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| Isaac Rosa |
¿Una ley de huelga? Por supuesto: hace falta una, y con
urgencia. Cada año que pasa es más necesaria, pues tienen razón el
presidente del gobierno, la alcaldesa de Madrid o el presidente de la
patronal: cada vez más ciudadanos ven afectados sus derechos esenciales
por no tener una ley que los ampare, y la falta de legislación permite
los abusos y las prácticas salvajes. Hace falta una ley de huelga que
garantice derechos, acabe con los abusos y ponga a cada uno en su sitio.
Sí, no me miren así, hablo en serio. En la última huelga general, por
ejemplo, hubo millones de ciudadanos que no pudieron ejercer el derecho
reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución: el derecho a la
huelga. Ya les habría gustado tener una ley que los amparase, que
garantizase su derecho, que les permitiese hacer huelga sin miedo a ser
despedidos al día siguiente, sin coacción empresarial.
En cuanto a los abusos, están a la vista de todos: el piquete más
activo en toda huelga siempre es el piquete patronal. Los reventadores
no son los que ponen silicona en las cerraduras o bloquean la salida de
autobuses en las cocheras, sino los jefes que pasan lista el día antes y
preguntan a los trabajadores quién piensa hacer huelga, y toman nota.
Hace falta una ley de huelga, sí: una que proteja a quienes más
dificultades tienen para ejercer su derecho, aquellos para quienes la
precariedad es un servicio mínimo insalvable. Una ley para que las
autoridades, policía incluida, persigan a los empresarios
revientahuelgas con la misma contundencia que emplean contra los
piquetes.
Y lo mismo podríamos decir de los servicios
mínimos: el incumplimiento sistemático no es de los trabajadores, sino
de los gobernantes que una y otra vez interpretan el vacío legal a su
antojo y fijan mínimos abusivos, incluso en servicios que no tienen nada
de esenciales. Mínimos que se repiten huelga tras huelga, aunque la
justicia dé la razón a los trabajadores a toro pasado.
Lo de los “servicios mínimos” es un invento muy español, ajeno a otros
países donde sí está regulado el derecho a la huelga, y que aquí se
interpreta arbitrariamente. Encima suele servir para otros abusos
habituales: la guerra de cifras, el habitual porcentaje pequeño y con
decimales con que las autoridades minusvaloran el éxito de toda huelga; y
la fabricación de una imagen de “normalidad”, que rompa la
excepcionalidad que conlleva toda huelga.
En cuanto a
prácticas salvajes, una ley de huelga debería poner coto a una cada vez
más frecuente: el esquirolaje, al que tantas empresas recurren mediante
subcontratación, externalización de tareas afectadas, o llevando la
producción a otros centros. Una ley de huelga debería impedir que una
alcaldesa chantajee a los trabajadores amenazando con recurrir a otra
empresa; o que una concesionaria de un servicio como la lavandería
hospitalaria de Madrid pueda llevarse el trabajo a otras instalaciones
para anular la protesta de sus trabajadores, y así no les quede más
remedio que aceptar salarios de miseria.
Claro que
hace falta una ley de huelga contundente. Igual que necesitamos una ley
de seguridad ciudadana, pero una que merezca ese nombre, que haga sentir
más seguros a los ciudadanos: una ley que nos proteja en nuestro
derecho de reunión y manifestación, para que no seamos acosados y
golpeados, infiltrados por policías reventadores, identificados
arbitrariamente, sancionados abusivamente. Para que alguien pueda ir a
una manifestación sin arriesgarse a volver tuerto a casa.
Pero claro, si la ley de seguridad ciudadana se la encargan a un antidisturbios,
imagino que la ley de huelga la pondrán en manos de algún jefe de
recursos humanos experto en reventar huelgas, o incluso a algún dirigente patronal que ayer celebraba el anuncio de Rajoy.
Artículo publicado en EL DIARIO.ES
