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diumenge, 2 d’octubre del 2016

El "contrato de integración" transmite a la opinión pública que inmigrantes y solicitantes de refugio son riesgos relevantes

Artículo de Javier de Lucas, catedrático de filosofía del derecho y filosofía política, publicado en el blog alrevesyalderecho.


Foto de Catherine Salsbury. 
Estación de Francia. Barcelona.
Muchos de nosotros estamos conmocionados aún (aunque no sorprendidos, desgraciadamente) por la vuelta de tuerca que ha supuesto el Consejo Europeo celebrado el 16 de septiembre en Bratislava, que ha colocado inequívocamente las políticas migratorias y de asilo de la UE bajo el paraguas de las políticas de seguridad y defensa. Una vez más, se envía a la opinión pública europea el mensaje de que inmigrantes y solicitantes de refugio son riesgos relevantes, si no incluso amenazas, para la seguridad de las fronteras y también amenazas internas, como posibles ejércitos de reserva del terrorismo.
Tampoco sorprende –por más que lo deploremos– la inanidad de la cumbre mundial sobre inmigrantes y refugiados celebrada en Nueva York los pasados 19 y 20 de septiembre. Como se puede constatar en el informe previo del Secretario General para esa cumbre y en los informes preparatorios, todo posible acuerdo vinculante dotado de medidas concretas se posponía de entrada hasta 2018 y, por tanto, la Declaración de la cumbre no podía ser poco más que retórica buenista al uso.
Pero aún nos faltaba otro cuarto a espadas en lo que concierne a nuestra respuesta ante los refugiados. Una exigencia que demuestra que se les puede aplicar aquello de que “al que no tiene, incluso eso que tiene se le quitará” (Marcos, 4:25). En lugar de preguntarnos qué debemos ofrecerles, nos afanamos en exigirles un esfuerzo más. A mi juicio, ese es el significado del “contrato de integración”, anticipado por el rey Felipe VIen su discurso el 19 de septiembre en la Cumbre de alto nivel celebrada en la ONU (un discurso obviamente escrito por el Gobierno Rajoy) y formalizado por el rey Guillermo de Holanda, el pasado 21 de septiembre, en el denominado Discurso de la Corona, pronunciado como es tradicional en La Haya, con ocasión de la apertura del año parlamentario.
En ese discurso se subraya que “la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley y la no discriminación por razones de raza, creencia o bien orientación sexual, son valores que debe respetar y acatar cualquiera que quiera vivir en nuestro país”. Y se menciona expresamente “la preocupación social ante las diferencias culturales”, así como la incertidumbre que produce el hecho de que la llegada de los refugiados signifique exigir de los servicios públicos del Estado holandés un esfuerzo que literalmente se reconoce que podría ser “excesivo”.
Por todo ello, se anuncia que, a partir de 2017, el Gobierno impondrá a los recién llegados la firma de una “declaración de participación”, al modo de esa especie de contrato entre el migrante y el Estado, que se extendería a los solicitantes de refugio obligándoles a “respetar las normas y valores de la sociedad holandesa, en especial los principios democráticos de la separación entre Iglesia y Estado, y las libertades de credo y expresión”, pero también la igualdad entre hombres y mujeres.
Se trata en realidad de proponer para los refugiados lo mismo que impuso a los inmigrantes el ministro Sarkozy, recogido con entusiasmo por el Gobierno Rajoy (y, por ejemplo, por el Gobierno valenciano del Sr Camps) y hoy jaleado por la prensa que se muestra preocupada por los problemas de incompatibilidad cultural de los recién llegados (antes inmigrantes, ahora, insisto, refugiados). Una pretensión que no puede ocultar su parentesco con los propósitos del movimiento xenófobo alemán PEGIDA (Patriotas europeos contra la islamización de Europa) que alimenta al ultraderechista Partido AfD (Alternativa para Alemania) y a otros grupos y partidos similares en toda Europa: de Francia al Reino Unido, pasando por Austria, Dinamarca, Grecia o Finlandia.
Aún así, hay a quien le parece poco. El islamófobo dirigente de extrema derecha Geert Wilders calificó el discurso de “cuento de hadas” y reiteró su visión apocalíptica según la cual Holanda está siendo “destruida”, aduciendo de nuevo los recortes en sanidad, la subida de impuestos y las presiones derivadas de la llegada de los refugiados.
Pues bien, lo dijimos entonces y lo repetiremos ahora. Esa pretendida novedad del “contrato de integración” es una falacia. Una de dos: o bien supone compromiso de respeto a la legalidad y en ese caso es superfluo, por pura tautología, pues se debería presumir que todo el que es aceptado como residente acepta cumplir con sus deberes legales (de acción y de omisión, que empiezan básicamente por no causar daño en bienes jurídicamente relevantes de otras personas); o bien ese contrato añade requisitos más allá de lo exigible o de lo prohibido, y en ese otro supuesto es ilegítimo, por incompatible con la presunción general de libertad en la que se basa el Estado de Derecho. Recordemos lo elemental: allí donde no hay daño, donde no hay prohibición, debe imperar el respeto a la libertad, en aras del pluralismo.
Pero, además, es que todo esto es particularmente perverso en el caso de los refugiados. Que a quienes sufren ya enormes dificultades para poder siquiera llegar a plantear su petición de asilo, se les imponga, además, la asimilación cultural COMO CONDICION DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS QUE TIENEN POR SER REFUGIADOS, es un acto de cinismo y supone una manifiesta contravención del marco legal del Convenio de Ginebra de 1951.
¿Tanto cuesta entender que son ellos nuestros acreedores, que los refugiados pueden y deben exigir que cumplamos con nuestros deberes, y no al revés? Más temprano que tarde, esta ceguera se volverá contra nosotros.

divendres, 11 d’abril del 2014

"LXS PELIGROSXS TURISTAS SOCIALES"

No te pierdas el artículo que reproducimos a continuación del demógrafo Julio Pérez Díaz, publicado en su blog Apuntes de Demografía con el título Nacionalismos y políticas migratorias en la Unión Europea. Es realmente ilustrativo.


Dice la Biblia que, en la antigüedad, los israelitas solían practicar un curioso ritual para ofrendar a su dios Yahveh: se escogían dos chivos al azar, el primero era sacrificado por el sacerdote y al segundo se le cargaba con todas las culpas del pueblo judío y era abandonado en el desierto. Este último y desdichado animal se vino a llamar chivo expiatorio, aquel sobre el que se redirige toda la ira y frustración, aquel que es señalado y culpado por todos.
Como muchos siglos más tarde confirmó la psicología social, este mecanismo de atribución de culpas no era exclusividad del pueblo judío, al contrario, se reproducía de manera sistemática en todos los grupos humanos que atravesaban situaciones de crisis. El mismo pueblo de Israel fue, de hecho, chivo expiatorio durante el final de la Edad Media y toda la Edad Moderna. Echar la culpa de todos tus males al prójimo no es nada nuevo, incluso parece ser uno de los recursos más utilizados por los Estados a lo largo de la Historia. Con esto en mente, no es de extrañar que en los países miembros de la Unión Europea se esté generando un asfixiante clima, que todavía no es racismo pero está muy cerca de serlo.

Los Partidos de Ultraderecha están aprovechando la difícil situación económica que atraviesan muchos de sus ciudadanos para mostrar su faceta más radical e intolerante, que justifican recurriendo al argumento de la “emergencia nacional”. El claro ejemplo lo tenemos en el Frente Nacional francés, de Marine Le Pen, política ultraderechista y xenófoba reconocida, que en 2008 no logró ni una solo alcaldía y que en las municipales de este curso ha logrado un 9,2% de votos en las grandes y medianas ciudades. La preocupante tasa de abstención en Francia junto a un Partido Socialista desgastado, plantean, de cara a las elecciones europeas de Junio, un escenario sorprendentemente favorable para la política conservadora, que el otro día declaró que “Ya no hay sitios para los inmigrantes en Europa”.

Francia no es un caso aislado. En Holanda, el Gobierno de coalición cayó en 2012 debido a la deserción del Partido de la Libertad, anti-euro y anti-islam. Geert Wilders, su dirigente, lleva los últimos años haciendo una campaña basada en el rechazo a la entrada de inmigrantes, llegando a hacer declaraciones explícitamente xenófobas. Los suizos votaron mediante referéndum hace unos meses el cortar la libre circulación de personas y se decidieron por el sí. Mientras, los británicos se empeñan en desplegar medidas disuasorias para evitar la llegada de trabajadores extranjeros. Quizás el caso más extremo y alarmante de reacciones nacionalistas y racistas ante la crisis es el de Grecia, dónde el Partido Amanecer Dorado, organización violenta cuya ideología comparte muchos elementos con el nacionalsocialismo, tiene el control de una parte importante del Parlamento.

Ante tan delicada situación, Alemania, centro de Europa, ha decidido sumarse a esta tendencia, inspirados por el dirigente del ultraconservador Partido Bávaro, Horst Seehofer, quien calificó a los futuros inmigrantes como “peligrosos turistas sociales”. El proyecto de reforma de ley migratoria alemana propone que solo puedan quedarse en Alemania aquellos inmigrantes que logren encontrar trabajo en un plazo de entre tres y seis meses, sin importar que sean miembros de la Unión Europea o de países extra-comunitarios. En el proceso de negociación se han llegado a asociar los términos “inmigrante” y “fraude”.

Pese a que la mayoría de los estudios indican importantes ganancias económicas para los países que reciben inmigrantes (más si los que llegan son trabajadores cualificados del Sur de Europa), la tendencia política es limitar y condenar la inmigración, que parece ser chivo expiatorio de esta crisis. La inestabilidad económica que viven muchos de los Estados europeos genera en las poblaciones miedo, que es redirigido por los partidos y utilizado como motor en su vertiginosa ascensión al poder.

La libre circulación de personas y la aceptación de inmigrantes de otros lugares del globo eran dos de los pilares fundamentales del Proyecto Europeo, un proyecto herido por la crisis financiera y que está adoptando una peligrosa dinámica. Parece que, un siglo después, la sombra del nacionalismo vuelve a sobrevolar el viejo continente.

Font forografia: http://trincheradelaimagen.cl/?p=32355

dimecres, 14 d’agost del 2013

EL ESTABLISHMENT NORTEAMERICANO INTENTA JUSTIFICAR LAS ENORMES DESIGUALDADES SOCIALES CON TEORÍAS GENETISTAS, IGUAL QUE HIZO LA ALEMANIA NAZI

El artículo de Vicenç Navarro que reproducimos a continuación, corrobora el punto de vista que Beatriz Gimeno desarrolla en el escrito titulado Ya están aquí, y que publicamos en este blog el dia 10 de agosto. En él, la autora expone, con claros ejemplos, la llegada del fascismo a las instituciones de determinados países europeos -sino de todos, tal y como nos preguntábamos en su presentación- con sus elementos más identificativos: racismo, xenofobia y sexismo, entre otros aspectos. También remarca el tímido rechazo de la opinión pública, partidos políticos e instituciones a unas actitudes y afirmaciones sumamente graves que, tal y como nos recuerda la reciente historia europea, fueron el inicio del desarrollo de un sistema que nos sumió en la barbarie.

Así, Vicenç Navarro pone de relieve hoy la peligrosa difusión en la sociedad norteamericana de determinados estudios pseudocientíficos que intentan justificar las cada vez mayores desigualdades sociales por medio de argumentos que no soportan análisis de ninguna disciplina científica. Estos pseudoestudios han sido publicados en la universidad de Harvard y con ellos se pretende que las políticas económicas aplicadas por el establishment de EEUU no aparezcan ante la opinión pública como las auténticas culpables del empobrecimiento de la mayoría de la ciudadanía, sino que sean condicionantes biológicos y genéticos los expliquen estas inequidades tan injustas. No se puede pedir más falta de respeto a la inteligencia humana.

Lee con nosotrxs...

LAS TEORÍAS GENETISTAS DE LAS DESIGUALDADES
 
Una ideología que se está promoviendo por círculos conservadores y neoliberales a fin de justificar el enorme crecimiento de las desigualdades que caracterizan los tiempos actuales (resultado de la aplicación de políticas conservadoras y neoliberales) es que estas desigualdades son consecuencia de la diversidad genética dentro de las poblaciones en las que existen estas desigualdades. Según esta postura, las desigualdades de renta se presentan como resultado de la diversidad en la composición genética de la población. Así, en un artículo publicado en la prestigiosa revista Science (“GWAS of 126,559 individuals identifies genetic variants associated with educational attainment”. Science, 21. Junio de 2013), los autores (Rietveld et al.) señalan la estructura genética de una persona y/o grupo étnico como causa de su desarrollo educativo y, a través de ello, del nivel de renta que adquiere. Y en la Universidad de Harvard, una tesis doctoral, “IQ and Immigration Policy”de Jason Richwine del Departamento de Políticas Públicas (mayo de 2009), se ha aprobado y publicado recientemente en la que se sostiene que los hispanos en EEUU, procedentes de países de habla hispana, tienden a concentrarse en las clases menos adineradas y con menos recursos de aquel país debido a su supuesta inferior estructura genética, menos desarrollada y de menor calidad –según el autor- que la existente entre la población blanca nacida en EEUU. Para demostrar sus tesis, asume que los hispanos tienen una estructura genética distinta a la de los nativos blancos estadounidenses. Y, al ver que el cociente intelectual (CI) (que es la puntuación obtenida en una prueba diseñada para medir la inteligencia) de los nativos blancos es superior a los de los hispanos, concluye que la supuesta inferioridad de los hispanos se debe a su inferior estructura genética. Es sorprendente que esta tesis haya sido aprobada en uno de los centros que tienen mayor prestigio en el mundo académico estadounidense.

Los errores y falacias de este estudio son múltiples, comenzando por asumir una estructura genética propia de los hispanos, un grupo que, más que étnico, es cultural, que se caracteriza por su enorme diversidad genética. Este supuesto de uniformidad genética, en sí, es una valoración enormemente subjetiva, con tonos racistas claros, lo cual es confirmado cuando el doctorando atribuye también la pobreza de Latinoamérica a la inferioridad genética de las poblaciones que viven en aquel continente, en comparación a la existente en EEUU entre los blancos, para los cuales el autor también asume que tienen unas características genéticas comunes. Y para llegar a su conclusión, asume también que la calidad y el desarrollo intelectual de una persona se miden objetivamente con la prueba de test del CI, prueba bien conocida por su sesgo clasista, pues mide más la habilidad de respuesta al test que el nivel intelectual, estando determinada esta habilidad por una socialización dependiente del contexto social del individuo.

Que una tesis con tanta debilidad metodológica haya sido aprobada en un centro académico como la Universidad de Harvard dice mucho del clima ideológico que se ha alcanzado en círculos del establishment estadounidense, en momentos de gran dominio neoliberal. Tal dominio requiere una teoría hegemónica, legitimadora y justificativa del enorme crecimiento de las desigualdades. Esta teoría, en la que lo social se presenta como biológico, recuerda, por cierto, a las teorías genetistas del nazismo, que hoy se enseñan sin ningún pudor en algunos centros académicos estadounidenses.

Es interesante que la protesta que este estudio ha generado en EEUU (e incluso dentro de Harvard) haya sido desechada por las autoridades académicas de tal universidad por considerarla un ataque a la libertad de conocimiento y de investigación, libertad que está, por cierto, enormemente limitada en aquel centro (y en la mayoría de centros académicos estadounidenses) como consecuencia de las enormes limitaciones en su diversidad ideológica, estando la ideología de tales centros muy sesgada hacia posturas conservadoras y neoliberales, poco sensibles al pensamiento crítico. En realidad, este panfleto (que se legitima presentándose como tesis doctoral) intenta justificar una estructura de poder que es la que financia, apoya y promueve este tipo de estudios, excluyendo a pensadores críticos de tal estructura y dando el favor, en su lugar, a pensadores que favorecen tal estructura del poder –por muy extremistas que sean.

Articulo de Vicenç Navarro publicado en su blog
Fuente fotografía: http://www.salaescena.es/blog/?p=470

dimecres, 31 de juliol del 2013

EL NEGOCIO DE LA XENOFOBIA


Entrevista a Claire Rodier, jurista i membre de la Xarxa per la Llibertat de Moviment MIGREUROP, arran de la publicació del seu llibre El Negoci de la Xenofòbia. 
 Publicada a la revista digital DIAGONAL

'El negocio de la xenofobia' (Clave Intelectual, 2013) parte de un hecho: en los presupuestos europeos de 2014 a 2020, marcados por las políticas llamadas de austeridad, las partidas para vigilancia de fronteras crece. La autora, la jurista francesa Claire Rodier, ha investigado en este libro los principales contratos que la Unión Europea o EE UU firman con compañías de alta tecnología para el control de los flujos migratorios. Rodier, fundadora de la red Migreurop, explica en esta entrevista cómo se relacionan estos desarrollos tecnológicos con las políticas de externalización de fronteras organizadas por los distintos gobiernos europeos.
¿Qué papel juega en esta gestión público/privada la agencia Frontex? ¿Por qué el Frontex es lucrativo en el plano económico?
La agencia europea Frontex, que se encarga de coordinar la cooperación operativa entre los Estados miembros para la vigilancia de las fronteras exteriores de la UE, es el núcleo de un sistema que asocia a los industriales del sector de la seguridad con la administración europea. Financiada con fondos públicos, la agencia necesita materiales sofisticados para llevar a cabo sus operaciones fronterizas (aviones, helicópteros, barcos, equipamientos diversos), y desde 2011 tiene la capacidad de comprar sus propios equipamientos. Su presupuesto ha experimentado un crecimiento exponencial, pasando de seis millones de euros en 2005 a 130 millones de euros seis años después. En 2008, la Comisión informó de que gracias a Frontex se había evitado la entrada de 53.000 personas con un coste de 24 millones de euros. Ese mismo año, al menos dos millones de inmigrantes entraron en la UE, según la OCDE.

Frontex ocupa un lugar estratégico en los recintos donde se tejen los lazos entre los proveedores de fondos y las empresas privadas que fabrican el material que necesita (especialmente, la industria armamentística y la de tecnología punta). A dichas industrias les interesa sobremanera su desarrollo y autonomía, y por tanto la intensificación de los controles fronterizos. Se trata de poderosos lobbies con influencia en la definición de las políticas migratorias de Europa, cada vez más represivas y que representan para esas empresas una fuente de ingresos.
¿Cuáles son las principales empresas en este negocio? ¿Cómo combinan el afán de lucro y la ideología?
En Europa, se puede citar por ejemplo a la francesa Thalès, la italiana Finmeccanica, la española Indra, la alemana Siemens, la francoalemana EADS y la sueca Eriksson. Dichas empresas sufren una dura competencia de la industria estadounidense (especialmente Boeing) e israelí, ambas punteras en tecnologías de la vigilancia. Por ese motivo los europeos se han organizado para plantar cara a la situación: a finales de 2010 se lanzó el proyecto OPARUS, que reúne a Sagem, BAE Systems, Thalès, EADS, Dassault Aviation y algunos otros en la elaboración de una estrategia común de explotación de los drones (aviones teledirigidos) para vigilancia de fronteras terrestres y marítimas.

"La industria europea quiere hacer frente a la competencia de EE UU o israelí con el uso de drones en las fronteras" Al invertir en el mercado de la seguridad migratoria, esas empresas gozan de un clima ideológico que desde principios de los años 2000 se ha infiltrado en los discursos de la mayoría de los gobiernos de la UE y de las instituciones europeas, y que consiste en convertir al inmigrante en una amenaza frente a la que es importante protegerse.
En el Estado español se han conocido recientemente las estadísticas sobre tortura y hay un capítulo aparte para los Centros de Interna­miento de Extranjeros (CIE). A nivel general, ¿cómo funcionan estos centros en Europa?
No hay homogeneidad en el funcionamiento ni en la gestión de los centros de detención administrativa de migrantes en Europa, que dependen de las legislaciones nacionales. La duración legal de la detención varía mucho de un país a otro, y no existen unas normas mínimas relativas a las condiciones de la detención. El único marco que fija la directiva europea de retorno de 2008 se refiere a la duración máxima de la detención –18 meses– y a la posibilidad de los extranjeros detenidos de apelar a asociaciones competentes, cosa que de hecho no se respeta en todos los Estados miembros.

En un informe de 2008, el grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria destacaba que ciertos países permiten la detención de solicitantes de asilo y de inmigrantes al margen de un contexto penal o de seguridad nacional con el fin de establecer la identidad de los inmigrantes clandestinos y de los solicitantes de asilo cuya demanda haya sido denegada para permitir su expulsión hacia sus países de origen. En otros Estados, la detención es obligatoria y en ocasiones incluso es empleada para desanimar a futuros refugiados o migrantes. Algunos exigen que la detención sea ordenada por un juez, pero la mayoría de ellos recurren a la detención administrativa.
La frontera de Europa ya no está en territorio europeo sino que son otros países los que ejercen esta labor. ¿Qué consecuencia tiene este cambio?
La externalización de los controles migratorios que caracteriza a la política europea de inmigración y asilo consiste en hacer que terceros Estados se hagan cargo de la gestión de los migrantes que supuestamente quieren llegar a Europa de manera irregular. Esto aumenta los riesgos de violación de los derechos fundamentales de los migrantes: por una parte porque aleja de la mirada de la opinión pública europea actos como el sabotaje de barcos llenos de balseros realizados por los guardacostas en alta mar, o las expulsiones masivas llevadas a cabo en la frontera argelino-marroquí. Y por otra parte, esta subcontratación de los controles migratorios a funcionarios de Estados que no se ciñen a las mismas obligaciones evita a la UE tener que responder por el incumplimiento de esos derechos protegidos por convenciones internacionales. Por ejemplo, la violencia que ejercieron los guardias fronterizos marroquíes durante los asaltos de migrantes contra las fronteras de Ceuta y Melilla en 2005, que provocaron varios fallecidos, no dieron lugar jamás a investigación judicial.
¿Cómo influyen los acuerdos de readmisión en las relaciones entre la UE y los países de origen o de tránsito?
En 1999, los Estados miembros de la UE integraron la lucha contra la inmigración ilegal en sus relaciones con los países de la cuenca mediterránea, pero también con los nuevos Estados independientes de Europa central, de los Balcanes y de Asia central. Esos acuerdos obligan a los países asociados a Europa a “readmitir” no sólo a sus ciudadanos en situación irregular, sino también a todos los migrantes sin papeles que hayan transitado por su suelo. Por tanto les incitan a reforzar la vigilancia de sus propias fronteras.

Para obtener tal colaboración, la UE emplea como moneda, según los casos, la simplificación de los trámites de pasaportes, las ayudas económicas al desarrollo u otras contrapartidas diplomáticas o económicas. Al hacerlo, está perpetuando una relación de dominación cuyos costes pagan los migrantes y los solicitantes de asilo. Hasta la fecha, Marruecos se ha negado a firmar un acuerdo de readmisión con la UE: tal resistencia es un poderoso resorte en las relaciones entre ambos, convirtiendo a los migrantes casi en un recurso nacional, al igual que ocurría en Libia en los tiempos de Gaddafi, que se servía de ellos como moneda de cambio. "El discurso de que el inmigrante es una amenaza ha creado un clima ideológico que interesa a las empresas de seguridad"
Habla de una retórica del miedo en torno al negocio de la xenofobia. ¿Cómo funciona esta retórica? ¿Quiénes favorecen el crecimiento de estos discursos?
Después del 11S, la legislación relativa a los migrantes cobraría un cariz cada vez más restrictivo, alimentando el fantasma del enemigo venido de fuera para amenazar la integridad europea, sin que por ello se registrase una disminución notable del número de entradas de migrantes irregulares en Europa.

En el libro trato de enseñar las funciones ideológicas de los controles migratorios, es decir la manera en que se presentan como una respuesta a las supuestas preocupaciones de la opinión pública. Aquí volvemos a encontrar la lógica, que conocemos bien, del chivo expiatorio: en el contexto de la crisis económica y social que está marcando el principio de este siglo, la “manipulación de la incertidumbre” (la expresión es de Zygmunt Bauman) permite al poder, incapaz de aportar soluciones a los problemas de la población, asentar su autoridad. 

Font fotografia: http://socialismointernacional.org/category/europa/