La contrarreforma educativa del gobierno del PP llevada a cabo en los 2 últimos años hace muy difícil a unos 30.000 estudiantes la continuación de sus estudios superiores por no poder hacer frente al precio de las tasas: las matrículas han aumentado entre un 22% y un 92% y los másteres y repeticiones de cursos hasta un 362%, tal y como el autor del artículo que reproducimos a continuación expone.
La propuesta de algunxs responsables universitarios de plantear el mecenazgo como solución a un problema tan grave como es el desmantelamiento de la educación pública, con el recorte de 13.000 puestos de trabajo en los últimos 5 años, y la exclusión de miles de estudiantes de las universidades por motivos económicos, no hace más que agudizar el problema. En primer lugar, porque convierte un derecho de todxs en un privilegio de algunxs que podrán verse favorecidos en función de la impredecible sensibilización de ciertas personas que decidan, en un momento determinado, aportar fondos a esta causa, y en segundo lugar porque abre las puertas de par en par a la mercantilización de la investigación y el conocimiento que se pondrán al servicio de intereses privados, ahora bajo la forma del mecenazgo.
¿Estaremos viviendo ya en una distopía cuando colaboramos tan generosamente con aquéllxs que han desplegado todas sus armas para expoliarnos?
Enrique Javier Díez Gutiérrez, Doctor en Pedagogía, Licenciado en Ciencias de la Educación, Diplomado en Educación Social y en Trabajo Social y Profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU, te explica cual es...
La responsabilidad social frente a la caridad organizada
Si estrangulas a
alguien hasta que no le quede prácticamente oxígeno, su cara delatará
que prefiere respirar, aunque sea mediante respiración asistida, que
morirse asfixiado. Si condenas a alguien al paro de larga duración, con
una familia a la que mantener, seguramente preferirá un minijob precario
y esclavo que dejar morir de hambre a su familia. Si recortas y saqueas
el dinero público destinado a educación, dedicándolo a rescatar
entidades bancarias y financieras que vivieron por encima de nuestras
posibilidades, la caridad, el mecenazgo, las donaciones “filantrópicas” y
los “padrinos” empezarán a parecer alternativas “razonables”, o al
menos alternativas posibles para algunos gestores universitarios, ante
la destrucción y el desmantelamiento que vive actualmente la Universidad
y la investigación pública.
Es la denominada “doctrina del Shock” que tan magistralmente ha analizado Noami Klein en su libro subtitulado El auge del capitalismo del desastre. La terapia de shock
que se impone mediante reformas continuas, que destruyen instituciones y
bienes públicos, generando “atractivas oportunidades de mercado”,
provocan situaciones de trauma colectivo que facilitan los programas de
ajuste. Las sociedades en estado de shock, analiza esta autora, renuncian a valores que de otro modo defenderían con entereza.
Esto es lo que entiendo que le está pasando a la presidenta de la
CRUE y rectora de la Universidad de Málaga o al rector de la
Complutense. Sus propuestas de crear bolsas de caridad captando
“donaciones” de empresas y particulares para costear los estudios a
alumnado sin recursos, parecen confirmar que son víctimas del electroshock neoliberal.
La propuesta de “bolsa de donativos” que la máxima autoridad
universitaria nos presenta como alternativa a los recortes del Partido
Popular no hace sino profundizar la lógica brifonte del conservadurismo
neoliberal más rancio: recortar derechos básicos, accesibles a toda la
población, para convertirlos en una mal entendida “caridad” que
“generosos padrinos” otorgarán a algunos elegidos para ser rescatados
del pozo sin fondo que a todos los demás han arrojado los recortes
sociales. Recortes en la financiación pública destinada a los derechos y
servicios básicos, como educación, porque se ha tomado la decisión
política de destinarlos a rescatar “sus” bancos y “sus” grandes
consorcios empresariales y financieros.
Parece que volvemos a la época que el director de cine Berlanga retrataba en su película Plácido,
donde describía la tradicional campaña navideña en la España de la
posguerra basada en el lema “Siente a un pobre a su mesa”. Convertir las
Universidades públicas en ONGs que piden “apadrinar” estudiantes no
sólo es de por sí indignante en el actual contexto de recortes de
derechos, sino que supone un auténtico atentado contra los derechos
conquistados por la ciudadanía y contra la obligación política
ineludible consagrada en la Constitución de garantizar este derecho
fundamental a la educación. Retroceder a la época donde sólo quienes
tenían mecenas podían acceder a los estudios superiores supone una
regresión histórica en la conquista de los derechos sociales.
Según esta filosofía de la mezquindad, parece que los 30.000 estudiantes que fuentes de EL PAIS
calculan están al borde de la expulsión de la Universidad por no poder
pagar sus estudios universitarios, se verán abocados a poner un anuncio
en el periódico o deambular por las calles de nuestras ciudades con
carteles que anuncien “se busca padrino para estudiante pobre” para no
ser expulsados de los “templos del saber” por querer formarse y tener un
título universitario.
Recordemos que desde el 2010 el PP ha recortado 1.200 millones a las
Universidades Públicas y que las Comunidades Autónomas deben a las
Universidades 1.000 millones de euros. Que el PP ha encarecido los
precios de las matrículas de las Universidades Públicas, oscilando la
subida entre el 22% y el 92% en buena parte de las Comunidades
gobernadas por partidos conservadores y muchísimo más los másteres y las
repeticiones de curso, llegando en algunos casos al 362% de incremento.
Igualmente el PP ha recortado sustancialmente las becas y ayudas a los
estudios y ha endurecido los requisitos para conseguirlas y mantenerlas.
Si a esto sumamos que han recortado más de 13.000 puestos de trabajo en
los últimos cinco años en las Universidades públicas, mientras que el
número de estudiantes creció casi en 90.000, nos encontraremos con el
dilema del inicio: si estrangulas las Universidades públicas hasta que
no les quede prácticamente oxígeno, prefieren respirar, aunque sea
mediante respiración asistida, que morirse asfixiadas. El gran problema
es el “precio” de esa respiración asistida.
Porque las “donaciones” filantrópicas pueden ser una ínfima minoría,
como la pensionista que relata la rectora de Málaga, que se ofrecía a
pagarle los estudios a un alumno que se hubiera quedado fuera de la
enseñanza superior por problemas económicos. Es loable este gesto de
solidaridad y apoyo, pero la inmensa mayoría de los “filántropos” son
quienes tienen recursos y se han enriquecido lo suficiente como para
enfocarlo como una “oportunidad” y una inversión, con su correspondiente
desgravación fiscal por supuesto. Porque lo que se ha venido
comprobando en el ámbito anglosajón, donde estas prácticas son más
habituales, es que quien paga manda.
Son los patrocinadores y donantes quienes establecen las políticas y
orientaciones de las Universidades. Tal como nos augura la nueva reforma
universitaria auspiciada por el PP en España, pero cuyas estrategias
básicas ya se empezaron a implementar con anterioridad, introduciendo
los Consejos Sociales como espacios de participación empresarial y que
se está convirtiendo en lobby de presión de las grandes
compañías y donantes en el ámbito universitario. No son precisamente los
movimientos sociales, las plataformas antideshaucios, las ONGs, los
movimientos feministas, quienes están sentados en los Consejos Sociales.
No son precisamente los trabajadores y trabajadoras de este país,
expoliados sistemáticamente por las reformas laborales o de pensiones y
que han dejado su piel para que sus impuestos rescataran a los bancos,
los que pueden hacer donaciones. Es esa España del 1%, la “marca
España”, la que De Guindos afirma que crecerá en el 2014 por las
reformas hechas por “sus” dirigentes políticos, la que puede verlo como
una “oportunidad” de negocio.
Se genera así un círculo vicioso, donde los recortes en la
financiación pública de la universidad son considerados como
“incentivos” para que las universidades públicas busquen financiación
privada. De esta forma, en todo el mundo, las universidades están
ofreciendo sus instalaciones científicas y su inestimable credibilidad
académica para que las grandes empresas las utilicen. Los donantes
imponen su logotipo en las paredes y los espacios universitarios,
vuelven a bautizar los edificios y promueven cátedras a cambio de una
denominación que revela el origen de los fondos. La investigación que
proviene de estas cátedras responde a los intereses de quienes las
patrocinan, no sólo porque son quienes las financian y ante quienes hay
que demostrar la eficacia de su inversión a través de resultados
“tangibles” y que produzcan “beneficios”, sino también porque recortan y
definen los temas e intereses de las investigaciones, así como las
prioridades de las mismas. De esta forma, el valor mercantil de las
investigaciones prevalece sobre su contenido científico. La “disciplina
por el dinero” que se impone en el mundo universitario, al dejar al
mercado la decisión acerca del reparto de los recursos y las
recompensas, introduce muy serias amenazas en la vida intelectual y el
pensamiento, tan peligrosas como las del maccarthismo ideológico.
La penetración de la lógica del beneficio conduce a que los rectores y
las rectoras de las propias Universidades públicas acaben desempeñando
un papel similar al de los representantes de comercio, siendo valorados
por su capacidad para conseguir fondos privados. Mientras, se está
poniendo en el disparadero a los estudiantes con menos recursos, porque
los que son herederos de la “marca España”, de ese 1% enriquecido, no
tienen ni tendrán problema para seguir en la Universidad cinco o
cincuenta años.
El problema de fondo no sólo es que las políticas neoliberales y
neoconservadoras se estén aplicando para excluir a buena parte de la
población que fue incluida en los últimos treinta años en el sistema
educativo universitario, sino que se está produciendo una mutación de la
propia concepción de la Universidad pública como un derecho. Porque
esta filosofía de la mezquindad apela al altruismo, frente al derecho. A
la caridad volátil y discrecional de los donantes privados, frente a la
responsabilidad de los poderes públicos. Como si de nuevos pobres se
tratara, los estudiantes tendrán ahora que pasar la gorra y pedir
limosna si quieren estudiar.
La educación es una cuestión de responsabilidad colectiva y social,
no de caridad individual organizada. No se trata de cuestionar la virtud
moral de quien se conmueve y siente piedad por sus semejantes,
proponiendo actos de solidaridad o apoyo. Se trata de que un Estado
Social y de Derecho debe garantizar con sus políticas públicas los
derechos de su ciudadanía, no disfrazar bajo un sentido caritativo y
moral su responsabilidad política en la amputación de los derechos de
nuestros estudiantes.
Fuente fotografía: http://www.forocomunista.com/t14276-estrategia-universidad-2015-el-mayor-ataque-a-la-universidad-publica-espanola
Decenas de miles de españoles no han podido hacer frente a sus hipotecas firmadas con las cajas de ahorros, cuya gestión fraudulenta supuso el desahucio de muchas familias.
