¿Por qué hay personas que prefieren dormir en la calle en vez de hacerlo en un albergue?

Albert Sales explica en el artículo que reproducimos a continuación, publicado en Vagos, Maleantes, Putas e Inmigrantes, los complejos motivos por los que muchas personas deciden dormir a la intemperie a pesar de que en las ciudades en cuyas calles viven y duermen existen albergues con camas disponibles. Ir más allá de la obviedad de los hechos implica, como ha expuesto en alguna ocasión la socióloga catalana Marina Subirats, elaborar un pensamiento sofisticado. Para muchas personas éste es un ejercicio muy difícil de practicar por la existencia previa de una premeditada y bien planificada tarea de inculcar de manera generalizada -y, por cierto, a través de mecanismos muy "sofisticados"- una mirada acrítica que simplifique todas las cuestiones.

La administradora del blog

QUIEN DUERME EN LA CALLE ES PORQUE QUIERE

No, no hace falta ser Ana Botella para defender con convicción que quien duerme en la calle es porque quiere. Unas plazas libres en un albergue son argumento de sobras para que muchas personas de bien y orden compartan tan elaborada conclusión. Botella, en su visita anual al Centro de Acogida para personas sin hogar San Isidro, de Madrid, ha afirmado que no hay nadie que no pueda dormir bajo techo en Madrid, pero hay personas que no lo quieren hacer. La alcaldesa de la capital española intentaba dejar claro que el Ayuntamiento hace todo lo que hay que hacer para atender a las personas sin techo, subrallando la labor de los centros de acogida y del SAMUR Social, pero que si la ciudadanía sigue viendo personas durmiendo en la calle se debe a su obstinada elección.

El mismo razonamiento con el que Ana Botella, entre muchos otros, se descarga de responsabilidades, sirve también como argumento a otros para “limpiar” las calles. Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, defendió la polémica ley que abrió la puerta a convertir la pernocta en el espacio público en delito, afirmando que en los albergues había sitio de sobras y que quien dormía en la calle lo hacía por opción, no por obligación. Desde noviembre de 2012, los Ayuntamientos Hungaros pueden declarar areas donde quede terminantemente prohibida la pernocta bajo pena de trabajos comunitarios o prisión. La organización húngara de apoyo a las personas sin hogar A Város Mindenkié (La ciudad es para todos) declaraba en su web a finales de 2012: “A pesar de años de activismo y protestas, el sinhogarismo se ha convertido en un delito punible en Hungría. En noviembre de 2012, el Tribunal Constitucional revocó una ley que criminalizaba las personas sin hogar, con el argumento de que el Estado debe considerar la exclusión de la vivienda como un problema social no como un hecho punible. En respuesta, el partido en el gobierno decidió cambiar la Constitución lo que permite a los gobiernos locales castigar la “residencia habitual en el espacio público”. Las personas sin hogar ya pueden ser sometidas a trabajo comunitario obligatorio, multa y encarcelamiento en la mayor parte de Budapest, y varias autoridades locales fuera de la capital también están criminalizando y penalizando la falta de vivienda”.

En abril de 2011, el entonces alcalde de Madrid, Aberto Ruiz Gallardón, también pidió públicamente una ley que habilitara a la policía municipal para sacar a las personas sin hogar de la vía pública por la fuerza. Gallardón argumentaba que en su ciudad había recursos de pernocta suficientes para que nadie durmiera en la calle pero que no disponía de la autoridad legal para obligar a nadie a utilizarlos. Se trata del mismo argumento utilizado en repetidas ocasiones por el Secretario de Estado húngaro; una simplificación de la realidad con la que se intenta alimentar el mito de que todo el que duerme en la calle lo hace porque quiere.

Pero, ¿qué explica entonces que haya personas que duerman a la intemperie? ¿Quién puede preferir dormir al raso que en una cama de un edificio con calefacción? Sin duda, es complicado comprender las decisiones ligadas a la supervivencia que toman las personas que viven situaciones de pobreza extrema desde los marcos de referencia de quien nunca ha vivido dichas situaciones. Aunque podamos imaginar cómo nos comportaríamos si una noche nos quedáramos en la calle, difícilmente podemos saber qué decisiones tomaríamos tras pasar semanas o meses sin hogar. 

Al centrarse en el momento concreto en el que alguien rechaza la asistencia de los servicios sociales obviando el proceso de deterioro de la situación personal que le ha llevado a quedarse sin techo, se simplifican en exceso tanto las causas como las consecuencias de la exclusión de la vivienda que padecen millones de personas en el Estado español.

Sin techo no es lo mismo que sin hogar, pero quedarse sin techo es el estadio más grave del sinhogarismo. En la mayoría de ocasionas se trata del final de una prolongada caída en el transcurso de la cual se pasa por situaciones de exclusión residencial muy duras: el hacinamiento en viviendas de familiares o amigos con todas sus tensiones, el alojamiento en habitaciones subarrendadas o en pensiones, el paso por centros de acogida o albergues, los constantes cambios de domicilio, traslados y mudanzas, durante las cuales no sólo se pierden propiedades y recuerdos, sino también relaciones sociales y sensación de arraigo. La imposibilidad de plantear objetivos vitales a largo plazo y la acumulación de frustraciones hace que las decisiones se centren en lo inmediato. Cuando se percibe imposible encontrar un empleo, ¿qué sentido puede tener destinar tiempo y recursos a formarse?, cuando la capacidad de ahorro es mínima y los imprevistos dejan la cuenta corriente en números rojos, ¿qué sentido tiene contener impulsos de consumo para ahorrar?

En la adaptación a los cambios derivados del empobrecimiento y de la constante provisionalidad, se desarrollan estrategias de supervivencia que se incorporan a la cotidianidad de las personas. Son estrategias muy complejas que interaccionan con los servicios de asistencia social de formas que pueden no ser las más “razonables” para quienes planifican la asistencia. Renunciar a la pernocta en un centro de acogida temporal es una decisión que puede estar motivada por un sinfín de razones. La persona que así actúa puede preferir quedarse cerca de donde pasa el día y de donde la gente le conoce y le ofrece alguna ayuda, en lugar de caminar con sus pertenencias de una punta a la otra de la ciudad para pasar la noche en un lugar que no es sino un refugio temporal; quizá no quiera prescindir de la compañía de sus mascotas; puede que evite dormir junto a otras cinco personas en quienes no confía y con las que se vería obligada a compartir habitación… hasta podría ser que, tras ser objeto de varios intentos de intervención social frustrados, ya no quiera establecer ninguna relación con instituciones asistenciales.

Los albergues y centros de acogida temporal son imprescindibles para atender a las personas sin techo pero no tienen como objetivo hacer desaparecer las personas sin techo de las calles. Tampoco son recursos destinados a luchar contra el sinhogarismo, puesto que pernoctar en estos equipamientos no es disponer de un hogar desde el que reconstruir la propia vida. Para acompañar a las personas sin hogar en la reconstrucción de sus vidas existen otros recursos y para luchar contra la pobreza extrema y el sinhogarismo que tanto parece conmover a Ana Botella en sus visitas navideñas a los albergues hacen falta unas políticas de vivienda distintas, unas políticas migratorias distintas, y un sistema de garantía de ingresos dignos.

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¿LUCHAR CONTRA LA POBREZA O LUCHAR CONTRA LXS POBRES?

Excelente artículo de Albert Sales, sociólogo, politólogo y activista e investigador en el ámbito de la lucha contra la pobreza y las desigualdades, publicado en su blog + arguments? Un análisis sobre la criminalización de la pobreza mediante la implantación de medidas represivas a través de la aprobación y aplicación de ordenanzas municipales, con las que se pretende culpabilizar a lxs pobres de su situación  y, al mismo tiempo, dejar claro que sólo hay un camino  por el que se nos permite transitar.

Hace unas semanas, el Parlamento Húngaro aprobaba una ley que habilita a los cuerpos policiales y a las administraciones locales para castigar a las personas que duerman en la calle con multas, trabajos para la comunidad e, incluso, con penas de cárcel. Hungría ha dado un paso adelante en la criminalización de las personas en situación de exclusión severa pero es importante recordar que este país no es ninguna isla en un mar de comprensión social hacia el fenómeno del sinhogarismo.  Son multitud, los municipios europeos y españoles llevan años impulsando ordenanzas municipales y prácticas policiales orientadas a dificultar la vida en sus calles .

El acoso y la persecución a las actividades callejeras relacionadas con la marginalidad no han llegado con el estallido de la crisis. Forma parte de un modelo de gobernabilidad de la miseria que se impone paralelamente a las políticas neoliberales. Un modelo que requiere un férreo control de la creciente pobreza que se genera a partir de la reducción de las políticas de protección social, de la precarización del empleo y de la mercantilización de todos los aspectos de la vida cotidiana. No se trata solamente de mantener el espacio público de las grandes ciudades, nodos imprescindibles de la economía globalizada, limpio y atractivo para las inversiones turísticas o los encuentros de negocios, también se hace imprescindible transmitir a la ciudadanía que la ética liberal del trabajo es más vigente que nunca. Y para someter a quienes todavía se consideran de clase media a la precariedad postindustrial hay que criminalizar y estigmatizar a los que se quedan fuera de ella, ya sea por opción o por obligación, perpetuando varios mensajes: “en nuestro sistema, quién duerme en la calle es porque quiere”, “solo se llega a esta situación cuando se ha llevado una mala vida” y “trabajando duro se puede salir”.

Fue este programa de gobernabilidad neoliberal de la pobreza el que llevo, en 2005 , al Ayuntamiento de Barcelona a aprobar una  una ordenanza municipal que permitía multar a los indigentes que obstaculizaran el tráfico , la realización de malabares en la calle, la oferta de servicios no requeridos , la prostitución , o el propio hecho de dormir en calle. El rechazo que provocó esta ordenanza ha hecho que se aplicara con diferentes intensidades durante los últimos años pero lo cierto es que la normativa está en vigor. Justo después de la adopción de esta norma por parte del consistorio, el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Madrid de ese momento, Pedro Calvo, solicitó que se tomaran medidas coercitivas para retirar los indigentes y las prostitutas de las calles de la capital del Estado sin necesidad de esperar una orden judicial. Según el concejal “había llegado el momento de dejar a un lado el lenguaje políticamente incorrecto”.

En realidad, el lenguaje políticamente correcto hace tiempo que se ha dejado de lado cuando se habla de personas en situaciones de exclusión severa. En junio de 2010, el portavoz del Ayuntamiento de Sevilla exigía que se aplicaran las ordenanzas municipales a las personas sin hogar para evitar “el deterioro de la convivencia en la ciudad”. Para el concejal Juan Ignacio Zoido, la presencia de los “sin hogar ” en las calles y su manera de utilizar la vía pública constituía un problema para el resto de la ciudadanía. En marzo de 2012, el Pleno Municipal de Valladolid aprobó una modificación de su  “ordenanza antivandalismo” para prohibir la mendicidad bajo la amenaza de sanciones de hasta 3.000 euros. En Albacete, Ciudad Real o Alcalá de Henares se han adoptado medidas similares con el objetivo de “limpiar las calles de prostitutas y mendigos”. A principios de 2013, el Ayuntamiento de Alicante también aprobó una ordenanza que permitía multar a prostitutas e indigentes en caso de no seguir las instrucciones de la policía municipal. El resultado ha sido el colapso de los juicios rápidos en la Audiencia Provinciales en septiembre del mismo año.

Normas por ahora restringidas al ámbito municipal podrían dar el salto a la legislación estatal española sin demasiadas dificultades. En abril de 2011, el entonces alcalde de Madrid, Aberto Ruiz Gallardón, pidió públicamente una ley que habilitara a la policía municipal para sacar a las personas sin hogar de la vía pública por la fuerza. Gallardón argumentaba que en su ciudad había recursos de pernocta suficientes para que nadie durmiera en la calle pero que no disponía de la autoridad legal para obligar a nadie a utilizarlos. Se trata del mismo argumento utilizado hace unos días por el Secretario de Estado húngaro cuando defendía su nueva ley y de una simplificación de la realidad con la que se intenta alimentar el mito de que todo el que duerme en la calle lo hace porque quiere.

Con la imposición ideológica del neoliberalismo, se ha roto el consenso en torno al término cohesión social. Las bolsas de pobreza en medio de la opulencia de las sociedades de consumo han dejado de ser un fenómeno que se combatía de manera más o menos acertada desde los poderes públicos para ser una realidad inevitable que debe gestionarse. En las explicaciones sobre la persistencia de la pobreza en un entorno de abundancia han ganado peso los factores individuales, e incluso en un momento de profunda depresión económica y extensión del riesgo de pobreza, el conocimiento convencional distingue entre la “nueva pobreza” víctima de la coyuntura y la “pobreza de siempre” víctima de sus propios vicios y estilos de vida desviados. La exaltación de la diferencia entre los “nuevos pobres” y los “marginados” recupera la preocupación por el desperdicio de los recursos públicos en tiempos de escasez, culpando a las personas de barrios estigmatizados, las minorías étnicas e inmigrantes, los pequeños delincuentes, las personas que ejercen la prostitución en la calle, las personas sin hogar y las drogodependientes… de ser un pozo sin fondo para los menguados presupuestos sociales de las administraciones. Incluyendo tal diversidad de situaciones en el concepto exclusión social, la sociedad mayoritaria se desmarca de las realidades incómodas atribuyéndolas a la falta de ética y la falta de ganas de trabajar.

Pero la realidad es testaruda, y la extensión del riesgo de pobreza se ha extendido en España hasta un escandaloso 27% (para 2011 según Eurostat). El descenso de la renta de los hogares es imparable. De los 26.500 euros de renta familiar disponible de media en 2008 se ha pasado a los 24.609 en 2011. Y las desigualdades cada vez más exageradas, con un aumento de los millonarios del 13% en 2013. La estigmatización de las capas más vulnerables de la población no es más que un lamentable triunfo de la ideología que justifica el expolio y la explotación para enriquecer al 1%.

Fuente fotografía: http://plataformaantiaborregamiento.blogspot.com.es/2012/05/vinetas-pobreza.html

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L'augment de la població reclosa no respon a un augment de la criminalitat. Albert Sales t'ho explica

Em comentava un intern d’una presó catalana fa uns dies:

“Aquí tenim tele, saps? Hi ha gent que veu el que està passant fora i la colla de lladres que manen… I sap com de malament ho passen la seva família i els seus amics. Alguns tenen a la seva companya i als seus fills desnonats vivint amb els sogres en un piset de merda. És molt difícil creure en la justícia i en tot el rotllo de la reinserció i de no tornar a delinquir quan veus que aquí dins gairebé tots som pobres y venim de famílies pobres… y els que roben els euros a milions se’n foten de la gent a la seva cara”

A les presons catalanes hi havia recloses a mitjans dels 90 al voltant de 6.000 persones, mentre que a finals de 2011 el nombre d’interns i internes penitenciàries era de 10.513. Aquest increment no ha estat proporcional a l’augment de població provocat per les onades migratòries dels darrers 15 anys. Si atenem a l’evolució de la taxa de població reclusa, si al 1998 el sistema penitenciari català custodiava a 98 de cada 100.000 habitants del Principat, l’any 2011 en mantenia privats de llibertat 140 de cada 100.000 residents. Una xifra gens despreciable si la comparem amb paísos veins: la taxa de població reclusa a Alemanya és de 88 per 100.000, a França de 103, a Itàlia de 108 y a Portugal de 104. Catalunya doncs es situa una mica per sota de l’Estat español que, amb una taxa de 166 persones recloses per cada 100.000 habitants és el país de l’Europa dels 15 que recorre més freqüentment a l’empresonament de la seva població seguit pel Regne Unit que registra una taxa de 138, molt propera a la catalana.

Hom podria pensar que la causa d’aquesta diversitat es troba en la diferent criminalitat existent en els paísos europeus i que si el sistema penitenciari català s’enfronta a una major clientela és perquè a Catalunya y a la resta de l’Estat, la delinqüència ha augmentat. No obstant, res més lluny de la realitat. Tot i que és complex trobar xifres fiables sobre l’evolució dels fets delictius hi ha un elevat consens en la sociologia i la criminologia a considerar les enquestes de victimització, amb tots els seus defectes, les millors eines per valorar l’evolució de la comissió de delictes i del seu impacte entre la ciutadania. Tanmateix, no hi ha a l’Estat cap administració que hagi assumit el repte de realitzar periòdicament una enquesta de victimització i les úniques dades amb què es compta procedeixen de les dues participacions d’Espanya a la International Crime and Victimisation Survey (ICVS), al 1989 i al 2005, i de l’enquesta realitzada el 2009 per l’Observatori de la Delinqüència (ODA) de l’Institut andalús Interuniversitari de Criminologia. A partir de les escasses dades disponibles no només no es pot inferir un increment de la delinqüència, sinó que s’observa un retrocés en la victimització en gairebé totes les formes de delicte. Mentre que el 1989, el 47,2% de la ciutadania (amb un marge d’error del 2,5% per a un nivell de confiança del 95,5% i p=q) havia estat víctima d’algun delicte en els 5 anys anteriors a la realització de l’enquesta, el 2005 la proporció s’havia reduït el 42,7% i el 2009 al 38,7% (amb un marge d’error del 2,62% per a un nivell de confiança del 95,5% i p = q ). Tant els robatoris de cotxes, com els d’objectes a l’interior dels vehicles, els robatoris en habitatges, les agressions sexuals, o les agressions físiques, han reduït les seves taxes de victimització. També s’han reduït els robatoris amb violència i intimidació que tenen un gran impacte en la sensació de seguretat de la ciutadania. D’una taxa del 9,2% al 1989 s’ha passat a un 5,6% el 2009.

La realitat trenca amb el suposat binomi delicte-càstig. L’increment de la població reclusa no respon a un canvi en la delinqüència sinó en una transformació de la resposta de l’estat envers els diferents tipus de transgressió de la llei. Malgrat la falta d’evidències empíriques que indiquin un increment de la criminalitat, la recurrent entrada del tema de la inseguretat ciutadana en el discurs polític denota una utilització de la por al delicte com a eina per aconseguir rèdits electorals. Davant la impossibilitat de donar solució a les inseguretats derivades de la precarització del mercat laboral i el creixent individualisme social, es problematitzen fenòmens socials que, d’entrada, no haurien de generar inseguratat alguna per tal de centrar el debat públic en assumptes que ofereixin la possibilitat d’ésser resolts amb més “mà dura” contra les capes de la ciutadania més pròximes a la marginalitat.

Els mateixos que avui es refereixen al codi penal com un text del passat no adaptat a la realitat delictiva del segle XXI i que han anunciat el seu enduriment, ja van liderar una reforma del mateix durant el govern d’Aznar i amb Mariano Rajoy com a Ministre de Justícia. L’any 2003, Partit Popular va aprovar una reforma del codi penal amb el suport del PSOE. Les forces polítiques majoritàries van desplegar una retòrica plena de clitxés del populisme punitiu importat de l’altra banda de l’Atlàntic, recordant a la ciutadania la necessitat de mà dura amb les creixents mostres de violència urbana i amb els delinqüents multireincidents, i de fer front als nous perills derivats la immigració i de l’amenaça terrorista. Els socialistes van afirmar que es veien obligats a donar suport a la reforma per responsabilitat i per la imperiosa necessitat de lluitar contra la inseguretat ciutadana. La reforma suposava, entre altres canvis, l’ampliació de la capacitat dels jutges per decretar presó preventiva; la incorporació de mesures per promoure la “justícia ràpida”, introduïnt incentius per a que les persones inculpades firmessin declaracions de culpabilitat per evitar tràmits judicials i aconseguir beneficis penitenciaris; l’augment de la quantia penal màxima, que passava dels 30 als 40 anys; i condicionava la concessió del 3r grau al pagament efectiu de responsabilitats civils, la qual cosa introduïa un clar element de discriminació econòmica. Tot plegat sense oblidar que el Codi Penal “de la Democràcia” aprobat en la darrera legislatura del PSOE i que va entrar en vigor el 1996 ja posava al servei de l’Estat les eines necessàries per endurir el sistema “provisional” en fucionament durant els 80 i la primera meitat dels 90.

El discurs de la dreta europea (no contestat des de l’esquerra socialdemócrata) s’inspira en la criminologia conservadora nord-americana i les seves propostes de reducció de la delinqüència a partir de la “tolerància cero” davant el suposat increment de la violència als carrers. Aquest terme, “tolerància zero”, es popularitza a partir de la publicitat internacional que es dona a l’estratègia que va posar en marxa l’alcalde Giuliani a Nova York entre 1995 i 2000. El focus de la política “anti-criminal” de Giuliani va ser l’assetjament permanent de les persones més vulnerables de la societat presents en espais públics. A través de la intensificació de la presència de polícia uniformada als carrers de la ciutat, William Bratton, el cap del Departament de Policia de Nova York (NYPD) es va proposar lluitar contra realitats tan diverses com la compra i venda de drogues a petita escala, la prostitució, el sensellarisme, els graffitis… referint-se a les persones involucrades com a “paràsits” socials (“squeegee pest”). En cinc anys, el nombre d’efectius del New York Police Department va augmentar en 12.000 agents (un 26% del total), mentre disminuia en 8.000 el nombre de treballadors i treballadores dels serveis socials. El descens de la criminalitat a la ciutat es va atribuir a aquesta agressiva política de persecució, i think tanks com la Heritage Foundation o el Manhatan Institute van convertir al cap de polícia William Bratton en una celebritat de la criminologia conservadora a nivell internacional. Però en la seva ofensiva publicitària van oblidar intencionadament que altres ciutats com Boston o San Diego van viure una reducció de la criminalitat similar a la de Nova York amb estratègies basades en la mediació i sense augmentar el nombre d’agents al carrer, o que el descens de la criminalitat va començar tres anys abans del nomenament de Giuliani i de l’arrencada de les seves polítiques.

A l’Estat espanyol, think tanks conservadors com la Fundación FAES han incorporat les tesis de del Manhattan Institute generant documentació tècnica que avala un discurs polític basat en missatges simplistes vestits de veritat científica: la sensació d’inseguretat creixent es deu a un increment real de la delinqüència, l’increment de la delinqüència es deu a l’erosió dels valors tradicionals i la permissivitat de les institucions amb les petites transgressions de les normes, la immigració està íntimament vinculada a l’increment de la delinqüència, les solucions passen per l’enduriment del codi penal… Utilitzant la caixa de ressonància de mitjans de comunicació a la caça de notícies breus, morboses i simples per competir en un mercat de la desinformació cada dia més carregat de successos, la dreta ha imposat el ritme del debat polític en matèria de seguretat ciutadana. La incapacitat de l’esquerra institucional per articular un discurs antagònic genera una espiral de populisme punitiu en la que les formacions polítiques intentent presentar-se davant l’electorat amb propostes serioses que no es contraposin al sentit comú que accepta com a veritat científica l’increment de la delinqüència i de la inseguretat ciutadana.

En pocs anys, el sistema penal ha incrementant sensiblement el seu pes relatiu entre les eines de l’Estat per a la gestió de la conflictivitat social. Per als grups “conflictius”, des de les persones o col·lectius en situació d’exclusió fins als acusats de terrorisme passant per qui forma part dels moviments de protesta social, el dret penal està abandonant pogressivament els principis d’intervenció mínima, de legalitat o de proporcionalitat. Hi ha persones que esdevenen “perilloses” i el sistema penal actua sobre elles partint de les seves característiques i no dels fets concrets ni de la gravetat dels danys que puguin haver produït, faltant així als principis de proporcionalitat i de mínima intervenció que haurien de regir la seva actuació en un Estat de Dret.

Quan encara tenim estómac per engegar la televisió, en canvi, veiem una autèntica desfilada de paràsits socials. De vampirs de recursos que poc tenen a veure amb la marginalitat i que gairebé sempre escapen a un sistema penal i penitenciari que es dedica a contenir i castigar la marginalitat.

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