, la “manipulación de la incertidumbre” (la expresión es de Zygmunt Bauman) permite al poder, incapaz de aportar soluciones a los problemas de la población, asentar su autoridad. 

Font fotografia: http://socialismointernacional.org/category/europa/

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L@S INDIGNAD@S DE BRASIL

El aumento en el precio del transporte fue la brecha por la que se coló el profundo descontento que vive la sociedad brasileña. En apenas dos semanas las movilizaciones se multiplicaron: de 5 mil los primeros días a más de un millón en cien ciudades. La desigualdad, la falta de participación y la represión son los grandes temas.

Los abucheos y rechiflas dieron la vuelta al mundo. Dilma Rousseff no se inmutó, pero sus facciones denotaban incomodidad. Joseph Blatter sintió la reprobación como algo personal y se despachó con una crítica a la afición brasileña por su falta de fair play. Que la presidenta de Brasil y el mandamás de la FIFA, una de las instituciones más corruptas del mundo, fueran desairados por decenas de miles de aficionados de clase media y media alta, porque los sectores populares ya no pueden acceder a estos espectáculos, refleja el hondo malestar que atraviesa a la sociedad brasileña.

Lo sucedido en el estadio Mané Garrincha de Brasilia saltó a las calles, amplificado, el lunes 17, cuando más de 200 mil personas se manifestaron en nueve ciudades, en particular jóvenes afectados por la carestía y la desigualdad, que se plasma en los elevados precios de servicios de baja calidad, mientras las grandes constructoras amasan fortunas en obras para los megaeventos a cargo del presupuesto estatal.

Todo comenzó con algo muy pequeño, como sucede en las grandes revueltas del siglo XXI. Un modesto aumento del transporte urbano de apenas 20 centavos (de 3 a 3.20 reales, dos pesos uruguayos). Primero fueron pequeñas manifestaciones de militantes del Movimiento Pase Libre (MPL) y de los comités contra las obras del Mundial de 2014. La brutalidad policial hizo el resto, ya que consiguió amplificar la protesta convirtiéndola en la mayor oleada de movilizaciones desde el impeachment contra Fernando Collor de Melo, en 1992.

El viernes 7 de junio se realizó la primera manifestación en São Paulo contra el aumento del pasaje con poco más de mil manifestantes. El martes 11 fueron otros tantos, pero se quemaron dos autobuses. Las dos principales autoridades, el gobernador socialdemócrata Geraldo Alckmin, y el alcalde petista Fernando Haddad, se encontraban en París promoviendo un nuevo megaevento para la ciudad y tacharon a los manifestantes de vándalos.

El miércoles 12 una nueva manifestación se saldó con 80 autobuses atacados y ocho policías heridos. El jueves 13 los ánimos estaban caldeados: la policía reprimió brutalmente a los 5 mil manifestantes provocando más de 80 heridos, entre ellos varios periodistas de Folha de São Paulo. Un tsunami de indignación barrió el país que se tradujo, pocas horas después, en los abucheos contra Dilma y Blatter. Hasta los medios más conservadores debieron reflejar la brutalidad policial. La protesta contra el aumento del boleto convergió sin proponérselo con la protesta contra las millonarias obras de la Copa de las Confederaciones. Lo que parecían manifestaciones pequeñas, casi testimoniales, se convirtieron en una ola de insatisfacción que abarca todo el país.

Síntoma de la gravedad de los hechos es que el lunes 17, cuando se produjo la quinta movilización con más de 200 mil personas en una decena de capitales, los políticos más importantes del país, los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inacio Lula da Silva condenaron la represión. Descalificarlos como vándalos es un grave error. Decir que son violentos no resuelve nada. Justificar la represión es inútil, escribió Cardoso quien atribuyó las protestas al desencanto de la juventud frente al futuro.

Lula tuiteó algo similar: La democracia no es un pacto de silencio, sino una sociedad en movimiento en busca de nuevas conquistas. La única certeza es que el movimiento social y las reivindicaciones no son cosa de la policía, sino de mesas de negociación. Tengo la certeza de que entre los manifestantes la mayoría están dispuestos a ayudar a construir una solución para el transporte urbano. Además de desconcertar a las élites, los manifestantes consiguieron que se suspendieran los aumentos.

La sensación de injusticia

El transporte público en ciudades como São Paulo y Rio de Janeiro es uno de los más caros del mundo y su calidad es pésima. Un relevamiento del diario Folha de São Paulo analiza los precios del transporte público en las dos mayores ciudades del país respecto del tiempo de trabajo necesario para pagar un pasaje, en relación con el salario medio en cada ciudad. El resultado es catastrófico para los brasileños.

Mientras un habitante de Rio necesita trabajar 13 minutos para pagar un pasaje y un paulista 14 minutos, en Buenos Aires sólo se tiene que trabajar un minuto y medio, 10 veces menos. Pero la lista incluye las principales ciudades del mundo: en Pekín el pasaje equivale a 3 minutos y medio de trabajo; en París, Nueva y Madrid, seis minutos; en Tokio, nueve minutos, lo mismo que en Santiago de Chile. En Londres, una de las ciudades más caras del mundo, cada pasaje demanda 11 minutos de trabajo ( Folha de São Paulo, 17 de junio de 2013).

El periódico cita al ex alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, para ejemplificar lo que debería ser la democratización urbana: La ciudad avanzada no es aquella en la que los pobres andan en auto, sino aquella en la que los ricos usan el transporte público. En Brasil, concluye el diario, está sucediendo lo contrario.

En los últimos ocho años el transporte urbano en São Paulo se ha deteriorado según revela un informe de O Estado de São Paulo. La concesión vigente fue asignada durante la gestión de Marta Suplicy (PT) en 2004. El sistema de transporte colectivo creció de mil 600 a 2 mil 900 millones de pasajeros entre 2004 y 2012. Sin embargo, los autobuses en circulación descendieron de 14 mil 100 unidades a 13 mil 900. La conclusión es casi obvia: Más gente está siendo transportada pagando un precio más caro en menos omnibus que hacen menos viajes ( O Estado de São Paulo, 15 de junio de 2013). En cada unidad viaja 80 por ciento más de pasajeros.

Según la Secretaría Municipal de Trasportes de la ciudad, la mejora en la situación económica ha provocado un aumento de la cantidad de pasajeros pero, a su vez, los autobuses hacen menos viajes por el congestionamiento del tránsito, lo que inevitablemente recae sobre los usuarios que sufren por la ineficiencia del sistema, con el aumento en el tiempo de los viajes. Los costos también se han disparado por la ineficiencia que supone un mal aprovechamiento de la infraestructura.

Si a esto se suma el despilfarro que suponen las inversiones millonarias en las obras del Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos 2016, con su secuela de traslados forzados de pobladores, puede comprenderse mejor el malestar reinante. Los seis estadios que se inauguraron en la Copa de las Confederaciones insumieron casi 2 mil millones de dólares. La remodelación de Maracaná superó 500 millones y otro tanto el Mané Garrincha, una obra monumental con 288 columnas que le confieren un aspecto de coliseo romano moderno, según el secretario general de la FIFA, Jerome Valcke. Todo ese dinero público para recibir un partido durante la Copa y siete en el Mundial.

Son recintos de lujo construidos por media decena de grandes constructoras, algunas de las cuales se adjudicaron también la administración de estas arenas donde se realizarán espectáculos a los que muy pocos tendrán acceso. El costo final de todas las obras suele duplicar los presupuestos iniciales. Aún faltan seis estadios que están en obras, la remodelación de aeropuertos, autopistas y hoteles. El BNDES acaba de conceder un préstamo de 200 millones de dólares para la finalización del Itaquerão, el nuevo estadio del Corinthians, donde se jugará el primer partido del Mundial 2014.

Cansados de pan y circo

La Articulación Nacional de los Comités Populares de la Copa difundió un informe en el que señala que en las 12 ciudades que albergarán partidos del Mundial hay 250 mil personas en riesgo de ser desalojadas, sumando las amenazadas por realojos y las que viven en áreas disputadas para obras (BBC Brasil, 15 de junio de 2013). Hubo casos en que una vivienda fue demolida con un aviso previo de sólo 48 horas. Muchas familias realojadas se quejan de que fueron trasladadas a lugares muy distantes con indemnizaciones insuficientes para adquirir nuevas viviendas, de menos de cinco mil dólares en promedio.

Para completar este panorama, sólo para la Copa de las Confederaciones se dispuso un operativo militar que supuso la movilización de 23 mil elementos de las tres armas que incluye un centro de comando, control e inteligencia. El dispositivo moviliza 60 aviones y 500 vehículos. La disputa del Mundial 2014 ha obligado a Brasil a construir 12 estadios, 21 nuevas terminales aeroportuarias, siete pistas de aterrizaje y cinco terminales portuarias. El costo total para el Estado de todas las obras será de 15 mil millones de dólares.

Ante semejante despliegue de gastos para construir recintos de lujo resguardados con máxima seguridad, el Consejo Nacional de Iglesias Cristianas (CONIC) divulgó un comunicado en el que condena la brutalidad policial asegurando que lo sucedido el 13 de junio en São Paulo nos remite a tiempos sombríos de la historia de nuestro país (www.conic.org.br). El texto de las iglesias denuncia la falta de apertura al diálogo y asegura que la cultura autoritaria sigue siendo una característica del Estado brasileño.

Le recuerda al gobierno que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acaba de hacer varias recomendaciones, entre ellas poner fin a la policía militar. La CONIC cree que la represión policial contra las manifestaciones es la misma de los exterminios de jóvenes que suceden cotidianamente en las periferias de las ciudades. Finaliza diciendo que los grandes eventos que sólo traerán más ganancias al mercado financiero y a los mega conglomerados empresariales. No queremos sólo circo. Queremos también pan, fruto de la justicia social.

Si este es el estado de ánimo de las iglesias, puede imaginarse cómo se sienten los millones de jóvenes que invierten dos horas en ir a trabajar, tres en retornar a sus casas en ómnibus estúpidos y caros y enfrentan 200 kilómetros de congestionamiento, como describe el escritor Marcelo Rubens Paiva ( O Estado de São Paulo, 16 de junio de 2013). Todos los paulistas saben que los ricos viajan en helicóptero. Brasil posee una de las mayores flotas de aviación ejecutiva del mundo. Desde que gobierna el PT la flota de helicópteros creció 58.6 por ciento, según la Asociación Brasileña de Aviación General (ABAG).

São Paulo tiene 272 helipuertos y más de 650 helicópteros ejecutivos que realizan alrededor de 400 vuelos diarios. Muchos más que ciudades como Tokio y Nueva York. Actualmente la capital paulista es la única ciudad del mundo que posee un control de tráfico aéreo exclusivo para helicópteros, dice la ABAG. Por eso fluye a indignación y por lo mismo tantos festejaron el retorno de la protesta, para lo que tuvieron que esperar nada menos que dos décadas.

Article de Raúl Zibechi llegit a la revista PUEBLOS 

Fonts fotografies: http://laestrella.com.pa/online/impreso/2013/06/24/revuelta-en-brasil.asp 
http://www.elcomercio.es/20130623/mas-actualidad/internacional/brasil-reportaje-descontento-jovenes-201306211924.html

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Fuente: La Jornada, 24/06/2013.

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DE CÓMO LA DERECHA UTILIZA A LA IZQUIERDA

Article de Fernando Gil Villa, professor de la Univertitat de Salamanca, publicat a EL DIARIO.ES 

Si hace doce años usted se hubiera topado en una librería con títulos como Los ricos se hacen más ricos mientras los pobres se hacen con la cárcel, o Encarcelad a los pobres, tal vez pensara que sus autores exageran. Si los encontrara ahora, tal vez ya no lo pensaría tanto. Otro título ilustrativo sería el de Zygmunt Bauman: Daños colaterales: desigualdades sociales en la era global. Los pobres encajan bien en la categoría de bajas colaterales de las políticas de ajustes de nuestros gobiernos sureños. Se descartan porque su escasa importancia no justifica el coste de su protección. En los países más pobres y desiguales de Europa la metáfora se escenifica en los suicidios y otros actos de desesperación como el del ciudadano italiano desempleado y separado, el cóctel explosivo favorito de la exclusión social que disparó contra los carabinieri.

Usar términos marciales para hablar de política social no parece tan descabellado. Y es que la retórica del enemigo tanto puede aplicarse al que nos invade desde fuera como al que nos invade por dentro. De hecho, la figura intermedia del inmigrante extranjero encarna eternamente la sensación de amenaza en sociedades con escasez de recursos. Tampoco está fuera de lugar comparar la lógica económica con la militar. En realidad, la seguridad que busca todo sujeto de derecho es doble, física y económica. La segunda no es menos preocupante que la primera. Si no puedes comer estás igualmente muerto. El hambre sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo.

Las políticas de-presoras económicas, son compatibles con las políticas re-presoras del orden público. Si el médico receta austeridad a quien tiene sobrepeso, puede que le haga un favor. La receta podría tener, sin embargo, un efecto fatal para un desnutrido. De la misma forma, llega un punto en el que la cantidad de cosas prohibidas es tal, que la libertad se ahoga.

Ahora bien, en este punto, es especialmente interesante observar cómo parte de los discursos de los partidos de izquierdas justifican inconscientemente esta doble y mortal política basada en la presión. Por un lado, piden a gritos crecimiento, lo que supone en el fondo volver a la locura del capitalismo voraz de consumo, en su insensata huida hacia delante. Sobre todo cuando existe un terreno cultural abonado para ello. Uno en el que la acumulación se convierte en ley no sólo en la dimensión económica sino en la moral: tantos viajes has hecho, tantas idiomas hablas, tantas relaciones has tenido, tantas visitas tienes en Facebook, tanto vales. Los supuestos defensores de las clases humildes olvidan en más de una ocasión que la única solución verdadera, es decir, no provisional, ante una crisis que no es sólo económica, sino de civilización, pasa por educar en un nuevo estilo de vida alejado de la sociedad de consumo, basado en los valores comunitarios de la austeridad y la solidaridad. Pero a veces confunden los objetivos, creen que luchar por la igualdad social es darle al desnutrido el derecho de atracarse de los mismos alimentos materiales y espirituales que los ricos.

De otro lado, si bien es cierto que las políticas neoliberales son a grandes rasgos las causantes de la crisis, se corre el riesgo de acalorarse en la interpretación y acabar confundiendo aquellas políticas con la propia libertad. Convertidas en dos hermanas míticas que dan lugar a la fundación de la democracia –como Rómulo y Remo en el caso de Roma-, se inmortaliza sólo una, dejando la puerta abierta para asesinar a la otra. Insensiblemente, se van colando en nuestras tertulias de café veladas acusaciones a la libertad como responsable del estado lastimoso en que se encuentra su hermana. Andando coja la democracia de la pata de la igualdad, podemos hacer dos cosas para recuperar el equilibrio, centrarnos en vigorizar ese miembro o cercenar el otro para que queden igualados. La tentación de aplicar este último tipo de soluciones es grande porque, en situaciones de desesperación, cortar por lo sano es más rápido, aunque sea doloroso.

Este tipo de creencias más o menos explícitas sobre la austeridad y sobre la libertad, en la medida en que emanan de posiciones ideológicas de izquierdas, tienen la consecuencia no deseada y paradójica de servir de apoyo a una política social conservadora. Hay que ver qué suerte tengo, -debe pensar el gobernante de derechas- , que mis adversarios van a portar mi pancarta favorita, la de “crecer o morir”. Así puedo jugar al despiste y aplicar medidas económicas de-presoras y contar las bajas que causaré como daños colaterales. Y qué bien que las gentes crean que la raíz de la crisis está en el exceso de libertad y en la falta de regulación de las conductas de los banqueros y otros gremios de las finanzas, lo que, por cierto, viene a coincidir felizmente con el aumento de la demanda social de mayores penas para los delincuentes civiles y políticos, aunque sean menores. Así tengo el terreno abonado para mis políticas de control social represoras.

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Los ‘çapulcu’ ponen en jaque al Gobierno conservador de Erdogan

La chispa que prendió al pueblo turco

El 30 de mayo, la violencia con que la policía desalojó una acampada contra la construcción de un centro comercial en el simbólico Parque Gezi sacó inesperadamente a la calle a miles de personas en Estambul. Las protestas fueron extendiéndose hasta a una cincuentena de ciudades, mientras los manifestantes y ONG denunciaron una escalada represiva: detenciones ilegales, uso desproporcionado de fuerza e incluso tortura. En los enfrentamientos, cuatro personas han muerto hasta hoy, una de ellas a causa del uso de fuego real en circunstancias aún por aclarar. El número de heridos se sitúa entre los 4.000 y los 5.000.

En Estambul sigue creciendo el número de tiendas de campaña que cubren el Parque Gezi, mientras que la adyacente plaza Taksim fue desalojada a primera hora del 11 de junio por un dispositivo policial que usó gases lacrimógenos y agua a presión.

La acampada comienza a organizarse lentamente y de manera espontánea, sin la celebración de asam­bleas y en un ambiente festivo. “También en Esmirna y en Ankara está ocurriendo lo mismo”, cuenta la activista Elif. “La gente trae comida, y todo es gratis. Casi no usamos el dinero. Hay bibliotecas, talleres y estudiantes preparándose para los exámenes”.

A pesar de que los más veteranos empiezan a acusar el cansancio de más de una semana de movilización continua, la afluencia de “çapulcu” (indigentes), término despectivo con el que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan bautizó a los manifestantes, no ha disminuido.

Al contrario, el sábado 8 fue, según los medios de comunicación internacionales, la jornada de protestas más concurrida en todo el país. Por la tarde volvió a recrudecerse la violencia en la capital, Ankara, donde la policía trató de dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos y cañones de agua. Tres días después en Taksim se repitieron las mismas escenas. Entretanto, por el lado del Ejecutivo continuaban alternándose los mensajes apaciguadores y de desafío. Mientras que el portavoz del Gobierno turco compareció el domingo 9 para desmentir el rumor de elecciones anticipadas y reiterar la disposición del Ejecutivo a “escuchar demandas razonables”, el primer ministro se mantenía inflexible. Tras descalificar a los manifestantes y relacionarlos incluso con el grupo terrorista que atentó recientemente contra la embajada de EE UU, Erdogan optó por movilizar a la amplia base electoral del Partido de la Justicia y el Progeso (AKP), que ha respondido arropándole masivamente en los primeros encuentros públicos tras la ocupación del parque. Sin embargo, unos días más tarde, el vicepresidente del partido señalaba que el primer ministro estaría dispuesto a reunirse con una comisión de los detractores de la transformación del parque.

El rechazo a la figura de Erdogan es el denominador común que ha hecho posible el gran impacto de las protestas, aglutinando a un amplio abanico ideológico. Aunque el 70% de los manifestantes, según una encuesta de una universidad, no se consideran vinculados a ningún partido, y el estereotipo de çapulcu es el de un joven urbano, laico y de clase media, un vasto espectro político encuentra representación en las protestas.

Desde progresistas socialdemócratas o kemalistas (seguidores de la idea nacional de Kemal Atatürk, considerado padre de la “patria turca”) o militantes del Partido Republicano, la principal oposición parlamentaria, hasta agrupaciones comunistas, antiautoritarias, LGTB o de musulmanes anticapitalistas. También los grupos étnicos (kurdos) o religiosos (alevíes) aprovecharon para expresar su rechazo a las políticas Gobierno. Por otro lado, no sólo el rechazo al autoritarismo y las políticas conservadoras en lo social y neoliberales en lo económico amenazan con resquebrajar la hegemonía de Erdogan; también lo hacen el rechazo a la intervención en la guerra de Siria, y las consecuencias derivadas, sobre todo entre la población fronteriza. El primer ministro, no obstante, opta por confiar en el gran apoyo con que cuenta entre la población de más edad y rural, ante la necesidad de mostrar un perfil fuerte de cara a las próximas elecciones de 2014, en las que aspira a la Presidencia del país.

Sin embargo, a pesar del amplio 50% de votos con que cuenta el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), el viceprimer ministro Bulent Arinç y el presidente Abdulah Gül han preferido mostrarse conciliadores, reuniéndose con una comisión de manifestantes y disculpándose por la violencia policial.

También la presión internacional está afectando a Turquía, incluso de manera indirecta. EE UU y Reino Unido desaconsejan a sus ciudadanos viajar a las principales ciudades turcas, en las que empiezan a repercutir ya las cancelaciones hoteleras. A las protestas de los primeros días se sumaron sindicatos como el KESK –la confederación del sector público–, o colegios profesionales como el de médicos o el de abogados, que convocaron huelga. Plantearon como exigencias mínimas el fin de la violencia policial y el castigo a sus responsables, así como la liberación de los detenidos y la preservación del Parque Gezi.

Los manifestantes denunciaron también la acción de censura, en el país que más periodistas tiene encarcelados a nivel mundial. Unos 30 jóvenes fueron detenidos en Esmirna por incitar a la revuelta por las redes sociales. Se informó del uso de inhibidores de ondas para restringir el acceso a internet en los epicentros de las protestas, y las principales cadenas del país apenas si están cubriendo las manifestaciones, obligando a la gente a seguirlas por la televisión extranjera. Esto ha llevado al boicot contra empresas de estos grupos mediáticos. En protesta por la cobertura de la cadena NTV, la gente comenzó a retirar sus ahorros del Banco Garanti, ambos pertenecientes a Dogus Holding.

Article publicat a DIAGONAL

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